La reciente convocatoria de legisladores y organizaciones de la sociedad civil para reformar el sistema judicial mexicano desde una perspectiva feminista es un llamado urgente a la justicia, un acto de resistencia ante una estructura que, por décadas, ha silenciado las voces de las víctimas y perpetuado la violencia de género en sus decisiones. Es una propuesta ambiciosa y arriesgada: asegurar que, en 2025, la elección de jueces, magistrados y ministros incluya un enfoque de género con las víctimas en el centro del proceso. Pero ¿por qué esperar hasta entonces? Esta iniciativa debería ponerse en marcha ahora destituyendo a los agresores que ejercen labores de juzgador.
En el foro “Hacia una Reforma Judicial Feminista en Legislación Secundaria”, legisladoras como Alejandra Chedraui Peralta y activistas como Gabriela Pablos subrayaron el horror cotidiano de un sistema judicial que no solo falla a las mujeres, sino que activamente revictimiza y perpetúa la impunidad. El machismo judicial no es una simple falta de sensibilidad; es un mecanismo que encubre, minimiza y perpetúa abusos. Es la madre que pierde a sus hijos injustamente, la mujer violentada que encuentra las puertas cerradas, y el feminicida que sigue libre. Hoy, ese mismo sistema debería enfrentarse a una realidad ineludible: el cambio debe ser radical y, en su corazón, debe latir la perspectiva de género.
Propuestas como la “Ley 3 de 3″ y la creación de un tribunal disciplinario con perspectiva de género no son meras reformas; son cambios fundamentales para asegurar que los agresores no se conviertan en jueces y que si lo son, dejen de serlo. La reforma debe comprometerse con la capacitación continua, la creación de defensorías públicas especializadas y, sobre todo, con un observatorio ciudadano que registre y sancione sentencias misóginas. Las legisladoras en el foro lo dejaron claro: el sistema judicial mexicano no puede permanecer estático, perpetuando la exclusión y permitiendo que jueces con actitudes misóginas y comportamientos abusivos mantengan su poder sobre las vidas de las mujeres.
Existen cientos de inconformidades por la reforma judicial, la nuestra es que la reforma no tiene perspectiva victimal. Sin embargo, hoy vale la pena agradecer la confianza de las compañeras y la voluntad política para que esta reforma contribuya a que el Poder Judicial deje de tener agresores machistas entre sus filas.Diariamente encontramos casos en los que el machismo judicial hace que las mujeres más pobres pierdan la libertad, pierdan a sus hijos o pierdan la oportunidad de obtener justicia. Diariamente encontramos juzgadores que sistemáticamente son misóginos. Que encuentran como prejuzgar por estereotipos a las mujeres, más en violencia familiar y violencia vicaria: si una mujer trabaja, su problema es trabajar y no poder cuidar a sus hijos, por lo tanto, puede perderlos; si una mujer no trabaja, entonces no tiene recursos y no puede sostener una familia, por lo tanto, debe perder a sus menores. Si una mujer fue violada por su pareja, era su pareja y entonces, según el juzgador, no hay violación. Si una mujer fue violada por un desconocido, algo habría hecho: ¿la hora? ¿La ropa? ¿El lugar? En fin. Miles de puntos son mejorables, pero nadie puede negar que en el Poder Judicial hay agresores, como Góngora Pimentel o Fidel Gallegos.
En este gran debate y esta crisis constitucional, elijo el lado que nadie tiene: el de las víctimas. Ese “nadie” somos muchas, miles de mujeres afectadas por la ineficiencia y negligencia jurisdiccional y diario nos honro porque tras las colectivas, hay dolor, mujeres de carne y hueso, historias sin resolver, causas perdidas, casos que nunca logramos justicia. Hay luto, pero también hay coraje.
La violencia de género en México cobra la vida de diez mujeres al día, una cifra escalofriante que debería marcar la agenda política de todas las instituciones. Sin embargo, el cambio propuesto enfrenta obstáculos internos y externos. ¿Están los ministros y jueces dispuestos a renunciar a una forma de justicia que, al proteger sus privilegios, aplasta los derechos de las mujeres? ¿Aceptarán que, para que las mujeres tengan acceso real a la justicia, el sistema judicial debe sufrir una transformación profunda, empezando por los criterios de selección de sus integrantes?
Diputadas como Teresa Ealy y Alejandra Chedraui han dicho que esta reforma no solo protegería a las mujeres, sino que enviaría un mensaje claro: en nuestra sociedad, la igualdad no es negociable, y la justicia debe ser accesible para todas las mujeres. Pero no basta con enunciarlo; el compromiso debe estar en el papel, en las leyes, y en la implementación de una reforma que no dependa de la voluntad política de quienes ven la justicia como un privilegio.
Es hora de que el Poder Judicial se someta a una revisión exhaustiva. La reforma debe ir más allá de los discursos y convertirse en una realidad tangible que proteja a las mujeres. Debe eliminar a quienes se aprovechan de un sistema que históricamente ha sido cómplice de la opresión. No es un acto de concesión; es un acto de justicia elemental. Y en el México de hoy, esa justicia es urgente y no puede esperar más.