Preocupa en extremo que una de las personas mejor informadas, más serias y conocedoras en los temas de inseguridad, Eduardo Guerrero, refiera como inevitable la presencia protagónica del crimen organizado en los comicios de 2027. Su diagnóstico es que los narcos llegaron para quedarse y que son tan fatales como necesarios los acuerdos que realicen los actores políticos para sus campañas y así ganar la elección. Los pactos se materializarían en territorio y, por la fragmentación de los grupos criminales, sería caso por caso: estados, regiones y municipios.
La colaboración de Eduardo Guerrero en El Financiero del 14 de abril significa reconocernos en el infierno. El narcoestado es una realidad para muchos territorios del país. Para que las elecciones transiten se requerirá no solo del acuerdo entre el criminal y el político, sino de una autoridad con poder de fuego capaz de validar el entendimiento, como si fuera un pacto entre iguales. No es que los criminales negocien con quien pueda ganar; impondrán a quien les convenga. No sería un permiso para hacer campaña, sino una factura que se paga con el sometimiento de la autoridad.
Este acuerdo adquiere mayor sentido para quien gobierna y pretende seguir gobernando. Para el opositor también podría ser, pero en tal caso sería el candidato del crimen; solo así estaría en condiciones de desafiar al partido gobernante en esos lugares. La explicación fría y serena de quien es uno de los mejores estudiosos en materia de seguridad preocupa por la denuncia implícita de normalización de la narcopolítica. Solo así pueden tener lugar las campañas, y es delicado el caso de quien se desentienda, porque de por medio está más que el resultado electoral, la vida misma: la propia, de su familia y de sus colaboradores.
A la distancia, solo queda la denuncia y el descontento con el estado de cosas. No es permisible ni aceptable que ante la ausencia del Estado quienes lleguen a la representación política o al cargo público tengan que someterse a los delincuentes, que han hecho del territorio, su territorio; de la autoridad, su autoridad; del gobierno, su gobierno; de la justicia, su justicia. Representa la penetración del narcotráfico en su plano más básico, más elemental.
Eduardo Guerrero no plantea un escenario de lo que podría suceder; describe lo que está aconteciendo y que significó, desde hace seis años, la bendición presidencial hacia el protagonismo del crimen organizado con la expresión “se portaron bien”. Efectivamente, en Michoacán y Sinaloa el narco decidió la elección, sin contar los cientos de municipios donde fueron los dueños del proceso político.
Es explicable la creciente violencia y los homicidios de candidatos y autoridades municipales, algunas ejemplarmente brutales, como la de Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, en octubre de 2024, o simbólicas como la de Carlos Manzo, en Uruapan, el 1 de noviembre pasado. Los alcaldes muestran impotencia, debilidad y, por lo mismo, sometimiento a quienes dominan la plaza. La opacidad gubernamental es altamente sospechosa, como se advierte en las confusas y elusivas explicaciones sobe el caso del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega, en días pasados.
El gobierno ha fortalecido el servicio de inteligencia criminal y debe tener claridad sobre el extenso mapa de autoridades municipales sometidas o al servicio del crimen organizado. Diego Rivera, en Tequila, Jalisco, es ejemplo, pero su detención no tuvo lugar a iniciativa de los gobiernos, sino por denuncia de las grandes empresas tequileras extorsionadas. Lo mismo sucede en otros lugares, como las fronteras, en las zonas metropolitanas o en la Riviera Nayarita o Maya. La extorsión es una práctica generalizada: en ocasiones a cargo de los criminales, en otras, a cuenta de las autoridades, con frecuencia coludidas con los grupos delincuenciales.
Encomiable la acción de las autoridades federales en el Estado de México con la operación enjambre. La cuestión es que la magnitud del problema supera la capacidad institucional federal para enfrentar la extorsión. Se abandonó el orden local y municipal. El centro se llevó los recursos y los tres partidos que han gobernado han insistido en la visión centralista para atender un problema que nace, crece y se reproduce en lo local.
La historia de terror también tiene su contra versión esperanzadora. Es lo que ocurre en algunos municipios de Nuevo León y en buena parte de Coahuila y Yucatán. El común denominador son policías e instancias de justicia confiables, respetadas, y acreditadas porque son eficaces en la lucha contra la impunidad.