Guanajuato, uno de los estados más ricos, turísticos y poblados de México, vive desde hace años una creciente ola de violencia provocada por grupos delictivos como el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se han instalado y operan a sus anchas en la entidad.
La población que antes se caracterizaba por su prosperidad, ahora vive aterrorizada y prácticamente en un estado de sitio.
Como en muchas regiones del país, la delincuencia encuentra terreno fértil donde priva la corrupción y la impunidad, A lo largo y ancho del territorio nacional lo común es la falta de recursos, capacitación y equipamiento para las fuerzas de seguridad y el contubernio, complicidad o subordinación de las fuerzas del orden al crimen organizado.
Crítica situación
La tasa de homicidios en esa entidad del Bajío supera la media nacional y lo mismo pasa con los delitos del fuero común, esta lamentable situación impacta en la economía local, disuade a los inversores y afecta al turismo. Ciudades como Celaya, Salamanca o León han sido escenario de violentos enfrentamientos entre grupos rivales.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, estima que 67.3% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante.
De hecho, Guanajuato se convirtió en la entidad más violenta de todo el país, en los primeros 14 días de febrero acumuló 144 asesinatos, un promedio de 10 diarios y, el día más crítico fue el pasado 8 de febrero, cuando fueron asesinadas 19 personas.
No importa qué partido gobierne
La afirmación de que en México hay un narco Estado se torna cada vez más real. Sin importar el partido que gobierne, desde la federación, estados y municipios, parece que existe una total complicidad o sometimiento al crimen organizado. Guanajuato, estado gobernado por Libia García Muñoz Ledo del PAN, no es la excepción.
Las señales indican que ese partido, o al menos su dirigencia, mantiene una alianza muy perversa con Morena y, como dicen, entre gitanos no se leen las cartas.
Poco antes de que concluir su mandato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reconoció que la relación con el gobierno de AMLO había sido complicada pero respetuosa. Aunque hubo enfrentamientos verbales, ninguno hizo nada por combatir el flagelo de la inseguridad.
AMLO prometió que con su estrategia de abrazos y crear su Guardia Nacional resolvería el problema y el gobernador se limitaba a culpar al gobierno federal por cortarle los recursos para la seguridad.
AMLO cuestionaba: “Es muy lamentable lo que sucede en Guanajuato. Desde hace años tienen el primer lugar en homicidios y es un asunto cotidiano”.
Igual que en Morelos culpó al fiscal designado de manera independiente por el Congreso del Estado, mientras las críticas al gobernador fueron más por su incapacidad para remover al fiscal Carlos Zamarripa, que por la creciente inseguridad.
Incluso, en la mañanera del 26 de julio de 2021 reiteró que el fiscal tendría que ser removido porque dificultaba el combate a la delincuencia en la entidad.
Huachicol
Uno de los generadores de violencia en Guanajuato es el huachicol, un negocio que, como se ha podido observar en Tamaulipas, Hidalgo, Sinaloa y varios estados más, opera al amparo del ex presidente del partido y hoy flamante secretario de educación, Mario Delgado.
En Guanajuato el ‘huchicoleo’, controlado por el Cártel Santa Rosa de Lima va al alza y tan solo durante el primer semestre del 2024 experimentó un incremento del 67% con respecto al primer semestre del 2023.
Al término de su mandato Diego Sinhue, y la actual gobernadora en la búsqueda de la impunidad y como aliados de Morena se convirtieron en un operadores político para que el gallo de AMLO a la presidencia del PAN, Jorge Romero, pieza clave de una alianza transexenal, ganara y pudiera ser controlado desde Palacio Nacional.
Un círculo vicioso de complicidad, corrupción e impunidad.
X: @diaz_manuel