El doloroso suceso que enluta al municipio de Berriozábal, Chiapas, nos enfrenta a una de las caras más oscuras de la violencia que azota nuestro país. La muerte de una niña de apenas tres años aproximadamente, calcinada en su humilde hogar, después de que un comando “levantara” a su padre, es un recordatorio crudo y desgarrador de los estragos que la inseguridad está dejando en las familias mexicanas, sobre todo en las más vulnerables.
En este triste episodio, no solo se ha perdido una vida inocente, sino que también se ha desmoronado un hogar entero. Las circunstancias alrededor de este crimen son aún confusas, pero lo que está claro es que se ha roto un lazo fundamental de nuestra sociedad: la protección de nuestros niños y niñas. La pequeña, cuyo cuerpo fue encontrado sobre los resortes de una cama consumida por las llamas, representa a todos los menores que viven en situaciones de riesgo en un país que no ha logrado ofrecerles seguridad ni un entorno de paz.
La creciente violencia en Chiapas, y en otras regiones de México, no es solo un problema de seguridad pública. Es, ante todo, un problema social que refleja la descomposición de un tejido comunitario que debería estar protegiendo a sus miembros más vulnerables. En cada caso como este, el miedo y el dolor se infiltran en las familias, las escuelas y las calles, creando una atmósfera de desesperanza donde la vida de un niño puede ser tan frágil como el fuego que se llevó a esta niña.
Este caso también plantea preguntas urgentes sobre el papel de las autoridades locales y nacionales. ¿Cómo es posible que, en pleno 2024, comunidades enteras sigan a merced de grupos violentos que actúan con total impunidad? La ausencia del Estado, o su ineficacia para proteger a sus ciudadanos, resulta más evidente en tragedias como la de Berriozábal, donde los gritos de auxilio de los vecinos no llegaron a tiempo para salvar a la pequeña.
El debate sobre la seguridad no debe centrarse únicamente en mejorar las fuerzas policiales o en fortalecer las leyes. También debe incluir una reflexión profunda sobre las condiciones sociales que alimentan la violencia. La pobreza, la falta de acceso a la educación y la desesperación ante la falta de oportunidades son caldo de cultivo para situaciones como esta. Es imperativo que nos preguntemos qué podemos hacer como sociedad para evitar que estos horrores sigan ocurriendo.
Finalmente, más allá del dolor y la indignación que esta tragedia nos provoca, es momento de exigir un cambio. Un cambio en las políticas públicas, un cambio en la atención a las víctimas y un cambio en la cultura de la impunidad que permite que nuestros niños sigan muriendo en situaciones tan atroces. Solo así podremos evitar que estos días tristes sigan multiplicándose en Chiapas, en México, y en el corazón de nuestras comunidades.
Hoy, Berriozábal aún llora la pérdida de una niña, pero su dolor debería ser el nuestro. No hay futuro posible sin la protección de nuestros niños. Y cada vida perdida, cada hogar destruido, nos recuerda la urgencia de reconstruir el país desde sus cimientos, comenzando por la justicia y la seguridad para los más inocentes.
Rutilio Escandón Cadenas deja un enorme hueco en el tema de seguridad en el estado de Chiapas, su gobierno está manchado con sangre que se ha derramado de inocentes, además de grandes problemas que deja en otros temas que debe enfrentar el próximo gobierno estatal, será un gran desafío para Eduardo Ramírez Aguilar poner orden en el estado en materia de seguridad.
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