El martes 19 de abril, el Senado del país aprobó una iniciativa de presidencia para nacionalizar la explotación de litio, por lo que el aprovechamiento y explotación de este mineral estará a cargo del Estado mexicano, sin participación ni inversión de privados o empresas extranjeras. Este tipo de acciones por parte del estado no son algo nuevo en el país; anteriores gobiernos se han encargado de monopolizar el uso de recursos (como la gasolina por parte de Pemex) con el estandarte de mantener el uso de dicho recurso en manos de nacionales (básicamente, convirtiéndolo en un monopolio público).
La industria de extracción y explotación del litio no es algo que podamos tomar a la ligera; de acuerdo con el Centro Estadístico Geológico de Estados Unidos, con un estimado del 2% del material en exploración, nuestro país se posiciona en el lugar 10 de la lista de países que cuentan con reservas de litio. El uso de este mineral se ha incrementado a grandes pasos debido a su uso en el manejo de muchas tecnologías (como el almacenamiento eléctrico en baterías de celulares, dispositivos móviles, o baterías de automóviles), y se estima que dicha demanda siga incrementándose en años posteriores debido al incremento de la oferta y demanda de más dispositivos móviles. A pesar de que se estima que la explotación del litio juegue un papel fundamental en la economía del país a un futuro, resulta peligroso intentar nacionalizar sus operaciones en un largo plazo (eso sin considerar que, en el corto plazo, muchos analistas estimen que no se cuentan con los recursos suficientes para llevar a cabo dicha inversión).
Retomando casos como el de Pemex o la CFE como ejemplos de referencia para abrir el panorama del análisis, recordemos como el manejo de un monopolio público (dadas la ineficiencia inherente presentada en los monopolios, y retomando el viejo debate de que las empresas públicas deberían de tener como único objetivo el mejoramiento del beneficio social, y no necesariamente económico) en el gran número de los casos (y, me atrevo a decir, más en un país como México) dichas empresas se convierten en aspiradoras de recursos públicos, y en otros casos, generan grupos de poder manejados entorno a la explotación del recurso, lo que solo provoca ineficiencia económica y corrupción, sin un beneficio claro para el país (más que el hecho de que el recurso “es manejado por mexicanos”); a pesar de que dichas empresas podrían convertirse en una fuente de empleo importante en el corto plazo, en el largo plazo tal vez podría ser incluso más provechoso destinar estos recursos a rubros que impacten más a la sociedad, y dejar que se invierta capital privado en el proyecto (aunque es posible implementar condiciones para regular de mejor manera sus operaciones, y así beneficiar tanto económica como socialmente al país). Este es un tema que se tendrá que monitorear en los próximos años, y preferentemente tomar acciones de una forma más acelerada a la que se manejó con Pemex (y tratar de evitar situaciones que lleven al proyecto a niveles de ineficiencia y corrupción alcanzados en otros proyectos con características similares).
Jorge Alberto Nájera Salmerón: @JansNajera