Sumándose al respaldo por la ratificación de la fiscal Godoy, más de 100 colectivas que integramos la Agenda Feminista por la Ciudad de México expresaron una solicitud al Consejo Judicial Ciudadano así como al Congreso de la Ciudad de México para que la titular de la Fiscalía capitalina pueda continuar los trabajos que mantienen en materia de violencia familiar, vicaria, institucional y sexual.
Este martes, con la organización del senador José Narro Céspedes y la presencia del senador César Cravioto, la Fiscalía de la Ciudad de México fue reconocida por sus logros en un foro sobre el acceso a la justicia de las mujeres. Durante el evento, la mtra. Ernestina Godoy explicó la difícil situación en que se encontraba la institución cuando ella tomó el cargo, así como las profundas transformaciones en las que ha priorizado a las víctimas, hecho que hemos documentado con audiencias semanales en las que nuestras compañeras sobrevivientes a violencia sexual, denuncias falsas, violencia vicaria, violencia familiar y delitos contra la privacidad han logrado avances sustanciales.
Su gestión ha sido la encargada de afrontar la transición de Procuraduría a Fiscalía, en la que diversas áreas fueron creadas como la Fiscalía Especializada para la investigación del Feminicidio y otras fortalecidas, como la división que combate la trata de personas. Entre los logros, se destacan las mesas de trabajo con colectivas, organizaciones de víctimas y mujeres que ha permitido identificar nuevas modalidades en la comisión de delitos contra la intimidad sexual de las mujeres así como el avance en identificar y combatir las denuncias falsas a través del sistema tecnológico “Teo”, que con inteligencia artificial mediante un ChatBot recopila la información de servidores públicos, carpetas de investigación y actuaciones irregulares para investigar e impedir que se cometan injusticias.
Acompañada de la coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, Sayuri Herrera, así como de las y los fiscales que integran distintas áreas de los delitos contra mujeres, Ernestina Godoy recibió un reconocimiento de Presea Libertad para las Mujeres por parte de organizaciones entre las que destacan la Unión de Madres Protectoras, la coordinadora de Alianzas por los Derechos de las Maternidades e Infancias de Latinoamérica A.C., Colectiva Deconstrucción Violeta, Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, TzompantliCoatlicue, Ley Camila, Frente Nacional Contra los Deudores Alimentarios, Ley Sabina, Voces por la Justicia, coordinadora Nacional Plan de Ayala Mujeres Campesinas, entre otros.
Durante su intervención, el senador César Cravioto reconoció la profesionalidad de Ernestina Godoy durante las investigaciones integradas en contra del fiscal Uriel Carmona por su complicidad en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, así como el compromiso en el combate contra la corrupción al lograr la vinculación a proceso de una red vinculada con el Partido Acción Nacional de las alcaldías Miguel Hidalgo y Benito Juárez conocida como el “Cártel Inmobiliario”.
Por su parte, Gabriela Pablos Saucedo, sobreviviente de violencia mediática y violencia vicaria, presentó de la mano con el senador José Narro Céspedes una iniciativa para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales ya que fue identificada una nueva forma de comisión del delito contra la intimidad sexual que la Ley Olimpia no contempla, se trata de la difusión de contenido sexual en carpetas de investigación que son ofrecidas como prueba sin tener relación con los hechos denunciados, o bien, sin mantener idoneidad. El senador José Narro Céspedes destacó que esta reforma tiene como objetivo evitar que los agresores realicen un fraude a la ley so pretexto de ofrecer pruebas cuando brindan fotografías de mujeres desnudas con el único objetivo de exhibir a las víctimas, humillarlas, sobajarlas y exponerlas a otros riesgos como el hecho de que abogados tomen fotografías, a su vez, de las carpetas de investigación y difundan aquellas fotografías sexuales.
En el caso de la fundadora de la Unión de Madres Protectoras, organización que lucha contra la violencia vicaria, se ofrecieron pruebas de su cuerpo desnudo al recibir una acusación falsa de supuesta drogadicción, misma que no pudo ser acreditada ya que en vez de ofrecer un peritaje toxicológico o prueba similar, fue ofrecido un escrito con impresiones fotográficas mientras dormía y amamantaba, ambas exhibiendo su cuerpo. Tales contenidos, a su vez, fueron filtrados a la prensa y publicados en reportajes del reportero Carlos Jiménez “C4″, quién exhibió partes íntegras de una carpeta de investigación donde se pretendía fabricar como culpable a la Gabriela Pablos para volver a quitarle a su menor hijo, que fue recuperado después de que ella fuese injustamente apresada en Sinaloa. La carpeta de investigación sobre hechos falsos fue desechada y archivada al advertirse que se trataba de un montaje. La denominada “Ley Gaby Pablos” fue producto de las mesas de trabajo instaladas con la fiscal Ernestina Godoy en las que se reconoció el vacío legal que impidió que quienes exhibieron tales fotos fueran vinculados a proceso por la Ley Olimpia.
En tanto, Karla García Tello, sobreviviente a feminicidio en grado de tentativa al igual que los abogados Mayra Hernández, Manuel Granados Covarrubias y Pablo Huerta reconocieron y agradecieron a la fiscal Ernestina Godoy así como a todo su equipo, destacando a través de una misiva la urgencia por lograr su ratificación y el compromiso que implica para mujeres, niñas, niños y adolescentes que pueda continuar la metodología de atención a víctimas, en la cual, cada semana se reciben en mesas de 10 a 30 mujeres donde se encuentran presentes los fiscales y ministerios públicos encargados de sus asuntos para brindar seguimiento.
Tan sólo en este año, han logrado la recuperación de 20 menores, más de 300 horas de escucha, cerca de 70 agresores de mujeres e infancias vinculados a proceso y durante el evento, se manifestó la importancia de brindar continuidad al combate a la corrupción y a la impunidad que hasta ahora se ha instalado al interior de una de las instituciones peor evaluadas en años anteriores.
