El relevo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no solo representa una de las decisiones más trascendentales en esta administración, sino la oportunidad de impulsar una verdadera reforma al Poder Judicial que dé cumplimiento al verdadero espíritu de la Constitución y fortalecer la separación de Poderes en favor de la democracia, la justicia, la defensa de los derechos humanos y de un verdadero Estado de Derecho.
¿Independencia?
En estos últimos cuatro años, la Corte ha permanecido bajo fuego desde el Poder Ejecutivo a través de acusaciones y presiones sobre sus decisiones y el ingreso de Ministros que mantienen fuertes vínculos con el gobierno de la República lo que ha puesto en duda su imparcialidad.
De los cinco Ministros que se han pronunciado por ocupar la presidencia de la Corte, Yasmín Esquivel Mossa, es esposa de uno de los asesores de AMLO y Alberto Pérez Dayan tiene un hijo que es funcionario de la Consejería Jurídica de Presidencia; los otros tres, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Javier Laynez Potisek y Norma Lucía Piña Hernández no tienen abiertamente vínculos con la administración de AMLO.
Momento para la democracia y la administración
El Poder Ejecutivo muestra señales importantes acerca de la creación de un Estado de Derecho más justo y democrático que empate con las necesidades de la reforma al Poder Judicial, como los temas de transparencia y acceso a la información que impulsa la secretaria de la Función Pública, Grethel Pilgram, Directora General de Transparencia y Gobierno Abierto, en su participación en el Foro “El futuro del Acceso a la Información en el combate a la corrupción” aseguró: “El reto del derecho de Acceso a la Información Pública es lograr su consolidación como una herramienta eficiente para contrarrestar el mal uso de los recursos públicos, de modo que, como un gobierno abierto, publiquemos información relevante y oportuna sin la necesidad de una solicitud”.
En general, existen las instituciones y el andamiaje para la democracia y el Estado de Derecho, sin embargo, quedan aspectos por afinar y consolidar.
De las propuestas de los candidatos, se destaca la de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, porque es independiente, ha presentado un proyecto y sabe administrar a miles de trabajadores y organigramas que requieren ejecución y eficiencia.
Este es el momento en que los poderes de la Unión deben trabajar para un fin común, transparente y legal y no, como se hacía en épocas pasadas, para una persona o para el gobernante en turno.
Después de ser intocable y operar como un apéndice del Poder Ejecutivo por más de 40 años, en 1995 la Corte tuvo una importante reforma, con la creación del Consejo de la Judicatura y pasar de 26 a 11 Ministros. Es preciso señalar que hasta ese momento no había una efectiva “división de poderes”; el Poder Judicial era visto, como un “siervo del Poder Ejecutivo” o un “legitimador formal” de las necesidades judiciales del presidente de la República, mientras el Poder Legislativo con la sobrerrepresentación del PRI y sus satélites, lograban la aprobación de cualquier iniciativa o reforma de ley.
Después de 27 años de haber avanzado en el marco de la democracia con el IFE-INE, se vislumbra en estos momentos una gran oportunidad para avanzar hacia el fortalecimiento de la justicia y de la independencia de la Corte.
Apertura e independencia
Quien aspire a sustituir al Ministro Záldivar debe estar dispuesto a defender la independencia judicial, a mantener una posición abierta al diálogo democrático e institucional y a transparentar sus decisiones frente a la población, con una comunicación efectiva y una amplia coordinación con otros tribunales constitucionales, instituciones académicas, organismos internacionales, sociedad civil y, en particular, con tribunales locales para impulsar mejoras sustantivas en la justicia y buscar la excelencia académica y profesional de sus integrantes.
No solo de leyes vive el poder judicial
Quien llegue, debe estar abierto a la modernización de los sistemas administrativos y jurisdiccionales; a procesos efectivos de rendición de cuentas y a la incorporación de aspectos de vital importancia para las sociedades modernas como la inclusión laboral, equidad de género, sustentabilidad y cuidado del medio ambiente; a temas relacionados con los derechos humanos y a fortalecer y actualizar al Consejo de la Judicatura para brindar certeza a jueces, magistrados y a sus nombramientos, asignación de adscripciones y decisiones disciplinarias y la construcción de un sistema de “precedentes” que transparente los procesos y evite una eventual discrecionalidad.
La moneda está en el aire, la decisión que se tomará este mes será determinante para la vida democrática y el Estado de Derecho. Quien ocupe el cargo debe estar dispuesto a empujar la agenda y a mantener la independencia del Poder Judicial.
Twitter: @diaz_manuel