Las expresiones recientes del expresidente Ernesto Zedillo han dado lugar a un microdebate que invita a tener presente los perfiles de los dos modelos de democracia enfrentados en el contexto mexicano: democracia liberal y democracia popular. Trataré de abonar a ese diálogo.
La democracia liberal alberga el propósito de legitimar y realizar la representación política indirecta bajo el argumento de que el ciudadano común no puede gestionar en persona los problemas colectivos.
Por ello, asigna a los políticos profesionales y a los partidos el rol de organizar y gestionar los intereses de individuos y grupos para convertirlos en leyes y programas de gobierno que deben regresar al votante y el pueblo convertidos en normas, bienes y servicios.
El esquema insiste en limitar la intervención del aparato de gobierno en la esfera privada de los individuos, por lo que enfatiza en la protección de los derechos, la división de poderes y la justicia constitucional judicial en términos de garantías de libertad, seguridad y propiedad, así como igualdad formal ante la ley.
Naturalmente, ello es propicio para la iniciativa privada y el mercado libre, y, si acaso lo logra, asiste o respalda a los débiles con medidas de compensación.
El problema con ese modelo, sobre todo en países dependientes, sin gran industria, en donde no se formó una clase trabajadora ancha, fuerte, educada y crítica, y no se articuló en partidos políticos fuertes, si no lo contrario: se recibió y reprodujo una estructura socioeconómica desigual y sistemas políticos inestables, es que la competencia por el poder favorece al estrato medio y alto, así como a las élites políticas heredadas y emergentes que consiguen insertarse en ella. Todo ello se agrava si la masa popular es étnicamente heterogénea y poco educada. Es el caso de la mayoría de los países del llamado sur global.
Luego pues, ese sistema suele generar sesgos y disfunciones mediante la concentración de privilegios contrarios a la mayoría, la cual puede terminar por desafiarla a manos de líderes o partidos que abanderan sus quejas y a los que se les descalifica como populistas. Esto ocurre hasta en los países más ricos del norte, en los que sus propias contradicciones no fueron atenuadas y dan lugar a los denominados populismos de derechas.
Por su parte, la democracia popular pretende que la representación se concrete y que el pueblo, entendido como agregación de individuos y colectivos de diversos tipo, consolide y opere su voluntad de manera directa en la agenda política del estado. Para ello, su acción no se circunscribe a la renovación periódica de los representantes sino que toma en sus manos lo más posible la decisión y gestión de los asuntos públicos.
Lógicamente, se inclina por mecanismos de democracia directa o participativa, tales como consultas y movilizaciones populares, gobiernos de proximidad y hasta ratificación o revocación del mandato.
Este modelo trata de reducir la complejidad burocrática y las mediaciones convirtiendo al gobierno y la administración pública en una suerte de movimiento de acción directa en el territorio para maximizar beneficios materiales y también políticos y asegurar, desde luego, la reproducción de su legitimidad.
La idea de la democracia popular es la alfabetización y dinámica participativa política y social permanentes y desde abajo para que se naturalice como estilo de vida e invada todos los espacios sociales (género, interculturalidad, familia, iglesias, sindicatos, empresas, los tres poderes del estado y sus órganos autónomos, ayuntamientos, pueblos y comunidades, en lo conducente), lo que el otro modelo por lo general desconsidera favoreciendo así los intereses de las cúpulas.
Por ende, la democracia popular le otorga más peso a la coordinación que a la división de poderes y tiende a sincronizar e identificar lo más posible la operación de los aparatos del estado con la acción popular a través de movimientos-partido muy vigorosos que, a su vez, abonan a la desinstitucionalización del sistema y la marginalización de sus opositores.
Entre otras cosas, el modelo popular, en su lucha por desplazar a su adversario, fuerza a la Constitución a convertirse en un espacio de confrontación, negociación y dinámica permanente. Esta deja de ser un marco de referencia formal y rígido, que delimita el “coto vedado” de los derechos individuales intocables, para convertirse en instrumento de su propia transformación y de las estructuras sociales. La constitución ahora aparece como justificación para la acción política y social de la mayoría.
Y es que el modelo referido prioriza la equidad y la igualación real, social y política, propende a incluir a los débiles de manera estructural, y, por lo tanto, a que el pueblo tome en sus manos su propio destino.
Obviamente, ello implica fortalezas, pero sobre todo riesgos, especialmente para las minorías de élite, los derechos de propiedad privada y los privilegios legados porque para empoderarse el esquema popular tiene que sustraer insumos y recursos de todo tipo procedentes de mercados disponibles, hasta que los reordena y diferencia, si es que puede hacerlo.
Me detengo aquí. Pero conviene pensar en que cuando en México el coro de los críticos dice “destrucción de la democracia” o “deriva autoritaria” o “transición a la tiranía”, en el lenguaje del expresidente Zedillo y otros, debe entenderse que defienden el modelo de la democracia liberal. Paradójicamente, la polarización que atizan nutre la posición opuesta.
A la vez, cuando estos contrarios tachan a los liberales de “seudo demócratas”, “verdaderos autoritarios” o “clasistas”, tienen en mente sus propias premisas populares.
Desde luego, la pregunta serena es si hay espacio para una fórmula mixta o ecléctica que podríamos denominar pragmática. No es fácil responder.
Mi hipótesis es que la dialéctica de la historia pasada y presente nos conduce, según ocurrió en la Independencia, la Reforma o la Revolución, hacia ese tipo de síntesis.
Las decisiones, acciones y procesos de los próximos meses y años, incluida la elección judicial o la subsecuente reforma electoral, además de la correlación con los Estados Unidos y las condiciones económicas, entre otros factores, irán modulando ese proceso y confirmando o no la hipótesis.