Todo muestra que la iniciativa de reforma electoral del gobierno ha sido un bumerang que se devuelve como ofensiva contra el mismísimo proponente. Un dato que así lo indica es la ruta incierta que ha seguido la discusión del dictamen respectivo en la Cámara de Diputados, el cual ahora se ha postergado.
Pareciera que el gobierno quedó desarticulado en su estrategia una vez que, en las elecciones de 2021, su partido y los aliados al mismo, no obtuvieron la mayoría calificada; en ese momento las reformas constitucionales que proyectaba para el segundo trienio quedaron en vilo.
Sólo de esa manera se explica que la tríada de reformas, la eléctrica, la electoral y la relativa a incorporar a la Guardia nacional al Ejército, no se hubiesen presentado cuando el gobierno gozaba de las mejores condiciones legislativas para hacerlo en la anterior legislatura, correspondiente al periodo 2018-2021.
La otra cara de la moneda muestra la potencia que ha tenido la coalición “Va por México” en el sentido de generar frenos importantes a las iniciativas del gobierno y de las posibilidades que abre para la competencia política de cara a los comicios de 2024.
En efecto, pareciera que la iniciativa de reforma electoral gubernamental se hizo con ligereza, pues es disruptiva respecto del largo proceso de aprendizaje que había generado las adecuaciones a la legislación electoral, cuando menos desde 1977, y que se caracterizaron por alcanzar un gran entendimiento entre todas las fuerzas políticas, de modo que caminaron a través de una ruta de sólida legitimación.
Dos vías paralelas se pueden percibir con toda claridad, una de ellas la relacionada con la realidad y la otra, con el diseño de las normas electorales y la capacidad de modificarlas conforme a los datos arrojados por la primera. De ahí se entiende que las crisis electorales más severas, como lo fueron las de 1988 y la de 2006, generaron sendas reformas electorales, lo que acreditó su ruta de aprendizaje.
El discurso que se generó sobre la democracia se consideró virtuoso en la medida que incorporara en los procesos de reformas electorales los puntos de vista de los críticos y de los opositores, lo que sin duda contribuyó a que los riesgos de fractura política pudieran solventarse cuando aparecían datos que descalificaban prácticas y normas comiciales. Pero esa regla no escrita cayó en el olvido.
Tal hábito fue desconocido por el gobierno al pretender impulsar una reforma electoral sin consenso, lo que la volvió paradójica en el sentido de ser la primera iniciativa en la historia que se puede narrar desde que se consolidó el sistema plural de partidos, en la que el gobierno presenta una propuesta que sólo responde a su visión - ¿también beneficio? - de modo que las normas electorales amenazaban en convertirse en el instrumento más evidente para encontrar comodidad - ¿ventajas?- en la lucha política.
La gran marcha del pasado domingo 13 de noviembre, fue una muestra palmaria de la respuesta que generó la intentona de llevar a efecto una reforma electoral a contracorriente de la opinión de la pluralidad política y, especialmente, de los opositores; al tiempo que mostró lo errado de ir por un cauce distinto al de los acuerdos.
Por lo pronto se postergó el debate del dictamen de la reforma constitucional en materia electoral, que es signo de una estrategia equívoca del gobierno desde el momento mismo en que se presentó y, especialmente, del contenido que la define, pues trastoca largas coincidencias cocinadas a través de las últimas décadas.
Es posible, incluso que el debate en el Congreso sobre la iniciativa gubernamental acabe sin solventarse, pues su impacto ha sido, como se dijo, un bumerang para el gobierno y un catalizador para la coalición opositora.
Por primera vez en muchos años, el interés a favor de la democracia se muestra alejado del gobierno, con escasas referencias en el discurso y en los planteamientos del partido en el poder. Aparece una democracia capturada en su acepción de participación directa, pero que no se ha correspondido con la importancia que se la ha querido otorgar a las iniciativas de consulta ciudadana que se impulsaron para el juicio a los expresidentes y para la revocación del mandato.
Entre tanto, la democracia como régimen representativo ha corrido el riesgo de caer en un pozo por los desatinos de la reforma electoral presentada por el gobierno. Así las cosas …se posterga el debate. El despliegue opositor y el respaldo social que ha alcanzado atemoriza al gobierno… el bumerang está en curso.