Este lunes, la Suprema Corte de Justicia podría aprobar un proyecto de amparo liso y llano que brinda libertad inmediata a Héctor, Gonzalo y Juan Luis, hombres desconocidos que se hermanaron tras enfrentar falsas acusaciones por secuestro en Tabasco.

Los años que pasaron en prisión nadie se los va a devolver, pero al menos, no serán los 60, 40 o 20 años que pudieron haber sido. No fue tarea sencilla: además de un largo litigio con varios cambios de representante, un atentado, amenazas por parte de la Fiscalía e irregularidades brutales, fue necesario que un documental colocara el caso en la agenda.

Duda razonable” exhibe la fragilidad del sistema que envuelve a las víctimas y acusados en una vorágine burocrática a la que no le interesa la verdad ni la justicia, sino tener un culpable y blanquear una estadística. Exhibe también las prácticas nocivas que no se extinguieron por mandato de ley, como la tortura para arrancar confesiones y el desacato para hacer valer  “derechos humanos” escondidos casi de manera poética en líneas de la Constitución, como por ejemplo, aquello que entendemos por “justicia pronta y expedita”.

Pasaron meses desde el estreno en Netflix, llegó a la palestra presidencial y en todos los niveles, hubo indignados, uno que otro ingenuo, sorprendido. ¿Servirá la cárcel ? ¿Alguien conocerá a algún infractor que al salir, haya logrado una vida reformada y diferente? ¿Para qué sirve la cárcel si los que están dentro, se mueren de la espera y los de afuera, se mueren de miedo? ¿Para qué confiar en un juez o un abogado si las posibilidades de lograr justicia dependen, en gran medida, de lo popular o mediático que pueda ser un caso? ¿No es que el olvido y la ignorancia son también una forma de condena?

El estudio Impunidad en homicidio doloso y feminicidio 2022 de la organización Impunidad Cero dice que menos de la mitad de feminicidios logra esclarecerse y que 7 de cada 100 homicidios alcanzan sentencia. Dicho en otras palabras, hay 91.4 por ciento de impunidad en homicidios dolosos.

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Sostengo que la indemnización por parte del Estado tendría que contemplar desde un cambio de nombre e identidad, si así lo eligieran, pues seamos honestos: nadie que haya salido de la cárcel ha logrado que dejen de calificarle como “delincuente”, a excepción de los políticos y empresarios, por puro clasismo. Merecen una amplia compensación por todo lo que dejaron de ganar, por los años con el nombre manchado de haber cometido lo que no cometieron, pero principalmente, con la promesa de que no pasará de nuevo. Lo último es improbable.

Entonces ¿ De qué están llenas las cárceles? Cada expediente es una posible persona inocente con un archivo que se ha convertido en parte de la colección engordada de cualquier juzgado penal. El tiempo para descubrir si lo hizo o no, al menos, para resolverlo, podría tardar más de 7 años si no tienen la suerte de que su historia sea dada a conocer.

Mientras que el Estado mexicano entienda la “justicia” como una exigencia mediática que cumplir con efectos de tener un buen impacto en la imagen, la impunidad permanecerá para los desconocidos y el olvido será otra manera de impunidad. Pero mientras el poder judicial no tenga procesos ágiles, mientras sea tan fácil fabricar culpables, torturar, maquillar la realidad, engrosar la prisión preventiva y el punitivismo, esta realidad seguirá siendo el pan nuestro de cada día. Y ahora que ellos saldrán, siendo inocentes, acusados y condenados injustamente… Su  vida podría no ser la misma.

El “requisito” laboral de no tener antecedentes penales, prácticamente, los mantendrá excluidos de aquellos espacios considerados formales. De hecho, es muy probable que deban realizar otro procedimiento administrativo para borrar la huella que tienen. Cualquier preso, en su salida se enfrenta a la exclusión. ¿No habíamos quedado que la cárcel era para reinserción social? ¿Qué algún día podrían arrepentirse, pagar su condena, reparar el daño y construir una nueva vida?

Paradójicamente, la condena del sistema para los que han estado presos es que si lo cometieron o no, su única manera de tener ingresos será de manera informal. Y aquellos que hayan cometido cosas peores pero tuvieron el dinero para mover el sistema, seguramente, estarán entre nosotros… como tanto temen los conservadores que se oponen a examinar la prisión preventiva oficiosa.

La condena para las víctimas es igual de escalofriante: sus agresores podrían seguir fuera, podría ser que la autoridad se equivocó, como en este y tantos casos, mientras sus secuestradores cobran represalias por atreverse a denunciar... Este es el verdadero nido de la violencia: mucha guardia nacional, poco poder judicial. Una tragedia.