“No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución; se hace la revolución para establecer una dictadura”.
George Orwell, 1984
Para arrancarle la cabeza a la estatua de Felipe Calderón utilizaron su propia placa conmemorativa. El nombre y los años de su presidencia sirvieron de herramienta para mutilar su representación. Hay cierta perfección involuntaria en la escena: una inscripción destinada a dejar constancia del pasado acabó empleada para castigarlo. Los historiadores pueden descansar. Llegaron los especialistas en corregir la historia a golpes…
La escultura llevaba en el suelo desde julio de 2025; había sido derribada por un árbol. Así que ayer, después de una protesta frente al foro donde participaba Calderón, los manifestantes digamos que encontraron el trabajo adelantado.
El personal de seguridad no intervino durante la destrucción. Por la noche, el Sindicato Mexicano de Electricistas se deslindó. Los Pinos anunció procedimientos jurídicos y dio aviso a la aseguradora. La secuencia merece atención: abandono prolongado, agresión, deslinde y expediente. El Estado apareció con puntualidad para documentar lo que no había protegido.
Me interesa detenerme ahí, porque reducirlo todo a un puñado de bárbaros permite al gobierno no asumir responsabilidades. O dicho de otra manera, lo relevante es preguntarse cómo se administra un país cuando sus gobernantes siguen necesitando los agravios que los llevaron al poder.
Morena reunió descontentos de procedencias distintas bajo una promesa de reparación. Gobernar tendría que obligarlo a resolverlos, negociar sus límites o admitir que algunas demandas no pueden satisfacerse. Conservar al culpable original ofrece una salida mucho menos costosa, pero evidentemente falsa: el agravio sigue produciendo adhesión aunque su reparación nunca llegue.
El reclamo de Luz y Fuerza permite observar esa contradicción. Su extinción ocurrió en 2009 y la Suprema Corte confirmó la constitucionalidad del decreto en 2010, dejando a salvo los derechos laborales para reclamarlos ante las autoridades competentes. Una controversia laboral pendiente exige una respuesta concreta. Pero si diecisiete años después la protesta todavía desemboca en castigar a Calderón, conviene preguntar qué lugar ocupan quienes gobiernan desde 2018. ¿Son responsables de atender las demandas o su único compromiso consiste en compartir el resentimiento? Y bajo esa lectura, la cabeza de bronce tiene una ventaja presupuestaria indudable: arrancarla no obliga a resolver nada.
En esa economía política del agravio, el enemigo desempeña una función de cohesión. Grupos que pueden discrepar sobre candidaturas, contratos, cargos o beneficios encuentran un punto de reunión en el desprecio al personaje elegido. Calderón resulta útil incluso para quienes jamás tuvieron relación con Luz y Fuerza. Su nombre permite convertir conflictos distintos en una misma historia y posponer la discusión sobre los intereses que conviven (y se pelean) dentro del oficialismo. La hostilidad hacia él puede unificar lo que la gestión del gobierno y del partido empieza a separar.
La operación viene de lejos. El desconocimiento del resultado de 2006 permitió a López Obrador construir una legitimidad propia frente a la institucional. El Tribunal Electoral declaró válida la elección y presidente electo a Calderón, pero el relato del despojo sobrevivió como fundamento del movimiento. De ahí nace una tensión que sigue vigente: las instituciones valen en la medida en que reconocen la superioridad moral que el movimiento se atribuye. Una derrota puede presentarse como prueba de corrupción; una victoria, como confirmación del mandato popular. Así se vuelve casi imposible admitir una alternancia legítima.
Eso da espesor a lo que Calderón dijo en el Foro América Libre en el que participó también ayer: Morena llegó democráticamente y ahora debilita las condiciones para que otras opciones políticas puedan sustituirlo. La estatua decapitada aporta una imagen de esa intolerancia, aunque el problema político rebasa la imagen.
Cuando la oposición es tratada como una usurpación persistente, proteger sus derechos se vuelve sospechoso para los propios partidarios. El funcionario que cumple su deber puede terminar acusado de ayudar al enemigo. Por eso importa tanto exigirle neutralidad al Estado precisamente cuando la neutralidad incomoda a su gobierno.
Restituir una efigie de Calderón no exige admirarlo. Exige que la Secretaría de Cultura pueda explicar qué conserva, con qué criterios y por qué dejó esa pieza en el suelo durante más de un año. ¿Cuánto habría tardado en levantar la de López Obrador? Yo quiero conocer la respuesta administrativa, porque la respuesta política salta a la vista. El abandono de un bien incómodo deja de ser un detalle de mantenimiento cuando el gobierno pretende custodiar la memoria nacional desde su propia versión de la historia.
David Freedberg, en Iconoclasia. Historia y psicología de la violencia contra las imágenes, ayuda a entender la fuerza atribuida a las representaciones. Quien las destruye reconoce, mediante su violencia, que todavía pueden producir un efecto. En 1793, los revolucionarios que decapitaron a los reyes de Judá de Notre-Dame, confundiéndolos con reyes franceses, también quisieron resolver una disputa política sobre la materia. Aquí conocían al retratado; lo que confundieron fue la justicia con la satisfacción de lastimar algo en su nombre. Después de tantos años, su enemigo conservaba poder suficiente para reunirlos alrededor de una estatua caída.
Esa persistencia explica una paradoja del obradorismo: necesita que el pasado siga interviniendo para que el presente no tenga que responder enteramente por sí mismo. No cualquier pasado, desde luego. Uno cuidadosamente poblado de culpables ajenos. Calderón debe permanecer disponible, mientras las responsabilidades acumuladas desde 2018 buscan acomodo en el apartado de la herencia recibida.
La sucesión presidencial, por cierto, tampoco resuelve el problema: Sheinbaum recibe las obligaciones del gobierno y un movimiento cuya identidad sigue dependiendo de López Obrador.
De hecho, su reaparición para presentar su libro Pueblo coincidió con la decapitación. Dos enormes cortinas de humo, a mi juicio, por el espacio que ambas ofrecen para desplazar la discusión pública. La utilidad distractora existe sin necesidad de imaginar una orden conjunta. Una devuelve al villano al centro de la escena; la otra devuelve al fundador. Entre ambos queda una presidenta obligada a gestionar el presente dentro del relato que le dejaron.
Y el presente ya no cabe en “un desastre”. Ojalá fuera uno. México padece una vorágine de desastres, escándalos de corrupción de dimensiones obscenas, boquetes financieros, violencia y fosas. La acumulación produce algo políticamente peligroso: cada nueva desgracia reduce el tiempo disponible para exigir cuentas por la anterior. En ese entorno, un espectáculo reconocible tiene ventaja sobre una explicación compleja. Es más fácil discutir una cabeza arrancada que seguir el dinero de rescate de Pemex. Más fácil celebrar un libro que examinar las consecuencias de la reforma apodada “ley antimemes”. Y etcétera.
Creo que, para disgusto del tabasqueño, la cabeza le ganó la escena al libro. Calderón, que lleva años funcionando como explicación universal de lo que sale mal, consiguió además estropearle el regreso editorial sin escribir una o página. Sus detractores se encargaron de la promoción.
Ahora toca comprobar si la respuesta oficial llegará más allá del seguro al patrimonio histórico y el comunicado. Identificar a quienes destruyeron la pieza, exigir la reparación del daño e investigar la falta de protección permitiría al gobierno afirmar su autoridad frente a una agresión políticamente cómoda. Es ahí donde debe medirse: en su disposición a hacer cumplir las reglas cuando hacerlo no le gana aplausos entre los suyos.
Calderón habló de una democracia amenazada por quienes llegaron al poder gracias a ella. Sus adversarios podían discutir su diagnóstico, exhibir sus contradicciones o exigirle cuentas al expresidente. Eligieron arrancarle la cabeza a una escultura que el gobierno llevaba más de un año sin levantar.
Al final, la pregunta dejó de ser qué lugar merece Calderón en Los Pinos. La pregunta es qué lugar conserva la ley cuando el odio reconoce a uno de sus favoritos.
Giros de la Perinola
1. AMLO presenta Pueblo, niega ser jefe máximo y ofrece lecciones a Estados Unidos, mientras guarda silencio sobre los señalamientos que rodean a sus hijos. El retiro le permite escoger de qué habla; la presidencia obliga a Claudia a responder por lo que él omite. Hasta para descansar conserva una extraordinaria capacidad de repartir trabajo.
2. ¿Adán Augusto volverá a comprar libros por millares? Cuando repartió Grandeza en el Senado calculó unos 10 mil ejemplares y dijo que eran recursos propios. Habrá que ver si Pueblo encuentra lectores o, mejor todavía, otro comprador con vocación de biblioteca nacional.
3. Para presumir felicidad, AMLO se quedó con México en el décimo lugar y Estados Unidos en el 24: los puestos del informe de 2025. En el de 2026 somos el 12 y ellos el 23. La comparación actualizada estropea el sermón. Y atribuir la satisfacción vital de millones de personas a la bondad del propio gobierno es una apropiación bastante ambiciosa, incluso para alguien que insiste en haberse retirado.