En medio de la polémica pública en torno al plan B y al intento de AMLO y de Morena de reducir al INE a su mínima expresión posible, en este primer trimestre habrá nuevas marchas en defensa de las autoridades electorales. Iniciará el próximo 26 de febrero en el Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, según se ha informado, ciudades como Monterrey, Saltillo, Querétaro, León, Piedras Negras, Puebla, Mexicali, Acapulco y Mérida se sumarán a esta iniciativa de salir a las calles con el objetivo de reclamar al gobierno que la mayoría de los mexicanos reconoce el trabajo del INE en favor de la democracia mexicana.

¿Quién organiza estas marchas? A ver. AMLO, su gobierno y sus apasionados simpatizantes dirán que se trata de una iniciativa surgida de los intereses de Claudio X. González y de un grupo de empresarios mezquinos que buscan el derrocamiento del régimen lopezobradorista. Se antoja, en este sentido, asaz irrisorio que se busque, a estas alturas de la administración, la caída del gobierno de AMLO. Sin embargo, el discurso sirve bien para desacreditar la marcha y cualquier opinión en torno a ella.

La realidad, en mi opinión, es otra. La marcha surge de la voluntad de un gran número de mexicanos que desean ejercer presión sobre la clase política para que el plan B no sea puesto en marcha. Desafortunadamente, como es bien sabido, Morena y sus aliados, sin la menor convicción conciliatoria, utilizaron su mayoría legislativa para promulgar una serie de reformas a leyes secundarias, que no solamente son aparentemente inconstitucionales (esto lo deberán dirimir 8 magistrados de la Suprema Corte) sino que es un asedio a una institución bien valorada y que ha contribuido al fortalecimiento de nuestra democracia en ciernes.

¿Cuál será el resultado de la marcha? ¿Influirá el número de participantes en la eventual decisión de la Corte? ¿Será “la calle” punto de inflexión en una decisión de carácter estrictamente judicial? No lo sabemos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la Suprema Corte mexicana, que debería limitarse a hacer interpretaciones jurídicas de las leyes y de la Constitución, ha estado vulnerable a los vaivenes de la política, lo que permite deducir que una marcha exitosa el próximo 26 de septiembre podría tener resonancia en lo que ocurre en el interior de las salas del máximo tribunal jurisdiccional del Estado.

En suma, un componente fundamental de la democracia mexicana, léase, la democracia electoral, está sujeta hoy a lo que dispongan 8 jueces. Y en medio de ellos, una nación profundamente polarizada entre los que aspiran a gozar de elecciones libres y los que siguen ciegamente el mensaje del presidente.