Siempre se recordará la lamentable reforma judicial que fue impuesta en México en septiembre de 2024, desde el día en que germinó en la mente de AMLO, hasta cada sesión de la Suprema Corte, que no hacen más que reiterar la ausencia de preparación, talante, preparación y dignidad de algunos de sus miembros para ocupar unos de los cargos más relevantes en el Estado mexicano.

María Estela Ríos, exconsejera jurídica de AMLO (sucesora de Julio Scherer en el cargo), en plena sesión de la Corte, aseguró ayer -como si ella pensara que la razón le asiste- que ellos, como ministros, se extralimitarían en sus funciones si tuviesen que interpretar una ley o en el caso de determinar si una norma jurídica es inconstitucional. ¿En serio? ¿Es verdad que la ministra no conoce ni siquiera lo más elemental de las funciones de la Suprema Corte? ¿Sabrá que la razón principal de existir de una corte suprema es la interpretación de las leyes?

Desafortunadamente, el caso no ha sido aislado. La misma ministra, en un intercambio de argumentos con los ministros Arístides Guerrero y Hugo Aguilar, demostró su incapacidad para expresarse sobre si estaba en favor o en contra de un dictamen, poniendo al descubierto su absoluta falta de conocimientos sobre derecho constitucional, e igualmente alarmante, sobre el funcionamiento de la Suprema Corte.

El ascenso de jueces y ministros de esta calidad ha sido el resultado de una reforma que nunca contó con legitimidad de origen ni de procedimiento. Primero, la sobrerrepresentación inconstitucional, y luego, en el momento en el que el Congreso morenista contravino las propias disposiciones legales contenidas en la reforma de su propia hechura. Y finalmente, en la jornada electoral, la operación de Estado puesta en marcha por el morenismo para hacer circular acordeones en las 32 entidades federativas, atropellando cualquier normativa o principio ético.

México ha pagado muy caro el costo de la colonización de los organismos electorales que han avalado los fraudes electorales y la violación sistemática de los procedimientos constitucionales. La próxima semana la Cámara de Diputados dará a conocer los nombres de los tres nuevos consejeros del INE. Según ha trascendido, las tres quintetas de finalistas han sido formadas con perfiles claramente cercanos al morenismo y a miembros conspicuos de la 4T. De serlo, habrán terminado por capturar a la totalidad de las autoridades electorales.

Primero lo hicieron con el Tribunal Electoral, cuando el propio AMLO decidió dejar vacantes dos de los asientos para poder contar con la mayoría de tres magistrados afines al movimiento. ¿Lo harán ahora con el INE? Al tiempo.