Una de las peores herencias que quienes habitan el mundo dejan a las nuevas generaciones es la de un planeta contaminado y explotado desde los recursos naturales hasta la desigualdad climática, en el que sufren mucho más los países más pobres al enfrentar las consecuencias por la contaminación que generan los más ricos.
Los datos de Oxfam son contundentes: El 1% más rico de México contaminó más que el 80% del país en 2019, y entre 2000 y 2019 ese sector económico duplicó sus emisiones de dióxido de carbono (CO2), mientras que el 99 % restante las redujo 30%. Aun así, los impuestos verdes que son impuestos locales son insuficientes e ineficientes: No todas las entidades los han implementado y las que lo han hecho, no han demostrado que el destino de los recursos que fueron recaudados se haya enfocado en implementar medidas de acción contra el cambio climático, manejo de residuos, disminución de la huella de carbono o impacto ambiental de las industrias que lo causaron.
En el año 2023, se proyecta un cierre con ingresos por concepto de impuestos ambientales que ascienden a mil 640 millones de pesos. A pesar de que todas las entidades federativas albergan industrias emisoras de contaminantes atmosféricos y empresas con extensas flotillas de vehículos, únicamente 13 estados han implementado gravámenes al respecto. Entre estos se incluyen Baja California, Campeche, Coahuila, Durango, Guanajuato, Nayarit y Estado de México.
La justicia climática no sólo implica que se cobren impuestos sobre las actividades e industrias más contaminantes, sino que aquello sirva para atemperar las consecuencias y estragos que se sufren en las comunidades cercanas a las plantas industriales, fábricas y sedes de emisiones de contaminantes. Actualmente, las entidades que implementan los impuestos verdes tan sólo han incorporado 4 de los múltiples que existen en otros países.
En un revelador encuentro organizado por la Asociación Nacional de la Industria del plástico, A.C. (Anipac), junto a PetStar, la planta recicladora de PET grado alimenticio más grande del mundo, expertos ambientales destacaron que únicamente 13 estados mexicanos han tomado medidas concretas al imponer alguno de los cuatro impuestos ambientales existentes. Se espera que, para fines de 2023, estos gravámenes generen ingresos superiores a mil 640 millones de pesos. Ninguno de ellos contempla imponer algún tipo de impuesto o sanción a partidos políticos que dejen las calles contaminadas con propaganda, ni contempla que el manejo de sus residuos logre alcanzar objetivos de reciclaje dignos para el medio ambiente.
Estos 4 gravámenes abordan: la extracción de materiales, emisión de gases a la atmósfera, emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, así como el depósito o almacenamiento de residuos. Cada estado tiene la facultad de legislar sobre los impuestos ambientales que desea cobrar, y solo estos 13 han ejercido dicha facultad. Se ha reportado que entidades como Baja California, Nuevo León, y Querétaro lideran la vanguardia con la fiscalización de tres impuestos ambientales cada uno, según sus respectivas leyes de ingresos para el presente año. No obstante, resaltó que Zacatecas destaca al ser el único estado que implementa los cuatro impuestos.
Algunos de los impuestos ambientales más comunes, además de estos, que se implementan en otros países son:
- Impuestos sobre la contaminación atmosférica: Gravan las emisiones de gases contaminantes, como dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, provenientes de fuentes industriales y vehículos.
- Impuestos sobre la emisión de gases de efecto invernadero: Diseñados para combatir el cambio climático, gravan las emisiones de gases como dióxido de carbono (CO2), metano y óxidos de nitrógeno.
- Impuestos sobre la gestión de residuos: Gravan la producción y eliminación de residuos sólidos, promoviendo la reducción y el reciclaje.
- Impuestos sobre el uso del agua: Se aplican a actividades que consumen agua en exceso, fomentando la conservación y el uso sostenible.
- Impuestos sobre la extracción de recursos naturales: Gravan la extracción de recursos como minerales, madera o combustibles fósiles, incentivando la eficiencia y la conservación.
- Impuestos sobre la energía: Gravan la producción y el consumo de energía, alentando la eficiencia energética y la transición hacia fuentes renovables.
- Impuestos sobre pesticidas y productos químicos: Se aplican a productos químicos agrícolas y pesticidas, promoviendo prácticas agrícolas más sostenibles.
- Impuestos sobre el uso del suelo: Buscan desincentivar el desarrollo no sostenible y la pérdida de áreas verdes.
- Impuestos sobre vehículos contaminantes: Gravan la propiedad o el uso de vehículos que emiten altos niveles de contaminantes.
A pesar de que Zacatecas proyecta liderar la recaudación al cerrar el año con 350 millones de pesos por los cuatro impuestos, seguido por Querétaro con 303.2 millones, y Nuevo León con un poco más de 400 millones. Yucatán y Guanajuato también destacan, proyectando recaudaciones de 150 y 100 millones respectivamente, nada se habla de que estos recursos tengan un destino de inversión benéfico para las comunidades que sufren los efectos de los contaminantes, como ríos tóxicos, enfermedades respiratorias y cutáneas para quienes viven cerca de minas o fábricas, etc. O sea, se recaudan pero al llegar a las arcas del Estado, no tienen un etiquetado enfocado hacia sanar a la naturaleza en el daño creado.
La desigualdad climática es tan evidente que el pago por la emisión de gases a la atmósfera se considera “voluntario”, calculándose a través del consumo de electricidad y combustible de las empresas, mientras que cada día, más familias tienen que adaptarse a los servicios limitados de agua o electricidad: en Cuautitlán Izcalli, hay agua tan sólo dos días de la semana, en un lapso de 4 a 5 horas en el que quien pueda y tenga, debe llenar tinacos y piletas.
El llamado más sensato debería enfocarse en la necesidad de que el sector empresarial reduzca la contaminación, ya que, de lo contrario, la recaudación podría convertirse en un gasto significativo. Los impuestos verdes son un paso básico para equilibrar la balanza además de que la regulación de los impuestos ambientales presionará a las grandes empresas, las más contaminantes, a ajustar sus instalaciones eléctricas y a optimizar sus consumos.
En el contexto del reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el aumento del calentamiento global a 1.7 grados Celsius, Munguía Ponce destaca la urgencia de actuar para evitar situaciones críticas en el futuro. La ONU ha reiterado su llamado a reducir las emisiones en al menos un 28 por ciento para evitar superar los 2.0 grados Celsius a nivel mundial, subrayando la brecha cada vez mayor que impide alcanzar el compromiso de París de limitar el calentamiento global a 1.5 grados.
Un impuesto verde a los partidos políticos contaminantes
En la antesala del 2024, parece sorprendente que haya conformidad con que cada partido se comprometa a recoger su propaganda después de los procesos electorales. A decir verdad, en plena revolución digital en la que prácticamente los mayores impactos se generan mediante dispositivos electrónicos, la propaganda impresa y contaminante resulta ofensiva.
No conocemos nada de los procesos, pero si hay algunas certezas sobre aquellos materiales: el plástico puede tardar hasta 500 años en degradarse, pero es el material con el que se realizan lonas y promocionales; el papel, cartón o hasta materiales de panfletos terminarán en tiraderos de basura si bien se maneja. La contienda debe comenzar a preparar una transición en la que hacia 2030, toda campaña sea únicamente digital. Inclusive, ya existen espectaculares digitales, grandes pantallas con luces LED o proyectores que reducen el consumo energético utilizando la luz solar mientras promocionan algo (que igualmente puede ser contaminación visual).
Ojalá que la politiquería se supere por la inminente amenaza que implica el cambio climático.