Primer acto: Denise Dresser, periodista política influyente —por lo mismo reconocida personalidad de la política mexicana—, se quejó ruidosamente en los medios de comunicación de que se le quiso sancionar por haber incurrido en violencia política de género. Pero no se le castigó, o no en la forma tan abusiva en que se ha penalizado a la ciudadana común y corriente Karla María Estrella, quien no es una figura de la política nacional pero se le acusó de la misma falta. A Denise la recibieron, hasta con bombo y platillos, los y las magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A Karla no la recibieron; a su abogada, Mariana Calderón, sí la atendieron, pero solo secretarios y secretarias.
Segundo acto: A Ricardo Salinas Pliego, multimillonario alérgico al pago de impuestos —por lo mismo reconocida personalidad de la política mexicana—, lo acusaron de violencia política de género. Sus litigantes argumentaron que el INE no tenía competencia para denunciarlo por eso, y el Tribunal Electoral le dio la razón. Lo mismo alegó a través de su abogada la ciudadana Karla, que no es una figura de la política, pero a esta mujer magistrados y magistradas no le dieron la razón.
Tercer acto: Raymundo Riva Palacio, otro periodista político influyente —por lo mismo reconocida personalidad de la política mexicana—, protestó cuando se le acusó de haber caído en violencia política de género. No se le castigó, o no tan brutalmente como a la ciudadana, no política, Karla María Estrella.
¿Cómo se llama la obra? La violencia política de género solo castiga a las personas no políticas.
¿Quién es el autor de semejante atrocidad legal? Lorenzo Córdova Vianello, expresidente del INE, ídolo de la derecha mexicana.
En 2017 Córdoba y su Instituto Nacional Electoral crearon el Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Estuvo tan mal hecho que ahí radica la esencia del problema que castiga a las personas no dedicadas a la política y deja como héroes y heroínas a personalidades políticas que tienen recursos para superar las acusaciones.
Los primeros excesos de la aplicación del protocolo de la violencia política contra las mujeres en razón de género se dieron en 2018. Abusó de ese reglamento la hoy senadora Lilly Téllez, quien acusó a periodistas de Sonora de haberla violentado solo por ser mujer.
El protocolo de 2017 creó la necesidad de legislar la violencia política de género, lo que sucedió en 2020.
Consulté a la abogada Mariana Calderón, y me explicó parte del problema: las denuncias por violencia política de género, “particularmente por lo que hacen a la comunicación en redes sociales, no deberían seguir las mismas lógicas previstas para el procedimiento especial sancionador que se diseñó para los temas vinculados con la comunicación política (principalmente para la difusión en radio y televisión)”.
El problema es que “las facultades otorgadas al INE en la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y en la Ley general de instituciones y procedimientos electorales están otorgadas bajo el modelo de comunicación política, lo que ha generado una indebida adaptación de la figura a un proceso que está establecido para regular el acceso de los partidos a radio y televisión, y la comunicación entre actores políticos y servidores públicos”.
¿Quién puede aportar el antídoto para el veneno que trajo a la vida política mexicana un protocolo muy mal hecho por el INE de Lorenzo Córdoba? Solo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien a través de su consejera jurídica, Ernestina Godoy, tendría que presentar urgentemente una iniciativa de reforma legal que deje a las personas no políticas a salvo de abusos criminales como el que cometieron contra la ciudadana Karla María Estrella tanto el diputado paradigma de arrogancia Sergio Gutiérrez Luna como la diputada nada solidaria con una mujer inocente Diana Karina Barreras Samaniego.