Ayer jueves, en la conferencia mañanera de López Obrador, se anunció con bombos y platillos que convertirá a la Secretaría de la Función Pública en la única dependencia facultada para realizar las compras de todo el Gobierno federal y, al mismo tiempo, que estará encargada de fiscalizar el ejercicio de ese gasto, es decir, la hace juez y parte.
El anuncio fue precedido por el fuerte llamado de atención del secretario de Marina sobre la corrupción que impera entre los funcionarios de la 4T, y que, según trascendió, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O no se anda por las ramas y para aceptar el cargo, puso como condición tener independencia, y que el recién ratificado secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, reconoció la corrupción en las compras gubernamentales.
Intenciones razonables, ejecución nefasta
AMLO tuvo la ocurrencia de romper con un proceso de compra eficiente, antes de tomar posesión, como presidente electo instruyó que todas las compras del Gobierno se centralizaran en la Secretaría de Hacienda bajo un mecanismo de compras consolidadas que dependiera de la suficiencia presupuestaria.
Aseguró que el nuevo esquema le permitiría al gobierno federal ahorros de entre 225 y casi 500 mil millones de pesos y que, con dichos recursos, eventualmente se podría financiar el principal programa de su gobierno, “Jóvenes Construyendo el Futuro”
El entonces secretario de Hacienda, Carlos Urzua aseguró que la Oficialía Mayor de Hacienda centralizaría todas las compras de bienes del gobierno, la Subsecretaría de Egresos autorizaría el gasto, las dependencias seleccionarán sus compras en una plataforma digital tipo Amazon y los pagos pasarían por la Tesorería de la Federación.
Además, AMLO estableció en su Plan Nacional de Desarrollo que como parte de su estrategia para erradicar la corrupción se comprometía a ‘prohibir las adjudicaciones directas’.
Todo falso y mal hecho y contradictorio
En abril de 2020, la propuesta se hizo ley. El Gobierno Federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en la que se estimó reforzar el modelo de compras consolidadas a través de la Secretaría de Hacienda y de la Oficialía Mayor.
Mario Delgado, uno de los mayores “matraqueros” -con un pasado de corrupción que involucra la Línea 12 del Metro- en su calidad de coordinador de los diputados de Morena, dijo entonces que la propuesta contemplaba acabar con compras innecesarias, adjudicación de contratos a empresas fantasma, “moches” e incumplimientos de contratos sin sanción.
El “matraquero” también mencionó que la Ley contemplaba la creación del Comité de Contrataciones Consolidadas que dictaminaríalas excepciones a la licitación pública, todo en cumplimiento a la legalidad y con plena transparencia.
Ahora, con su propuesta AMLO contraviene la propia ley que reformó. La SFP no tiene las atribuciones para hacer las compras consolidadas, porque la reforma hizo Ley que sería encargo de Hacienda. Al compañero presidente no le importa ni lo que él mismo, convirtió en Ley.
Las adjudicaciones directas
De acuerdo con una investigación publicada por Animal Político, en 2020, por primera vez desde que se tiene registro, los recursos públicos destinados a adjudicaciones directas fueron mayores a los contratadas mediante licitaciones públicas.
Según Compranet, el gobierno realizó adjudicaciones por más de 205 mil 195 millones de pesos, un 43% del monto contratado durante todo 2020. Mientras que, en el mismo periodo, las compras realizadas por licitación pública apenas alcanzaron el 40%.
Consecuencias desastrosas
No solo se trata del desabasto de medicamentos, están la falta de insumos para el mantenimiento adecuado de las presas, lo que afecta a sistemas como el Cutzamala; en CFE por las fallas de operación, ya se registran apagones recurrentes; en Pemex, accidentes como el de las refinerías de Minatitlán y Cadereyta o el de la línea submarina de la plataforma Ku Sierra, en Campeche. En la Secretaría de Economía al 75% de los empleados se les retiraron los equipos de cómputo.
Pero tal parece que el secretario de Función Pública, Roberto Salcedo, no estaba enterado de nada, ya que, en su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, no mencionó que se haría cargo de la consolidación de las compras.
Lo que sí dejó claro, es la alta corrupción que existe en la 4T. Dijo que se debe poner atención al sector de obras y contrataciones públicas para prevenir actos de corrupción y que, tanto el padrón de los beneficiarios de programas sociales, como las aduanas son focos rojos en materia de corrupción y transparencia.
Más allá de su “ocurrencia”, lo que la decisión de AMLO pone en entredicho, es la capacidad de Raquel Buenrostro de cumplir con su encomienda y deja en duda la inoperancia de la iniciativa.
¿Será que Ramírez de la O exigió dedicarse a cumplir sus atribuciones como secretario de Hacienda y dejar la demagogia para los “matraqueros” de AMLO?
Si bien Irma Eréndira Sandoval quedó como “tapadera” de los funcionarios más corruptos de la 4T, ella incluida, ahora con la ocurrencia de AMLO, su sucesor Roberto Salcedo, además de “tapadera”, ocuparía una posición de juez y parte ¿será quien permita a la 4T hacer su “cochinito” para la elección de 2024?
Porque, al final, lo que queda claro, es que se pasan la Ley por el arco del triunfo y ahora la corrupción tiene licencia de compra.