México y Perú volvieron finalmente a hablarse como dos naciones que nunca debieron dejar de hacerlo. El restablecimiento de relaciones diplomáticas debe celebrarse porque corrige una anomalía que perjudicó a ambos países y debilitó innecesariamente a América Latina. Pero también obliga a formular una pregunta incómoda: ¿por qué hicieron falta años de agravios, embajadores retirados, acusaciones de injerencia, asilos políticos y una ruptura formal para terminar regresando al único camino que siempre tuvo sentido, el diálogo?
La nueva presidenta peruana, Keiko Fujimori, había anunciado antes de asumir el poder su intención de recomponer la relación con México y cumplió rápidamente esa promesa. Perú otorgó el salvoconducto para que Betssy Chávez, exprimera ministra y asilada en la embajada mexicana en Lima, pudiera viajar a México, aunque reservó su derecho a solicitar posteriormente la extradición. Con ese gesto se destrabó uno de los principales obstáculos y ambos gobiernos anunciaron la reanudación de relaciones diplomáticas.
Hay que reconocerlo sin mezquindad. Cuando dos gobiernos corrigen una confrontación absurda, la reacción responsable no consiste en recordar únicamente los errores, sino también en valorar la capacidad de rectificar. La diplomacia sirve precisamente para eso: encontrar salidas cuando la política interna, las diferencias ideológicas o el temperamento de los gobernantes llevan las relaciones a un punto innecesariamente peligroso.
Pero reconocer el acuerdo no significa olvidar cuánto tardó en llegar.
México y Perú no dejaron de tener embajadores ayer. La relación comenzó a deteriorarse desde 2022, después de la caída de Pedro Castillo y del respaldo político que el entonces gobierno mexicano brindó al mandatario peruano. México concedió asilo a su familia y cuestionó reiteradamente la legitimidad de las autoridades que lo sucedieron. Lima respondió acusando a México de intervenir en sus asuntos internos y redujo progresivamente los vínculos diplomáticos. Desde principios de 2023 ambos países ya carecían de embajadores, y la crisis culminó a finales de 2025 cuando Perú rompió formalmente relaciones después de que México concediera asilo a Betssy Chávez.
Fueron casi cuatro años de deterioro para terminar descubriendo que ninguno de los dos países podía cambiar la realidad política del otro.
México no consiguió reinstalar a Castillo ni modificar el curso de la política peruana. Perú tampoco logró que México renunciara a sus criterios sobre el asilo o dejara de expresar sus posiciones. Lo único que consiguieron ambos fue deteriorar una relación histórica y hacer más difícil la cooperación entre dos naciones que tienen mucho más que compartir que razones para enfrentarse.
La discusión sobre Pedro Castillo puede continuar durante años. Algunos consideran que fue víctima de una ruptura institucional; otros recuerdan que intentó disolver el Congreso y gobernar mediante un régimen de excepción. Los procesos judiciales peruanos siguieron su curso y Castillo cumple actualmente una condena de prisión. México puede sostener una interpretación política distinta y Perú defender que se trata de un asunto de su soberanía y de sus tribunales. Ninguna de esas diferencias obliga a romper relaciones diplomáticas.
Ahí estuvo el error principal.
Los gobiernos confundieron discrepancia con ruptura.
La política exterior no consiste en relacionarse únicamente con gobiernos ideológicamente afines. Si así fuera, cada elección latinoamericana obligaría a revisar embajadas, acuerdos comerciales y tratados. Un país no elige al presidente de su vecino y tampoco puede decidir que una relación histórica desaparezca porque no le gusta quien ocupa temporalmente el poder.
México y Perú han mantenido relaciones durante más de dos siglos. Comparten vínculos históricos, culturales y económicos que preceden y sobrevivirán a Claudia Sheinbaum, Keiko Fujimori, Pedro Castillo y cualquier otro gobernante. Sus ciudadanos viajan, estudian, comercian, invierten y forman familias sin preguntar primero por la orientación ideológica de sus presidentes.
La diplomacia existe precisamente para proteger esos vínculos frente a las diferencias coyunturales.
Eso no significa que México debiera permanecer callado si consideraba vulnerados principios democráticos o derechos políticos en Perú. Tampoco significa que Lima estuviera obligada a tolerar expresiones que interpretaba como intervención. Ambos tenían instrumentos diplomáticos suficientes para manifestar desacuerdo sin destruir la relación.
Podían presentar notas de protesta, llamar temporalmente a consultas a sus embajadores, recurrir a organismos internacionales o mantener diferencias públicas. Lo que nunca tuvo sentido fue convertir un conflicto entre gobiernos en un congelamiento entre países.
Ese costo no lo pagan los presidentes.
Lo sufren los ciudadanos que necesitan servicios consulares, las empresas que buscan certezas, los estudiantes que esperan cooperación académica, los turistas, los inversionistas y quienes requieren interlocución gubernamental para resolver problemas cotidianos. La diplomacia rara vez aparece en la vida diaria cuando funciona correctamente; se vuelve visible precisamente cuando deja de funcionar.
También perdió América Latina.
La región vive fragmentada entre gobiernos de izquierda, derecha, populismos de distintas expresiones y proyectos que muchas veces consideran al adversario ideológico de otro país como enemigo propio. Los presidentes forman clubes políticos, se respaldan mutuamente, descalifican elecciones ajenas y trasladan sus disputas domésticas a los foros internacionales.
Mientras eso ocurre, América Latina tiene enormes dificultades para construir posiciones comunes sobre comercio, migración, seguridad, energía, infraestructura, medio ambiente o su relación con las grandes potencias.
Estados Unidos negocia como bloque nacional. China actúa conforme a una estrategia de largo plazo. La Unión Europea, con todas sus diferencias internas, logra articular políticas comunes. América Latina continúa perdiendo tiempo en disputas presidenciales.
México y Perú eran un ejemplo particularmente absurdo porque ambos forman parte de la Alianza del Pacífico junto con Chile y Colombia, un mecanismo creado precisamente para facilitar integración económica, movilidad y proyección comercial a Asia. ¿Cómo puede aspirarse a construir una plataforma regional cuando dos de sus miembros apenas mantienen relaciones diplomáticas?
La ideologización de la política exterior ha debilitado durante años a la región. Cambia un presidente y cambian amigos y enemigos. Los vínculos internacionales terminan dependiendo más de afinidades personales que de intereses nacionales permanentes.
Eso debe corregirse.
Una política exterior madura distingue entre gobiernos y Estados.
El gobierno puede cambiar cada cuatro, cinco o seis años. El Estado permanece. Los intereses económicos permanecen. Las fronteras permanecen. Las comunidades migrantes permanecen. Las relaciones culturales permanecen.
Por eso México debe aprender también de este episodio. La doctrina de no intervención forma parte de una larga tradición diplomática mexicana y no puede aplicarse selectivamente. Resulta contradictorio invocarla cuando una potencia intenta influir en México y olvidarla cuando el gobierno mexicano considera legítimo pronunciarse sobre la política interna de otro país.
La defensa de principios democráticos es válida, pero debe distinguirse de la intervención partidista.
Un gobierno mexicano puede condenar una ruptura constitucional, exigir respeto a los derechos humanos o expresar preocupación por una crisis institucional. Lo que debe evitar es asumir como propia la causa política de un dirigente extranjero y convertirla en eje de una relación bilateral.
Perú también tiene lecciones que aprender.
No toda crítica externa constituye una agresión contra la soberanía. Declarar personas non gratas, retirar embajadores o romper relaciones puede producir aplausos nacionalistas inmediatos, pero rara vez resuelve el problema original. La diplomacia exige tolerar críticas incómodas sin convertir cada desacuerdo en afrenta nacional.
La reacción desproporcionada puede terminar siendo tan dañina como la provocación inicial.
El acuerdo alcanzado ahora demuestra que ambas partes podían haber llegado mucho antes a una fórmula semejante.
México mantiene su decisión de conceder asilo a Betssy Chávez. Perú permitió su salida mediante un salvoconducto y conserva el derecho de solicitar una eventual extradición. Es decir, ninguno tuvo que renunciar completamente a su posición jurídica. Simplemente separaron el desacuerdo del funcionamiento normal de la relación bilateral.
Eso es justamente la diplomacia.
No consiste en que todos estén de acuerdo, sino en encontrar mecanismos para convivir con las diferencias.
Hay que reconocer también el mérito político de Keiko Fujimori. Llegó a la presidencia después de una larga historia de confrontaciones internas y pudo haber utilizado el conflicto con México para fortalecer un discurso nacionalista. Decidió lo contrario: anunció que normalizaría la relación y actuó con rapidez.
Claudia Sheinbaum también hizo bien al aceptar la salida negociada. México no abandonó su posición sobre el asilo, pero entendió que mantener indefinidamente la confrontación no beneficiaba a nadie.
Cuando los gobernantes corrigen, hay que decirlo.
La política de opinión no debe convertirse en ejercicio permanente de condena. Si exigimos sensatez cuando existe una crisis, también debemos reconocerla cuando aparece.
Pero la reconciliación debe convertirse en advertencia.
México y Perú no pueden limitarse a reabrir embajadas y posar para una fotografía. Necesitan recuperar el tiempo perdido mediante una agenda concreta de cooperación comercial, turística, cultural, académica y política.
La relación debe reconstruirse desde los intereses de ambos pueblos, no desde las simpatías de sus presidentes.
También deberían trabajar para revitalizar la Alianza del Pacífico, cuya capacidad se ha debilitado precisamente por las diferencias políticas entre sus gobiernos. La integración regional no puede quedar a merced de cada cambio electoral.
América Latina necesita menos diplomacia partidista y más política de Estado.
La región enfrenta un mundo mucho más competitivo y peligroso. Estados Unidos utiliza aranceles, sanciones y presiones políticas como instrumentos de poder. China amplía su presencia económica. Europa busca nuevos socios. India aumenta su peso y los BRICS pretenden construir alternativas al orden occidental.
Frente a ese escenario, América Latina continúa desperdiciando oportunidades porque sus gobiernos se dividen según simpatías ideológicas.
No tiene sentido.
México puede tener un gobierno progresista y Perú uno conservador sin que eso los convierta en enemigos. Argentina y Brasil pueden estar gobernados por proyectos opuestos sin romper sus cadenas productivas. Chile y Bolivia pueden mantener diferencias históricas sin suspender permanentemente la interlocución. La cooperación internacional no exige amistad entre presidentes.
Exige inteligencia.
La lección mexicana-peruana debería ser sencilla: los gobiernos tienen derecho a disentir; los países no tienen por qué dejar de hablarse.
La política exterior tampoco debe utilizarse para satisfacer a las bases electorales nacionales. Un presidente puede recibir aplausos cuando confronta a un gobierno extranjero, pero esas ovaciones duran minutos. Los daños económicos, diplomáticos e institucionales pueden permanecer durante años.
Muchos dirigentes descubren demasiado tarde que escalar un conflicto es sencillo y desescalarlo mucho más complicado. Cada declaración obliga a responder, cada expulsión invita a otra expulsión y cada sanción eleva el costo político de retroceder.
Así se construyen crisis que nadie planeó inicialmente.
México y Perú cayeron en esa dinámica.
Primero fueron diferencias sobre Castillo, después declaraciones, retiro de embajadores, asilos, acusaciones de intervención, personas non gratas y finalmente ruptura de relaciones. Cada gobierno quedó atrapado por sus propias posiciones hasta que un cambio político en Perú permitió abrir una salida.
No debería necesitarse un cambio presidencial para volver a la sensatez.
Las instituciones diplomáticas existen precisamente para mantener relaciones durante las crisis y preparar soluciones aun cuando los mandatarios no se soporten.
La normalización ahora anunciada ofrece una segunda oportunidad. Debe aprovecharse.
México y Perú pueden reconstruir una relación económica mucho más ambiciosa, fortalecer la movilidad turística y académica, cooperar en seguridad y conectividad, revitalizar mecanismos regionales y demostrar que la diversidad ideológica no necesariamente impide trabajar juntos.
Si lo consiguen, quizá los cuatro años perdidos sirvan al menos como advertencia.
Porque no fueron años gratuitos.
Se debilitó una relación histórica, se redujo la interlocución, se complicó la cooperación y se envió al resto del continente el mensaje equivocado: que en América Latina las diferencias políticas todavía pesan más que los intereses permanentes de las naciones.
Hoy ocurre lo contrario y eso debe celebrarse.
México y Perú hicieron bien en reconciliarse. Hay que reconocerlo sin mezquindad, pero también recordar cuánto tardaron y cuánto perdieron por no hacerlo antes. Años de tensión no fortalecieron la soberanía de ninguno, no resolvieron la crisis peruana, no mejoraron la democracia mexicana y no hicieron más fuerte a América Latina.
Los gobiernos cambian. Los países permanecen.
Esa debería ser la lección.
México y Perú recuperaron finalmente una relación que nunca debieron perder.
Ahora toca asegurarse de no volver a desperdiciarla.
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