La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, ha defendido, como era previsible, la reforma constitucional presentada por el presidente AMLO en materia de la industria eléctrica. En opinión de la funcionaria, los cambios no representarán una violación a los contratos signados con los privados ni significará un empoderamiento significativo a las competencias de la CFE.

Por el contrario, Nahle ha expuesto los beneficios de la reforma, a la vez que ha reafirmado que la CFE hará uso de sus capacidades instaladas para generar industria eléctrica barata y limpia. Sin embargo, comentaristas a lo ancho del espectro político han manifestado su preocupación, tanto debido al tema de la concentración de un cuasi monopolio energético en manos de la CFE, como ante los potenciales desincentivos de inversión de empresas privadas en la industria eléctrica.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se ha sumado a la lista de preocupados. Según informó el pasado miércoles vía twitter, el funcionario expresó “serias preocupaciones” (entiéndase, para los intereses de Estados Unidos) sobre la propuesta de AMLO.

Según se ha explicado, la reforma otorgará a la CFE la capacidad legal de generación del 54 por ciento del mercado (al día de hoy, previo a la reforma, cuenta con el 38 por ciento). En adición a ello, el Departamento de Energía del gobierno de Estados Unidos, a través de su Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, por sus siglas en inglés) advirtió la semana pasada que ello provocaría un descenso en el uso de la energía eólica y solar.

A la luz del mismo informe, México aumentaría sus emisiones entre un 26 y 65 por ciento, mientras que los costos de generación de electricidad ascenderían entre un 32 y 54 por ciento. De igual forma, la NREL pronostica una posibilidad de corte de electricidad de hasta el 35 por ciento. Nada halagüeño.

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Por otro lado, recordemos que el gobierno de Joe Biden, bajo la influencia del ala progresista del partido demócrata y de la propia vicepresidenta Kamala Harris (californiana que presenció los devastadores incendios forestales que abrasaron su estado) tiene un fuerte componente medio ambiental; lo que ha empujado al gobierno de Washington a abrazar – más fuertemente que nunca- cualquier iniciativa en este sentido, con vistas, ciertamente, hacia la conquista del electorado progresista estadounidense en las elecciones intermedias de 2022.

En suma, la propuesta de reforma eléctrica de AMLO ha resonado en la Casa Blanca, en el Congreso y en la Embajada de Estados Unidos en México, lo que debería interpretarse como una advertencia en torno a las posibles consecuencias de la promulgación de la reforma eléctrica. AMLO, Nahle y Manuel Bartlett deben aún mucho explicar.

José Miguel Calderón en Twitter: @JosMiguelCalde4