“No hay príncipe de quien menos se quejen los suyos que de el que les da más licencia para quejarse.”
REY FELIPE II EL PRUDENTE
¿Por qué atacar a un periodista cuando dice la verdad? ¿Por qué amenazar a un medio con sanciones si no retira una columna? Solo hay una respuesta posible: porque se incomoda al poder. Y cuando el poder se siente incómodo, su reacción más inmediata suele ser la censura.
No me pronuncio sobre otros casos recientes, pero en el del articulista Héctor de Mauleón, los hechos son elocuentes. El Instituto Electoral de Tamaulipas —y sí, lo escribo en minúsculas, por su conducta— dio apenas 12 horas a El Universal y al periodista para retirar una de sus columnas. Se trató de un atentado directo contra la libertad de expresión.
Y no es un hecho aislado. Es solo el capítulo más reciente de una serie de presiones sistemáticas ejercidas desde el poder contra él. La virulencia de la reacción confirma que el contenido de la columna toca puntos neurálgicos. Cuando un texto incomoda tanto, es porque dice mucho y dice verdad.
Este caso marca un antes y un después. Es una muestra clara de lo que puede hacer un gobierno sin contrapesos, como el de Tamaulipas, donde incluso el Instituto Electoral Estatal —que debería ser autónomo— obedece instrucciones del gobernador. Y no solo eso: tanto el Ejecutivo estatal como el órgano electoral y otras instancias involucradas se sienten con la fuerza y la impunidad suficientes para atacar a un medio nacional y a un periodista que documenta hechos. A eso, paradójicamente, se le intenta llamar justicia. Pero es precisamente lo que define una regresión autoritaria.
¿Servirá visibilizar esta grosera censura para contener futuros abusos? No me refiero solo al caso de Mauleón, sino a todos los intentos de coartar la libertad de periodistas y columnistas críticos. No lo sé; espero que sí.
La columna “Huachicol y poder judicial en Tamaulipas” se publicó el 1º de mayo. Desde entonces, el Instituto Electoral ha iniciado una embestida legal contra el autor y contra El Universal. El colmo fue enviar un notificador al domicilio del periodista para prohibirle escribir sobre redes de tráfico de combustible en las aduanas del estado. ¿Ignoran acaso que el propio secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, combate ese delito con todo el peso del Estado?
Y peor aún: ¿saben que Juan Carlos Madero Larios —uno de los señalados en la columna— ya había sido acusado por autoridades militares de extorsionar a agentes aduanales, recibir sobornos y estar involucrado en el tráfico de huachicol? La denuncia no es nueva: es una reiteración de hechos ya conocidos por instancias oficiales.
Pero el periodista fue más allá: expuso que Madero Larios continúa impune y que, además, es cuñado de Tania Contreras, exconsejera jurídica del gobierno estatal y próxima presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del estado. Un cargo que, dicho sea de paso, obtuvo mediante una cuestionada “elección judicial de acordeón”.
Contreras pudo haber aclarado que un vínculo familiar no equivale a formar parte de una red de corrupción. En lugar de ello, optó por silenciar al periodista mediante una denuncia por supuesta “violencia política en razón de género”. Al hacerlo, lejos de disipar dudas, confirmó que esas redes sí tocan el poder judicial.
No hay falta alguna en señalar el parentesco de una magistrada con un personaje denunciado por delitos graves. Lo inadmisible es el intento de acallar esa información. El escándalo no proviene de la denuncia periodística, sino del zafarrancho institucional organizado para encubrir una relación incómoda.
Como decía mi madre: “La verdad no peca, pero cómo incomoda”. Una frase que bien haría en meditar Tania Contreras. El querer silenciar al periodista con el argumento de una violencia de género inexistente solo refuerza la veracidad de lo publicado.
Tiene razón Héctor de Mauleón: “la idea es silenciar; que no se hable de esas redes”. Pero por eso mismo es necesario hablar, escribir, denunciar. Hablar de lo que está mal, de la corrupción, de lo que le cuesta al país cada acto de censura disfrazado de legalidad.
La libertad de expresión está bajo asedio. Crecen los mecanismos institucionales que buscan vigilar, auditar o intimidar a periodistas. El SAT como herramienta de castigo. Las fiscalías como instrumentos de persecución. Y un poder que en vez de proteger a la prensa, la combate activamente.
No sé si decirle “perra” a alguien —como ocurrió en otro caso— sea más grave que censurar a un periodista. Ambas conductas son reprobables. Pero lo que resulta evidente es la doble moral: se alzan voces poderosas para defender a las columnistas del régimen, pero reina el silencio cuando el régimen censura a los periodistas incómodos.
La libertad de expresión está sitiada. Y lo más preocupante es que la agresión proviene de la misma autoridad que juró defenderla.