No ha pasado mucho tiempo desde que la jurisdicción local de Veracruz acusó a seis jóvenes del delito de ultraje a la autoridad que está estipulado en la ley de aquel territorio como una situación grave que amerita prisión.
Lo más graves de ello— es que nunca se comprobó ningún hecho de esa naturaleza en algunos videos y evidencias que circularon en las redes sociales; los jóvenes jamás opusieron resistencia como para justificar una situación que, desde hace mucho tiempo, se consideró inconstitucional— porque además de violar gravemente los derechos humanos, se abre la posibilidad de distorsionar o cometer un agravio arbitrario.
Finalmente luego de los actos peyorativos, un juez federal concedió un amparo y solicitó, en un plazo de 72 horas, su liberación. Sin embargo, al transcurrir este periodo, el mando local desobedeció por una supuesta ausencia de la autoridad.
Lo cierto es que más allá de todo, la ignominia se desnudó oportunamente desde tiempo. De hecho, hace poco en este mismo espacio de opinión titulamos “¿Qué pasa con la justicia en Veracruz?” en alusión a esa situación. Asimismo, los titulares de la prensa nacional ampliaban la información y, en consecuencia, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado exhortaba a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a actuar.
Quizá por esa razón el rubro se tensó un poco entre la autoridad local de Veracruz, así como del ejecutivo estatal de aquel territorio que parece, al menos en el papel, está ausente o simplemente su criterio es indiferente ante la injusticia, en otras palabras, no le interesa aun y cuando la gravedad del asunto escaló al actuar distante.
Y, por si eso fuera poco, ayer por la mañana fue detenido José Manuel del Rio Virgen, quien funge como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. Curiosamente se da en una coyuntura donde el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal alzó la voz teniendo como fin— exigir justicia ante los atropellos de los seis jóvenes que ya fueron puestos en libertad.
Así pues, se le acusa al funcionario de presunta participación en homicidio. No obstante, más allá de que la autoridad local de Veracruz tiene que salvaguardar sus derechos y comprobar, en todo caso, el delito que se le imputó, tal parece que el origen de todo incluye un aliento malintencionado de revanchismo para intentar desvirtuar una toma de decisiones que nunca ha prosperado— porque simple y sencillamente no hay transparencia o, más bien, estamos en presencia de un anacronismo de sometimiento con los mecanismos que se suponen son para proteger el estado de derecho.
Este abuso de poder— exhibe de nueva cuenta la crisis de seguridad que vive Veracruz. Y peor aún, el gobernador Cuitláhuac García parece haber traicionado los principios de honestidad de la llamada Cuarta Transformación cuando se han señalado y documentado los lamentables hechos que laceran el tejido social y su respuesta, curiosamente, es silenciosa.
Es tan dolorosa la situación que, hoy en día, la procuración de justicia en Veracruz es ambigua. Se observó una situación semejante en la detención de seis jóvenes; ahora, y pese a las denuncias públicas de violaciones a los derechos humanos, sucede una hecho similar que, incluso, el propio Senador Ricardo Monreal tiene la certeza de que se endureció, aunque, lo más lamentable, es el linchamiento verbal y mediático del prestigio que tendrá erradamente el funcionario de la Cámara Alta, José Manuel del Rio Virgen.
Justamente, eso nos pone a pensar si realmente detrás de todo ello hay una consigna política casi casi autoritaria o, más bien, es una declaración beligerante de acuerdo con las voces de protesta desde distintas trincheras.
Mientras todo se aclare, el problema radica en la simulación o, tal vez, en la construcción o fabricación con otros fines o motivos que tiene el afán de dañar la imagen o el prestigio en una hipotética persecución con tintes políticos. Sin embargo, en estos cuestionamientos, hay una ventaja que redobla la sospecha al desnudar la serie de irregularidades de manos de la autoridad encargada de procurar justicia en Veracruz.
No puede ser posible que de la noche a la mañana se concluya que, la mayoría de estos casos, tengan una similitud. Sobra decir que estamos en presencia de una ley local fallida; de hecho, para un juez federal, el delito de ultraje fue inconstitucional y, por esa razón, ordenó la liberación de seis jóvenes. A pesar de que el funcionario del Senado pueda ser un blanco político, hay razones suficientes para pensar que, la ley, actuará con prudencia y responsabilidad.
En los tiempos de la llamada Cuarta Transformación, y donde se han cimentado las bases de la democracia y la justicia, no pueden pasar estos hechos. La política reaccionaria no tiene cabida y, seguramente, el presidente López Obrador tomará el asunto en sus manos para salvaguardar los derechos de los inocentes.