¿Alguien imaginaría ver a la Guardia Civil española resguardar el Metro de Madrid o a la Gendarmería francesa en el transporte público en París? Difícilmente. Quizá en el ejemplo español uno lo hubiese pensado en tiempos de la amenaza terrorista de ETA que golpeaba España antes de que la organización terrorista depusiese las armas. No más.
Ahora en México, el gobierno federal, en coordinación con Claudia Sheinbaum, la policía de la Ciudad de México y el resto de las autoridades capitalinas, han dispuesto el despliegue de más de 6 mil efectivos de la Guardia Nacional para cuidar a los millones de mexicanos que utilizan el Metro diariamente.
Según expresó Sheinbaum, la acción responde a una necesidad de protección ante un posible complot o sabotaje; días después de que tuviese lugar un lamentable accidente en la línea 3 que costó la vida de una persona y decenas de heridos.
Sin embargo, la evidencia apunta hacia otra dirección. A diferencia y en claro contraste con los argumentos esgrimidos por Claudia Sheinbaum, de acuerdo con cifras oficiales, a saber, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se implementó un recorte sustancial al presupuesto dirigido al Metro en relación con el año 2018. Mientras en 2022 el monto asignado ascendió a 19 mil 800 millones de pesos, en el último año de la gestión de Miguel Mancera fue de 22 mil 800 millones de pesos.
Es decir, el gobierno de la Ciudad de México, el cual se ha jactado de gozar históricamente de altos índices de popularidad en la capital del país, ha reducido considerablemente el presupuesto asignado al Metro. Derivado de ello, ha aumentado el riesgo de accidentes y fallas mecánicas y eléctricas que han puesto en peligro la integridad física de millones de personas que utilizan este medio de transporte diariamente.
En vez de vigilar lo importante, es decir, el mantenimiento del Metro, el gobierno de la Ciudad de México, bajo un argumento inverosímil y que trasciende lo absurdo, habilita el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional, en un intento aparente de militarizar el transporte público, y con ello, asignar a este organismo funciones que por naturaleza competen exclusivamente a la policía de la Ciudad de México.
En otras palabras, la opinión pública nacional desconoce los verdaderos motivos que yacen detrás de la decisión de AMLO y Claudia Sheinbaum de enviar a la Guardia Nacional a “velar” por la seguridad de los usuarios. Sin embargo, a raíz de las recientes reformas a la propia guardia, y en vista de la creciente participación de las Fuerzas Armadas en la vida pública, algo no pinta bien.