Hoy se conmemora el aniversario número 250 de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, firmada en 1776. Sitios históricos como el célebre Independence Hall y piezas como la famosa Liberty Bell recuerdan el suceso. Quien ha tenido ocasión de visitar esa ciudad habrá podido sentir el fortísimo carácter de la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pennsylvania.
Aquel día significó el inicio de una cruenta lucha armada que culminaría en 1783 con el nacimiento de un nuevo país que estaría destinado a convertirse en la primera potencia mundial en el siglo XXI. Sin embargo, la fundación de ese nuevo Estado estaría envuelta en claroscuros.
Del lado de las luces, fueron los pioneros en poner en marcha un sistema de democracia moderna marcada por la división de poderes y un plano federal determinado por la unión voluntaria de trece estados. Mientras el Congreso y el presidente en Washington serían responsables de la gestión de los asuntos que involucraban a la nueva federación, las entidades se mantuvieron firmes en su determinación de conservar sus prerrogativas, pues, como se recordará, las colonias de la América británica habían dirigido sus asuntos internos (hasta la imposición de nuevos impuestos que serían el motivo del descontento de los colonos) con independencia en relación con el gobierno británico.
La fundación de una nueva Suprema Corte marcó igualmente el tránsito hacia un Estado de derecho que sería el garante del respeto de la interpretación de la constitución y de las leyes. Con el paso de los años, y una vez insertadas las diez primeras Enmiendas (Bill of Rights) Estados Unidos consolidó un edificio sólido de contrapesos dirigidos a defender la propiedad privada, a salvaguardar el interés individual y a detener cualquier tipo de intromisión de un poder sobre el otro.
Hoy, a pesar de la abierta apuesta del presidente Donald Trump por socavar el sistema democrático, el poder Judicial se ha mantenido de pie en su objetivo fundacional de limitar el alcance de las acciones presidenciales.
Sin embargo, las sombras descansan en lo que hicieron Estados Unidos en el siglo XIX. A pesar del aparente cariz democrático de hombres como Thomas Jefferson y George Washington, la esclavitud perduró vigente hasta la segunda mitad del siglo, lo que se tradujo en la precarización cuasi general de una minoría negra que no encontraría espacios en la vida pública hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX.
En adición, la política imperialista estadounidense les llevó a arrebatarle a México más de la mitad de su territorio, amén de la múltiples intervenciones militares en distintos rincones del planeta bajo la idea de una voluntad expansionista disfrazada de bandera democrática. Tampoco escatimaron esfuerzos en dar continuidad a su proyecto en detrimento del orden internacional y del respeto a la soberanía de otros Estados.
Violaron fronteras, se apropiaron de las tierras de indios, despojaron a minorías de sus propiedades, iniciaron guerras internacionales, esclavizaron hombres y mujeres e impusieron su voluntad de hacer valer una doctrina Monroe que no era algo más que una declaración de intenciones dirigida a apoderarse del continente americano.
Los 250 años de vida de Estados Unidos dan cuenta de un proyecto imperialista que hoy se encuentra asediado por el auge de China y por la multipolaridad, pero que igualmente trastocó profundamente la vida de millones de personas alrededor del mundo bajo cuestionables principios.
En suma, la historia de Estados Unidos no debe ser contada como lo hacen los populismos latinoamericanos, ni como lo hicieron los soviéticos u otros enemigos, pero tampoco desde la óptica de los grandes panegiristas estadounidenses. Encierra, como todo, luces y sombras.