El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, establece lo siguiente:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Como es bien conocido, la periodista Azucena Uresti fue cobardemente amenazada por un hombre autoindentificado como miembro del Cartel Jalisco Nueva Generación, una de las bandas criminales más peligrosas de nuestro país.
El suceso ha alarmado al paIs entero. ¿En qué país de leyes e instituciones un grupo de criminales se atreve siquiera a alzar la voz abiertamente contra la integridad de un periodista?
El hecho, por su parte, ha puesto nuevamente de manifiesto ante todos los mexicanos y frente a la opinión pública nacional un hecho incontestable: México, desgraciadamente, es el país más peligroso para el ejercicio del periodismo.
Este dato ha sido el resultado de serias investigaciones. De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas, organización no gubernamental sita en Nueva York, México ocupó el primer vergonzoso primer lugar entre los paises en “estado de paz”, luego del asesinato de nueve periodistas en 2020, llegando a la cifra de 120 a lo largo de los últimos veinte años.
La peligrosidad de nuestro país para el ejercicio del periodismo responde a las incapacidades institucionales del Estado mexicano de ejercer la ley. ¿De qué sirven los largos debates políticos en el Congreso si al final las normas jurídicas quedan en letra muerta pues no hay un Estado que las ejerza? ¿ De qué sirve endurecer las penas si al final el crimen organizado ha corrompido hasta el hueso las estructuras políticas?
Desafortunamente, el asunto es sumamente complejo, y todos los partidos políticos han fracasado rotundamente. Trátese del PAN, del PRI y de Morena, los criminales caminan libremente, cometen actos atroces, y ahora, son capaces de amenazar abiertamente a una periodista.
Ciertamente, el gobierno de AMLO es incapaz de controlar la violencia. Ello ya ha quedado demostrado. Sin embargo, para ser justos con la verdad, también lo fueron los gobiernos Peña Nieto, Calderón y el resto de sus antecesores. Si bien es incompetente para devolver la gobernabilidad a nuestro país, sí que puede ofrecer la mínima seguridad a los periodistas que valientemente realizan su labor en favor del descubrimiento y difusión de la verdad.