“Nada destruye más al Derecho que quienes lo manipulan en nombre de la justicia.”
Baltasar Garzón
¿Para qué diantres quieren la Constitución? ¿Para qué, si pueden interpretarla a gusto y borrarla cuando estorba?
El concepto de “cosa juzgada”, ese principio que garantiza certeza jurídica y pone punto final a los juicios, ha sido arrojado al basurero por quien, paradójicamente, debería protegerlo: Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El ministro decidió que Lenia Batres Guadarrama, su inseparable vicepresidenta y operadora política de Morena, elabore un proyecto para revisar sentencias ya firmes. Ni más ni menos: pretende abrir la puerta para que se revoquen fallos dictados por las salas de la Corte que existían antes de la reforma judicial de la 4T.
Lo inaudito no es solo que se intente revisar lo juzgado, sino que se busque destruir el principio de irretroactividad de la ley. Dicho de otro modo: lo que ya fue resuelto conforme al Derecho podría volver a discutirse conforme al enojo del expresidente, su clan, su sucesora y no pocos influyentes morenistas.
El pretexto del que se agarró para hacer esto es el caso Hugo Alberto Wallace. En concreto, la sentencia de la Primera Sala de la SCJN, que el 11 de junio de 2024 ordenó la liberación de Juana Hilda González Lomelí, acusada de participar en el secuestro y homicidio del joven en 2005. Los ministros que votaron en ese entonces a favor concluyeron que sus confesiones fueron obtenidas bajo tortura, y por tanto, inválidas.
Guste o no, esa resolución es definitiva.
Sin embargo, Aguilar ahora pretende discutir si el actual pleno puede revisar los fallos de las dos salas que desaparecieron tras la reforma judicial. Su argumento: que aquellas salas “no eran última instancia”.
El problema es que sí lo eran. Y no lo digo yo: lo establecía la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal vigente en ese momento.
Una vez que una sentencia queda firme —especialmente si implica una absolución— nadie (persona física o moral) puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Es el principio non bis in ídem, consagrado en el artículo 23 de la Constitución.
Pero claro, a la nueva Corte “regenerada” por la 4T le incomodan los principios jurídicos; prefieren la obediencia política. Requiere un esfuerzo mental menor…
Lo que hoy promueve Hugo Aguilar con Lenia Batres no es justicia: es venganza con toga y fuero. Quieren convertir al máximo tribunal del país en un instrumento de revancha, donde la ley se lea con la lupa del resentimiento o el interés partidista.
El precedente es devastador: si logran revertir un fallo firme, ninguna sentencia estará a salvo. Ni una sola. Cualquier juicio podrá reabrirse, cualquier inocencia revocarse, cualquier adversario ser perseguido de nuevo. Adiós Estado de Derecho, hola tribunal de inquisición moderna.
Sí, hay casos excepcionales en los que una sentencia puede revisarse —cuando aparecen nuevas pruebas que benefician al acusado—, pero nunca, jamás, para perjudicarlo. Lo que Hugo Aguilar pretende es lo contrario: reabrir causas para castigar a quien la Corte anterior exoneró.
Así, el presidente de la SCJN se pone al servicio del poder político y traiciona la esencia del Derecho. En lugar de guardianes de la Constitución, tenemos aprendices de inquisidor.
No nos equivoquemos: la época más oscura de la justicia mexicana llegó con la Cuarta Transformación.
Giro de la Perinola
Si de ahorrar recursos públicos/dinero del erario se trata (que obvio no, pues eso es una farsa de los morenistas), mejor cerremos la Corte de una buena vez. Dejemos que Palacio Nacional dicte las sentencias por decreto.
Total, si los ministros ya actúan como subordinados, ¿para qué queremos Constitución y para qué juraron respetar y hacer respetar las leyes que de ella emanan?