El pueblo indígena Triqui, que se ha desarrollado básicamente en la zona noroeste de Oaxaca, es una isla cultural del vasto territorio de la mixteca de nuestro país. Pero que hoy vive sumido en una profunda crisis de corte político que el Estado mexicano no ha podido solucionar.
Hermosos huipiles de las mujeres triquis hoy deambulan por las calles del Centro Histórico de la ciudad de México; lo mismo frente a Palacio Nacional o las calles de López, la avenida Juárez, o el famoso Eje Central; zona que en algún momento se ubicó la oficina de protección a defensores de derechos humanos y periodistas.
Frente al majestuoso Palacio de Bellas Artes, -que lo mismo recibe las visitas de millones de turistas, diplomáticos extranjeros, jefes de Estado, artistas, comediantes, representantes de la cultura internacional-hoy es el escenario del refugio de 143 familias de indígenas que portan con orgullo su atuendo de colores exóticos.
Nunca se imaginaron que tras las fiestas decembrinas del año pasado, tenían que dejar sus hogares en la zona oaxaqueña de Tierra Blanca, forzados a trasladarse -algunos- a la capital del país, para resguardar su vida y la de sus familiares en plena calle; primero en la plancha del Zócalo capitalino, luego en Eje Central y, más tarde, sobre la avenida Juárez.
Han pasado nueve meses de haber llegado a la ciudad de México, exigiendo la intervención del gobierno federal para recuperar su territorio, sus casas, su agua y su tierra; pero se han topado con la mano del gobernador Alejandro Murat, que a través de sus huestes, mantiene a otro grupo de indígenas triqui provocando una división de corte político.
A principios de enero, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador respondió en una de sus tradicionales conferencias de prensa que, el gobierno federal habría de ayudar a pacificar la zona, que básicamente es de guerra, con la intervención de la Secretaría de Gobernación, que dirigía en aquel entonces Olga Sánchez Cordero.
En marzo pasado, el propio titular de la subsecretaría en materia de derechos humanos, Alejandro Encinas, recibió a los integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (Multi) en el Palacio de Covián, ahí les prometió entablar comunicación con los grupos antagónicos para regresar a ocupar su territorios.
Hace sesenta días, parecía haber llegado a una solución; los grupos agraviados, incluso con el registro de personas asesinadas y en prisión, lograron concurrir en gestos de paz; pero sólo quedó en solo una intención fallida.
A pesar de haberse acompañado por integrantes de la Guardia Nacional, el grupo represor amenazó con agredir a muerte a los representantes de la federación, incluida la presencia de Encinas Rodríguez y del propio titular del grupo policial, el general Luis Rodríguez Bucio. Se retiraron.
Ante este escenario, y en la víspera de cumplirse un año de este desplazamiento forzado, es prudente, y urgente, que el presidente López Obrador y, ahora el titular de la Segob, Adán Augusto López Hernández, formalicen una línea de acción inmediata para lograr la paz en esta región mixteca, que ha vivido por décadas un ambiente de agresión.
Mujeres, menores de edad, jóvenes, adultos mayores, todos integrantes del grupo indígena Triqui, han solventado buena parte de la pandemia en la capital del país, en condiciones adversas; en un campamento con deficiencias, con estados de salud graves; sin que los menores acudan a la escuela, sin campo que sembrar, sin dinero; y quizá, sin esperanza de recibir justicia.
Punto Cero
El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lanzó un plan para acelerar el ritmo de las deportaciones de haitianos, que incluye el aumento de los vuelos de deportación y la concentración de más agentes de la Patrulla Fronteriza en el cruce de la ciudad Del Río, Texas, con Acuña, Coahuila, en México. Otra historia que se teje en contra de los derechos humanos.
Periodista | Twitter: @JoseVictor_Rdz