El estado de Chiapas, cuna de una rica diversidad cultural y natural, ha sido testigo de una triste realidad política: la persistencia de la corrupción en sus instituciones, y el partido Morena no es inmune a este flagelo. La reciente controversia en torno a Guillermo Santiago Rodríguez, titular del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), quien está considerado para ocupar un curul en la Cámara de Diputados por el distrito 9 con cabecera en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, es solo un ejemplo de cómo la opacidad y los intereses partidistas prevalecen sobre el bienestar de la sociedad.
Busca ocupar un cargo que no debería pues siendo de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, está allanando un puesto que le debería corresponder a un tuxtleco, pero para Morena eso no importa, lo importante es que los fieles seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador estén en el gobierno, sin importar el lugar o el cargo.
Estos cargos públicos por parte de un individuo que no radica en el distrito, plantea serias interrogantes sobre la ética y la transparencia en la gestión gubernamental y política de México. ¿Cómo puede alguien cumplir eficazmente con sus responsabilidades cuando se encuentra en un lugar donde desconoce sus necesidades básicas?. La respuesta parece evidente: la dedicación y el compromiso hacia el servicio público se diluyen en favor de intereses personales o partidistas.
El caso de Guillermo Santiago Rodríguez es paradigmático de esta problemática. Aunque ostenta un cargo relevante en el ámbito juvenil a nivel nacional, su incursión en la política local como diputado federal plantea conflictos de interés y abre la puerta a prácticas cuestionables. ¿Está realmente centrado en promover el bienestar de los jóvenes y en impulsar políticas públicas inclusivas, o su atención está desviada hacia agendas partidistas y beneficios personales?
Morena, como partido político que emergió con la promesa de combatir la corrupción y la impunidad, debe ser especialmente escrupuloso en sus acciones y decisiones. Sin embargo, la realidad nos muestra que la tentación del poder puede corromper incluso a aquellos que se proclaman como paladines de la justicia y la transparencia. La tolerancia o incluso la complicidad ante situaciones como la de Guillermo Santiago Rodríguez socava la credibilidad de Morena y socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.
Para restaurar la confianza perdida y combatir eficazmente la corrupción en Chiapas y en todo el país, es necesario un compromiso genuino con la rendición de cuentas y la separación de poderes. Los partidos políticos, incluido Morena, deben adoptar medidas más estrictas para prevenir y sancionar los conflictos de interés y las prácticas corruptas dentro de sus filas. Además, es fundamental fortalecer los mecanismos de supervisión y control ciudadano sobre el ejercicio del poder, garantizando así que los funcionarios electos actúen en beneficio del interés público y no en el de grupos de poder o intereses particulares.
En última instancia, la lucha contra la corrupción en Chiapas no puede ser una responsabilidad exclusiva de un partido político o de un gobierno en particular. Requiere el compromiso y la participación activa de toda la sociedad civil, así como una firme voluntad política para implementar reformas estructurales que promuevan la transparencia, la legalidad y la justicia en todos los niveles de gobierno. Solo así podremos aspirar a construir un Chiapas y un México donde la corrupción sea la excepción y no la norma, y donde los intereses de la ciudadanía estén verdaderamente representados y protegidos.
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