Cada seis años, la economía juega un papel fundamental en la transición entre una administración saliente y la que entra. Si se hace un análisis histórico de los cambios sexenales en el país se puede afirmar que, casi siempre, los principales problemas económicos del gobierno que entrega no se manifiestan en su amplitud en el año en que tienen lugar las elecciones, sino en el primero de la nueva administración.
Por ello, lo más conveniente es que la transición se lleve a cabo con los menores sobresaltos posibles, sobre todo, si existen condiciones de presión económica en el último año de la administración que entrega. Además, casi como regla general, el primer año del gobierno entrante presenta un cierto freno en la actividad económica que se traduce, casi siempre, en un menor crecimiento económico.
El gobierno del presidente López Obrador le está heredando al que formará Claudia Sheinbaum varios retos económicos que tendrá que resolver en el corto y mediano plazo, entre los que se encuentran atender temas sobre las finanzas públicas (como déficit fiscal, deuda pública, aumento de ingresos, Pemex). Frente a esto, Claudia ha dicho que, “en el 2025 vamos a tener disponibilidad de recursos” para asegurar los planes de prosperidad compartida. Para ello, será imprescindible que cree condiciones que garanticen un clima favorable a la inversión, nacional y extranjera en el país.
Como ya se observó en estos días, hay preocupación de los mercados financieros respecto al amplio mandato que el pueblo de México le confirió a Claudia y a Morena por la vía electoral el pasado 2 de junio, y están híper sensibles a los cambios estructurales que se puedan presentar. En particular hay temor de los inversionistas sobre la manera en se vaya a ejercer dicho mandato. Por ello, es especialmente importante mantener certidumbre. Y que, en la presentación de reformas, especialmente las constitucionales, haya discusión y diálogo incluyente.
Ayer, los grupos parlamentarios de Morena en el Congreso, encabezados por Ricardo Monreal e Ignacio Mier, informaron que la reforma al Poder Judicial y la de órganos autónomos se votarían en los primeros días de septiembre próximo, una vez que se instale la 66 Legislatura. Este intempestivo anuncio, y en mi opinión muy imprudente, impactó nuevamente al tipo de cambio, que ayer llegó otra vez a tocar niveles de los 18 pesos por dólar. Más tarde, ante la reacción del mercado cambiario, como contrapeso, y muy posiblemente después de tener comunicación con la virtual presidenta electa, recularon y explicaron que habrá diálogo y no se precipitarán.
La economía “prendida de alfileres”
La transición del poder en 1994, entre la administración de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León (por cierto, ambos del mismo partido) fue desastrosa. Aunque había crecimiento económico, el problema estuvo en los desacuerdos que tuvieron la administración saliente y la entrante en noviembre de ese año, sobre la manera de procesar los desequilibrios fiscales y de balanza de pagos.
Tras el famoso “error de diciembre”, de Jaime Serra Puche, que se tradujo en una estrepitosa salida de capitales del país, vino la queja de Zedillo de que había heredado una economía “prendida de alfileres”, por la condición en la que Salinas había dejado las finanzas públicas. Lo más importante, y por eso esta anécdota, es el revire que se le atribuye al saliente secretario Pedro Aspe, de aquello de que “y para qué se los quitaron”.
Esto viene a colación porque en la entrega de una administración a otra, sobre todo si hay condiciones de fragilidad en las finanzas públicas (por ejemplo), es especialmente importante que no se cometan errores en el momento de la transición, que puedan dar lugar a fuertes turbulencias que puedan resultar en una crisis económica o financiera.
Claudia debe conocer muy bien la historia de los “alfileres” y por ello, frente al nerviosismo reciente de los mercados ha actuado con responsabilidad y ha respondido mandando señales de confianza, como la de mantener al secretario Ramírez de la O en Hacienda, y ayer tener comunicación con actores financieros internacionales como el FMI, el Banco Mundial, OCDE y el fondo de inversión BlackRock. Sobra decir que Claudia sabe que hay que mantener estabilidad financiera para que fluya inversión en el país para que, entre otros, su administración pueda tener sostenibilidad fiscal y haya crecimiento económico (más allá de su planteamiento sobre la separación entre el poder económico y el político).
Pero esto no será suficiente si se pretende llevar a cabo reformas constitucionales, como la judicial y de organismos autónomos, en “fast track”, que confirme los temores de los inversionistas sobre cambios abruptos al equilibrio de poderes en el país que puedan vulnerar el Estado de derecho, que resulten en incertidumbre e inseguridad jurídica.
De darse la mayoría calificada de Morena, ¿le quitarán en el Congreso los “alfileres” a la economía?