Cada asimilación de fondos y recursos provenientes de fideicomisos, que estaban constituidos para asegurar y prever el desempeño de actividades que requerían de certeza en su flujo financiero, fue justificado por la declaración gubernamental de que la desaparición de tales acervos no pondría en duda el apoyo que brindaría la federación para la realización de las funciones y tareas que éstos cubrían.
De conformidad con en esa idea, fueron eliminados una multiplicidad de fideicomisos con la consecuente incorporación al erario federal central, de los recursos financieros que aquellos tenían asignados.
Eso ocurrió, coincidente con el hecho de que la federación se convirtió en una insaciable fuente demandante de fondos presupuestales para financiar las grandes obras, especialmente la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles, que han sido desarrolladas con gran desenfado económico y administrativo, como lo pone en evidencia el desinterés de contar con de estudios detallados de su costo- beneficio, en el marco de una evaluación responsable y seria, que permitiera una debida revisión y desarrollo de los proyectos.
La necesidad de optimizar el ejercicio del presupuesto desapareció artificialmente, o se ocultó bajo la opacidad prohijada por la debilidad de la Auditoría Superior de la Federación, que ha reducido su ritmo y nivel de auditorías; en esa misma dirección se encuentra el blindaje que se construyó para evitar brindar información sobre avances, costos, trámites y modificación de tales proyectos, una vez que se les declaró reservados por razones de seguridad nacional.
Se tiene, entonces, un proceso de realización de las obras en cuestión sujetas a una importante secrecía, inscritas en un esquema de gran discrecionalidad, que impide u obstaculiza el seguimiento de las decisiones para la asignación de contratos, adquisiciones, suministros, designación de proveedores (casi sin mediar la realización de concursos) y, por si fuera poco, con una evaluación interna o doméstica sobre el avance y conclusión de tareas y contratos.
Sucede una reiterada corrección de los proyectos debido a problemas no previstos o ante necesidades de ajustes sobre la marcha, pero el cerco informativo cancela la posibilidad de una revisión detallada.
No por casualidad, se diseñó y concretó, en torno de las obras emblemáticas de esta administración, un coctel que luce por una discrecionalidad difícil de emular en otras épocas del país, y que es el sueño en el que quisieran desempeñarse los proclives a los fraudes y la corrupción. En donde, aun los que no tienen tales inclinaciones, es de anticipar se vean tentados a caer en ellas debido a las facilidades y holgura que presenta el esquema de operación financiera y contractual que se puso en pie para su realización.
Si no se trata de un diseño deliberado para alentar la corrupción y el abuso en el uso de recursos, parece difícil controlar que, de todas formas, no suceda así debido a lo laxo de los procedimientos que se emplean para la concreción de las obras en cuestión.
Además, existe una gran manga ancha presupuestal a partir del hecho que los recursos que se les asigna a esas obras están amparados en el presupuesto federal y en el régimen de transferencias y reasignaciones que éste permite, de tal suerte que se cubren con facilidad los sobrecostos o excesos en el gasto presupuestado.
Los ahorros y mayor disponibilidad que supuestamente proceden de la disminución de la corrupción abren una frontera inaccesible para el rigor del ejercicio presupuestal, y ofrece un margen de maniobra alto que más bien parece ampararse en la voracidad de la federación para hacer uso de los recursos que extrajo de los fideicomisos y de ahorros no probados, que todo indica son más bien ficticios y demagógicos.
Las mediciones que han hecho distintos organismos sobre la percepción de corrupción en esta administración no reportan disminuciones y, por el contrario, muestran una tendencia a la alta; pero la retórica oficial declara lo contrario, al tiempo de promover una imagen de eficiencia, sobre la ineficiencia que tiene el ejercicio del gasto público.
Los montos erogados sobre las tres obras muestran un sobrecosto formidable que excede, en el caso del Tren Maya, casi dos veces lo originalmente previsto; en la Refinería de Dos Bocas un exceso de más de la mitad de lo contemplado al principio y en el Aeropuerto Felipe Ángeles un sobrecosto de casi el 25%. En este último caso, sin considerar el subsidio que ha demandado su operación.
Mientras esto sucede, la intervención de la federación para aliviar los estragos que dejó el huracán Otis y para reparar los daños que propició, han sido insuficientes y retardados. Guerrero, se muestra singularmente afectado y con un pronóstico difícil para establecer su vuelta a la normalidad; algunas comunidades se encuentran desoladas y su población en condiciones de desesperación.
El Famoso Fondo para atender los desastres naturales, el Fonden, se encuentra entre aquellos que la federación absorbió con la peregrina tesis que su desaparición no afectaría, pues el gobierno cubriría con diligencia las necesidades que se presentaran por fenómenos de ese tipo; sin embargo, con dicho meteoro ha quedado claro que no ha sido así.
En el municipio de Coyuca de Benítez existen diversas comunidades marcadas por las necesidades no cubiertas y por la falta de ayuda oportuna; la desaparición del Fondo para la atención de este tipo de fenómenos muestra que fue una decisión precipitada y desafortunada; corrobora que fue una medida para darle a la federación, de forma artificial, el manejo de mayores recursos y que ha sido una acción irresponsable.
Por lo pronto, existe una población demandante de respuestas que desespera ante la tardanza del gobierno para actuar con solidaridad y eficiencia.