El tema este se ha llevado la de “ocho columnas” en Sinaloa. Y es que usted verá hoy en todos los medios locales los análisis correspondientes de lo que ha sucedido en la CDMX, donde se llevó a cabo la mesa de diálogo entre la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, el encargado de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Robespierre Lizárraga Otero y el gobernador Rubén Rocha Moya.
Desde temprana hora en la CDMX comenzó a llamar la atención la movilización de un contingente ajeno a lo cotidiano en la ciudad. Si bien, las manifestaciones suelen ser el pan de cada día en la capital, en esta ocasión, era un grupo de universitarios sinaloenses los que acaparaban el reflector.
Unos, movilizados con voluntad propia para pedir al presidente sacar a Héctor Melesio Cuén de la UAS y reformar la Ley Orgánica Universitaria; y otros, coaccionados por la camarilla que controla la institución para dar fuerza al reclamo de persecución política en contra de Cuén, Madueña, Robespierre y los suyos.
El cacique de la universidad y su grupo, se han jugado su última carta. Tienen semanas, de hecho, dando de tumbos en su estrategia, que ha ido desde manifestaciones estériles, hasta denuncias penales de risa en contra del gobernador, pasando por oficios para dialogar con el mandatario sobre las denuncias penales.
Adentro, en la reunión sólo los presentes saben exactamente los matices de la conversación, pero el trascendido en medios a través de declaraciones y boletines de prensa es que los temas comienzan a ver una luz, y el conflicto podría destrabarse.
La voluntad del presidente AMLO ha generado una mesa de diálogo, que no es de negociación, en la que ambas partes fueron escuchadas. Vayamos a analizar los hechos.
¿Para qué la mesa de diálogo?
Para atender la voluntad política del presidente López Obrador de destrabar los conflictos que involucran a la UAS, sobre todo en dos temas: el de la reforma a la Ley Orgánica y las causas penales que enfrentan funcionarios y ex funcionarios universitarios.
El grupo que controla la universidad, alega persecución política por parte del gobernador Rocha Moya y es por eso que entre todo el relajo que se cargan con la Fiscalía y el Congreso del Estado, el presidente ha pedido al gobernador, como jefe político en la demarcación, que intervenga y participe en la mesa con la titular de SEGOB Luisa María Alcalde.
¿Qué pasó en la mesa de diálogo?
Pasó lo que era previsible anticipar. Que el gobernador ha tenido razón y que ambos temas de máximo interés para la UAS deben resolverse en Sinaloa por las autoridades competentes. Es decir, la reforma le atañe al Congreso del Estado, y a la comunidad universitaria. Ellos deberán decidir si se le mete mano a la Ley Orgánica de la UAS. Y por su parte, los procesos penales también deberán atenderse en la instancia judicial correspondiente.
¿Fue útil la mesa de diálogo?
En mi opinión, fue más que útil. Que el encargado de despacho de rectoría en la UAS atendiera el llamado y acatara los acuerdos ahí tomados, agota al máximo las opciones políticas y resta solamente el ámbito legal. Digo esto, porque la camarilla que controla la UAS se ha empeñado en politizar los temas legales que ciernen sobre ellos.
La presunta corrupción y el cacicazgo que han evidenciado los medios de comunicación y la fiscalía, pretenden defenderlo alegando persecución política. Dicho de otro modo: en vez de decir “soy inocente”, dicen “me persiguen políticamente”. Y esa estrategia es la que ha desgastado y alargado todo el proceso.
¿Quién gana y quién pierde?
Políticamente hablando gana el gobernador. Porque el acuerdo trascendido es justamente lo que el gobernador ha pedido desde el primer momento.
Ganan los “universitarios reformistas” porque le comieron la narrativa a los “universitarios pasistas”, pues tuvieron mejor cobertura de prensa a nivel nacional, y ahora la opinión a nivel nacional, sabe que en la Universidad Autónoma de Sinaloa existe un cacicazgo enquistado que reprime a la comunidad. Al mismo tiempo, se advierte que la consulta universitaria para reformar la ley se lleve a cabo, donde podrán por fin manifestar su inconformidad con el régimen actual.
Pierden Cuén, Madueña, Robespierre y compañía al ver frustradas sus intenciones de no mover un dedo para reformar la ley, y también es un duro revés no ver la posibilidad de que sus casos penales reciban un tratamiento especial con apoyo de gobernación.
Pierden también porque el propio Robespierre admite en una declaración la participación de Héctor Melesio Cuén en la vida interna de la UAS, algo que se dedicaron por años a negar, incluso con el cuento de haber renunciado a la pensión a la que como ex rector tiene derecho.
Han perdido en todos los frentes, incluso en el de la narrativa política.
Entonces, ¿a qué fue Robespierre?
A enterarse de lo que ya dijimos. Además, entiendo que algunas denuncias ante la Fiscalía fueron interpuestas por universitarios reformistas, quienes de lograr los cambios en la Ley Orgánica y abolir el cacicazgo, podrían perder interés en el seguimiento de sus denuncias. Serían un problema legal menos.
No descarto tampoco que una reforma a la Ley Orgánica de la UAS, traiga consigo la voluntad de atender las audiencias que sistemáticamente han postergado y logren un juicio abreviado o la suspensión condicional del proceso. La justicia no se negocia, se atiende.
X: @vanessafelixmx