La actual administración pasará a la historia como la más antagónica que ha habido con el órgano encargado de la realización y organización de los comicios. Las razones que ha expuesto el gobierno como fundamento de tal posición no parecen suficientes; una de ellas es la relativa a un gasto que se considera excesivo y más en cuanto a la mística de la famosa austeridad republicana -que subió un peldaño más para colocarse en la dimensión “franciscana”-, la otra argumentación importante se relaciona con las facultades que tiene a su cargo el INE y que se estima se desarrollan a través de una estructura pesada y que cae en duplicidades entre sus instancias ejecutoras.
Existe una gran polémica, pues si de costos se trata existen muchas áreas y materias que pueden ser objeto de racionalización y ajuste, de tomarse en cuenta los hallazgos que ha encontrado la Auditoría Superior, como es el caso de Segalmex, y cuyos excesos se han tolerado; en otro sentido, el adelgazamiento posible de la estructura del INE se ha planteado más como una práctica de cercenamiento que una para optimizar procesos.
Se habla que la propuesta de reforma electoral a las leyes secundarias permitirá un ahorro de 3.5 mil millones de pesos, pero si es así y existe la convicción del gobierno para aprobar la reforma que presentó, no se entiende por qué evitó promoverla antes, puesto que en ese caso consintió y avaló, con su pasividad, una derrama que él mismo considera injustificada.
Resulta claro que en las manos del gobierno estuvo realizar, durante el primer trienio de su ejercicio, incluso, la reforma constitucional que ahora le fue rechazada y que a su decir hubiera implicado un ahorro de más de 14 mil millones de pesos ¿por qué no lo hizo?
En la lógica de su propia narrativa el gobierno cae en grandes contradicciones y que lo implican, cuando menos, en una responsabilidad de carácter moral por haber dilatado acciones que, bajo sus propias convicciones, debió emprender ¿qué lo explica? Una posible respuesta es que la administración reservó para el segundo trienio reformas constitucionales relevantes como lo son la eléctrica y la electoral, debido a un criterio de carácter estratégico: Si tal no es la explicación, entonces es de suponerse que el gobierno se entrampó en la definición de los tiempos para impulsar sus propuestas; en esa misma óptica es posible especular que éste nunca pensó que la presencia de su partido en el Congreso sería disminuida conforme a los comicios federales de 2021 y que los resultados de la coalición “Va por México” le generaría a los partidos implicados en ella mayor representación en la Cámara baja.
Se tiene ahora una trayectoria convulsa, pues mientras más se dice, menos claro queda por qué el gobierno pretende diezmar al INE sin contar con un mínimo de acuerdos con los partidos opositores y dentro de una trama que concilie frente a lo que se viene en la competencia política para elegir presidente de la República en el 2024. La ruta que se sigue, de triunfar, muestra, desde ahora, que se podrán empantanar los procesos comiciales de ese año.
Toda vez que el gobierno se ha mostrado activo en sus pronunciamientos y posturas a favor de las llamadas corcholatas de su partido para la candidatura presidencial, los indicios muestran que pretende acomodar reglas, normas y procesos para capturar las más amplias garantías a fin de que la fuerza política a la que pertenece se mantenga en el poder. Una pretensión de esa naturaleza congenia con un órgano electoral débil, sujeto a la benevolencia presupuestal de la administración y disminuido en su presencia política.
Sin embargo, no será fácil que se cumplan dichos propósitos, pues además de haberse derrotado la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, lo que corresponde a la legislación secundaria vive, por fortuna, un tracto incierto, pues la colegisladora en el Senado de la República manifiesta una posición distinta al vergonzoso trámite que se le brindó en la Cámara de Diputados. De modo que se espera un importante debate en la Cámara alta y, con ello, la pretensión de que sea rechazada.
El intento de mutilación del INE ha exhibido lo peor del gobierno y de su partido: burdos intentos para impulsar una legislación controvertida, prácticas legislativas que denuestan la vida democrática y republicana, elusión del debate, mayorías automáticas, negociación burda de los intereses de sus partidos aliados, argumentos que buscan asirse de una retórica hueca, determinación inalterable del poder por el poder en el marco de un espíritu claramente autoritario.