La intensa interacción política, jurídica y de comunicación está enviando mensajes clave para el futuro previsible de la vida pública y social del país.
El primero viene del sistema de partidos, cuya reorganización hacia las elecciones intermedias de 2027 y posicionamiento con rumbo a 2030 está en marcha.
De un lado, el relanzamiento neoconservador del PAN, los impulsos estentóreos del PRI o las operaciones sigilosas de MC advierten de sus posibles intenciones estratégicas y tácticas.
Del otro, las organizaciones que pretenden registrarse como nuevos partidos, a la derecha o a la izquierda o en sus respectivos extremos, podrían hacer la diferencia en un escenario de comicios competidos y fragmentación del voto.
Más todavía, el PT y PVEM podrían moverse con Morena en una lógica de coaliciones dinámicas para producir balances positivos, aun cuando cosecharan menos posiciones de las que lograron en 2024.
Las acciones de las y los aspirantes independientes, en preparación de sus posibles nominaciones en 2030, pueden jugar un papel desde 2027. Para Morena, construir con antelación una super precandidatura podría ser promisorio para alinear fuerzas y definir estrategias.
El segundo mensaje procede del sistema de gobierno.
Con todo el poder acumulado, ya que controlan la mayor parte de los espacios de representación política federal y local, Morena y aliados continúan enfrentando el reto de instrumentar la mejor coordinación posible de agendas, al mismo tiempo que sus oposiciones les documentan errores, limitaciones y contradicciones en las que incurren.
Lo anterior, sin perjuicio de las muy buenas calificaciones personalizadas en liderazgos específicos, ya sea de la presidenta, Claudia Sheinbaum o de algunos de sus colaboradores o de gobernadores o gobernadoras específicos.
Es en ese ámbito, en el de gobierno, en donde se cifra una de las principales claves del futuro previsible puesto que hoy día el desgaste por su ejercicio en contextos muy complejos, incluido el activismo de la administración Trump, es mucho más acelerado que ayer o anteayer. Según lo dijera el clásico, como el amor, hay que cuidar el poder porque también se acaba, más aún en la “sociedad líquida” en la que transcurrimos.
De esto último dan cuenta los nada sorprendentes resultados electorales recientes en Bolivia con la derrota de la izquierda socialista de base indígena, después de dos décadas de predominio, o bien, por el contrario, el triunfo de la derecha liberacionista en Argentina, recién llegada al poder.
Esos dos casos no son ajenos al interés de poderosos actores globales, a los que se suman Venezuela, Colombia o el olvidado Nicaragua, que se ha convertido en un ejemplo singular para el análisis político comparado.
El tercer mensaje se escucha en el ámbito del sistema electoral.
Los ejercicios preparatorios para la elaboración de la iniciativa presidencial de reforma electoral apuntan a establecer nuevas reglas para la competencia antes del mes de junio de 2026.
La tendencia observable es la racionalización del sistema institucional y el ajuste a las fórmulas electorales y a la equidad en la contienda.
Naturalmente, la coalición gobernante se orienta hacia un esquema en el que se consoliden políticas electorales que propicien pluralismo moderado, más participación, género e igualdad reforzada, no vulnerabilidad, inclusión, máxima interculturalidad, gobernabilidad democrática, partidos políticos funcionales y autoridades electorales austeras y eficientes.
Hay un cuarto mensaje: el del pueblo y la ciudadanía activa. Hasta ahora, sus preferencias parecen estables.
Empero, el juego interpartidario y de los actores relevantes, el desempeño gubernamental y la incertidumbre de la economía, así como la propia reforma electoral habrán de influir en actitudes y conductas, lo cual será medible con el termómetro que significan los comicios de 2027 y, si tiene lugar, el ejercicio de revocación/ratificación del mandato presidencial 2028.