Sentí que llegaba al paraíso en la tierra cuando, después de algunos años ausente, regresé a la Ciudad de México.

No sólo eso. Me instalé en la colonia Roma Sur, muy cerca de la Condesa, ambas antiguas colonias poseedoras de un rico patrimonio cultural, incluyendo una amplia y muy sabrosa gastronomía y un montón de lugares para disfrutar tardes y noches bohemias, beber un buen café con una buena charla o si prefieres la soledad, acompañarte de un buen libro.

Pero la Roma ya no es la misma colonia de años.

Su transformación en zona de alta densidad de establecimientos de lujo ha desplazado a sus residentes originales, alterando irremediablemente su carácter y su identidad.

Y es que la Ciudad de México, un crisol de culturas e historias, se encuentra inmersa en un proceso de transformación urbana que, si bien en algunos aspectos puede interpretarse como progreso, también presenta un lado oscuro: la gentrificación. Este fenómeno, lejos de ser un proceso aislado, representa un desafío complejo que afecta la vida de miles de habitantes y el tejido social de la capital. No se trata simplemente de una renovación urbana, sino de un desplazamiento social que merece un análisis profundo.

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La gentrificación en la capital del país es un problema multicausal, resultado de una compleja interacción de factores económicos, sociales y políticos. La liberalización económica de las últimas décadas ha impulsado la inversión privada en proyectos inmobiliarios de lujo, incrementando exponencialmente el valor de las propiedades en determinadas zonas. Alquilar una vivienda en la zona es una odisea, comprarla de plano es un sueño guajiro.

Este aumento desproporcionado en los precios del alquiler y la compra de vivienda ha obligado a los residentes de bajos ingresos, incluso a profesionistas y otrora clasemedieros, a migrar hacia las periferias, perdiendo acceso a servicios esenciales como educación, salud y empleo.

Pero siempre hay quienes se benefician de esta situación. Desde la pandemia fue más notorio la llegada de los “nómadas digitales”, generalmente de origen estadounidense, que atraídos por el estilo de vida de la ciudad y la relativa asequibilidad (para ellos sí) del costo de vida, ejerce una presión adicional sobre el mercado inmobiliario.

Se trata de personas, en su mayoría jóvenes, que han encontrado en nuestro país una forma de vida, bastante cómoda y mucho más barata que en sus lugares de origen.

Con una visa de turista llegan, se instalan, trabajan vía remota y disfrutan de los privilegios que antes tenían los habitantes de la zona. Sólo que ellos no trabajan para México. Y tampoco pagan impuestos. A todo dar, pues.

A esto hay que sumarle la proliferación de plataformas de alquiler a corto plazo, como Airbnb, lo cual no es un problema menor pues convierte viviendas destinadas a la residencia permanente en alojamientos turísticos, reduciendo aún más la oferta de vivienda asequible.

No creo que deba explicar a profundidad que el fenómeno de la gentrificación está ocasionando problemas que escalan a niveles que debe preocuparnos.

La marcha de ayer en la Ciudad de México, que terminó en vandalismo y que desde el comienzo mostró, en algunos grupos, un alarmante discurso xenófobo, es una muestra de la creciente inconformidad que algunos capitalinos tienen por haber perdido oportunidades de vivienda y laborales, debido a los altos costos y a la llegada de extranjeros a zonas que para muchos ya son totalmente inaccesibles.

La falta de una regulación efectiva en el sector inmobiliario y la ausencia de políticas públicas que protejan a los inquilinos contribuyen a este desplazamiento forzado.

Y un desplazamiento forzado, por el ángulo que se le mire, va en contra de la dignidad del ser humano.

Es fundamental que las autoridades implementen políticas públicas que aborden este problema de manera integral, buscando un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de los derechos de los habitantes, la preservación del patrimonio cultural y la promoción de una ciudad más justa e inclusiva. Solo así se podrá mitigar el impacto negativo de la gentrificación y construir una Ciudad de México más equitativa y sostenible para todos sus habitantes.