La lección más importante de la crisis de Nuevo León es que la ley y las instituciones importan; son cruciales no sólo para la certeza de derechos, para resolver conflictos y diferencias, también para superar crisis de gobernabilidad.
El desdén del gobernador Samuel García a la norma, al pretender infructuosamente dejar un interino a modo tuvo el peor de los resultados para él. No se trata si el joven goza del carácter para ser una opción confiable para ser presidente, si Dante Delgado hizo bien en depositarse en un político veleidoso y sin sentido de los límites, si el presidente promovió la candidatura y azuzó el conflicto, si fue el miedo a que el sucesor dejara al descubierto la corrupción y el abuso de poder. Lo que importa es que los políticos y gobernantes en sus legítimas pretensiones deben someter su conducta a la ley.
Desde el principio quedaba claro que correspondía al Congreso local la designación del interino. Ninguna disposición establece que el sucesor provisional deba tener una identidad partidaria particular. Tampoco que la designación legislativa deba ser por consenso, confusión provocada por la Sala Especial del Tribunal Electoral. El gobernador pensó que todo era materia de baladronadas y que en instancias menores de la justicia federal podría ganar su caso. El doctor en derecho se equivocó de principio a fin por chueco y el mayor error fue su desdén a ley, signo de nuestros tiempos.
Es común en las democracias presidenciales que los gobiernos tengan que lidiar con mayorías legislativas no afines, característica democrática en México de 1997 a 2018. El hartazgo por el régimen peñista y una indebida interpretación de la ley llevó a López Obrador a ganar con mayoría calificada en la Cámara de Diputados y casi también en el Senado. Lo acontecido, especialmente después de la elección intermedia en la que se perdió la fuerza legislativa de Morena, es una historia dramática de oprobiosa sumisión y de desapego a la legalidad, provocando la anulación de decisiones legislativas no sólo por su inconstitucionalidad, sino por violaciones flagrantes al proceso legislativo.
El problema que comparten Andrés Manuel López Obrador y Samuel García es la soberbia que les hace creer que la causa que asumen representar no admite límite o cuestionamiento alguno. La diferencia es que López Obrador cuenta con mayoría en el Congreso, que le da un margen muy amplio para imponerse, Samuel García no, y eso hace la diferencia. Dice el presidente López Obrador que el que nada debe nada teme, bajo esta premisa no se entiende la obsesión de ambos en dejar sucesor a modo, ven la alternancia de manera catastrófica, como suele ocurrir en el autoritarismo.
Hay mucho que aprender de lo acontecido en Nuevo León, particularmente en la perspectiva de 2024. Un Congreso que cumpla su función de poder independiente del Ejecutivo es crucial para contener el abuso de poder y la ilegalidad; de la misma manera, un Poder Judicial Federal y una Corte que hagan valer la Constitución es garantía para la República y la gobernabilidad del país.
Quizás sea muy difícil que los votantes consideren para definir su preferencia temas complejos como el poder dividido para la calidad del gobierno y la gobernabilidad. La convocatoria a una mayoría calificada equivale a un cheque en blanco para quien gobierne y en el caso concreto sería para acabar con la autonomía e independencia de la Corte y excluir a la pluralidad de la representación parlamentaria. El diseño constitucional de división de poderes vigente es precisamente para evitar el abuso del poder y que gobernantes o legisladores actúen en contra de la Constitución, como ha ocurrido en estos tiempos.
El gobernador constitucional regresa a su responsabilidad con el aval del Congreso local, lo que él complicó por su carácter pendenciero y la usurpación de funciones en las que incurrió. Prevaleció la mesura y prudencia de los legisladores locales y del gobernador interino, Luis Enrique Orozco. El conflicto deja un saldo de desencuentro y polarización indeseable. El voto determinará el nuevo equilibrio del poder en la entidad, particularmente con la elección de la próxima integración del Congreso local. Cada uno con sus razones y argumentos; la relevancia radica en que la ley importa y que es fundamental para el país la actuación de la Corte en la salvaguarda de la Constitución, la legalidad y, consecuentemente, la gobernabilidad del país.