En la política de vivienda, el gobierno ha encontrado una solución habitacional para cada fracaso: alojarlo en la oposición.
Reflexión propia
Que caiga. Lo escribo al principio para que nadie tenga que llegar al último párrafo buscando dónde escondí la opinión. Quiero que Pedro Sánchez deje el gobierno por los cauces democráticos. Y quiero que quien lo sustituya entienda que una victoria electoral tampoco concede el derecho a convertir un país en sala de espera de su siguiente campaña. Si eso en México suena conocido, no es mera coincidencia.
La escena española tiene algo obsceno: los ciudadanos discuten cuánto tiempo podrán seguir en sus casas; el presidente calcula cuánto tiempo podrá seguir en la suya. Una diferencia considerable: la residencia de La Moncloa se paga entre todos. Su Sanchidad tiene resuelto el problema de vivienda; lo que le inquieta es el de permanencia…
El viernes 2 de octubre, el Congreso rechazó los dos decretos de vivienda del ejecutivo. El primero cayó por 178 votos contra 172; el segundo, que establecía la renovación automática de los alquileres, por 184 contra 166. Este último había estado vigente apenas dieciséis horas. Un contrato indefinido con una esperanza de vida inferior a la de un ramo de flores...
PP, Vox, Junts y UPN votaron contra el primero; al rechazo del segundo se sumaron PNV y Coalición Canaria.
Dieciséis horas. Conviene quedarse ahí un momento. En ese lapso caben una promesa, un titular, una rueda de prensa y la derogación. Lo que difícilmente cabe es la tranquilidad de una familia cualquiera en España. Cuando se legisla sobre dónde dormirá la gente, asegurar los votos forma parte del trabajo; qué conste: el aplauso del Consejo de Ministros no sustituye la mayoría del Congreso.
Ahora demos marcha atrás. Antes de la derrota hubo decretos; antes de los decretos, protestas; antes de las protestas, una crisis de vivienda que llevaba años. Sin embargo, después del fracaso, la pregunta que monopoliza la conversación política es si a Sánchez le conviene convocar elecciones. El problema cambió de propietario: empezó en las casas de los españoles y terminó en la estrategia del PSOE. ¡Qué tragedia!
Durante el sábado 3 de octubre, las movilizaciones por la vivienda recorrieron distintas ciudades. Este domingo 4, mientras Sánchez mantiene abierta su reflexión, El País informa que buena parte del PSOE y del Gobierno lo anima a adelantar las elecciones...
El 29 de noviembre aparece como una fecha posible, todavía sin convocatoria. La indignación de quienes no encuentran casa puede convertirse, según ese cálculo, en una oportunidad para quienes llevan años gobernando. ¿Así o más nefasto?
Aquí está mi hipótesis: Sánchez puede intentar que la campaña cambie la pregunta. Que dejemos de examinar qué hizo su gobierno con la vivienda para discutir quién impidió su último decreto. Es una operación políticamente rentable: comprimir años de responsabilidad en una votación adversa y pedir una nueva mayoría para reparar el desastre que se atribuye a los demás. Una especie de garantía extendida: el aparato falla, pero el fabricante exige que le renovemos la confianza.
Junts tampoco merece una aureola. Para nada. El sábado, Miriam Nogueras y Jordi Turull ofrecieron reabrir la negociación y acusaron al Ejecutivo de electoralismo. Rechazar una norma y después ofrecer otro texto puede ser negociación legítima; también puede servir para elevar el precio de unos votos indispensables. Que ni qué. Pero Pero Sánchez eligió depender de ese socio. No se vale presentarlo como garantía de gobernabilidad cuando se le invistió y como una calamidad llegada del espacio cuando se le votó en contra.
La mayoría que sustenta la investidura sirve para entrar; gobernar exige reconstruirla constantemente para decidir. Esa es la factura que La Moncloa quisiera mandar al domicilio de otros.
Y sería igualmente tramposo que la oposición creyera saldada la suya con un «no»: quien tumba medidas de protección debe explicar qué alternativa viable ofrece a quienes las necesitaban.
Hay, además, alguien que casi nunca aparece en la fotografía de los anuncios: el próximo inquilino. Quien ya tiene contrato puede obtener alivio de una prórroga. Quien busca su primer alquiler necesita que haya una vivienda disponible y alguien dispuesto a arrendársela. Si la regulación aumenta el riesgo o la incertidumbre para el propietario, puede endurecer la selección de candidatos y reducir la oferta. El coste acaba recayendo precisamente sobre quien tiene menos ingresos, menos garantías o ningún aval familiar. Es un riesgo que debe evaluarse, no una consecuencia idéntica de cualquier intervención.
Por eso me niego a elegir entre la caricatura del casero depredador y la del inquilino aprovechado. Hay abusos que combatir, hogares que proteger y propietarios pequeños que no pueden financiar por su cuenta una obligación pública. Una política seria debe explicar quién paga la protección, cómo se ejecuta y cómo se amplía la oferta. Hacen falta vivienda social, suelo disponible, licencias ágiles, garantías de cobro y reglas previsibles. Bastante menos fotogénico que señalar a los buitres; bastante más útil que discutir sus plumas…
Pensemos en una Rosa hipotética: una viuda con una pensión de 950 euros que depende del alquiler de un piso para completar sus ingresos. Si deja de cobrarlo, las cuotas de comunidad y las reparaciones no dejan de llegar. Tener una propiedad no equivale a tener dinero disponible para sostener un impago. La etiqueta de «rentista» borra esa diferencia con admirable eficiencia: convierte una escritura en prueba de riqueza y ahorra al político la molestia de examinar quién puede absorber realmente el coste de su propuesta.
Tampoco voy a sostener que Rosa estaría obligada a indemnizar a unos inquilinos por resolver el contrato ante un impago: la ley permite reclamar su resolución por esa causa. El problema de fondo es otro. Si cobrar o recuperar la vivienda exige un proceso cuyo coste y duración la propietaria no puede soportar, el derecho existe, pero su ejercicio puede quedar fuera de su alcance. Una protección social que deje ese intervalo sin cubrir puede hacer depender la vulnerabilidad de una familia del empobrecimiento de otra. El Estado anuncia solidaridad; Rosa adelanta el dinero.
Ahí aparece una desigualdad que el relato del gobierno prefiere pasar por alto: un gran propietario puede repartir pérdidas entre muchos inmuebles y financiar su defensa; quien tiene un solo piso concentra en él buena parte de su seguridad económica. Si ambos reciben cargas semejantes sin atender a esa diferencia, puede salir del mercado quien menos capacidad tiene para resistir. Combatir la concentración debilitando al pequeño propietario sería una ironía demasiado cara. Para proteger de verdad, el Estado debe asumir y distribuir el coste con recursos públicos y garantías efectivas, en lugar de escoger por decreto al particular que financiará su conciencia social.
El caso de Maricarmen, que dio nombre popular a uno de los decretos, expresa un sufrimiento que merece respuesta. Precisamente por eso resulta intolerable usar una tragedia como certificado automático de calidad legislativa. Una norma no se vuelve eficaz por llevar el nombre de una víctima. Debe funcionar también para quienes nunca tendrán nombre de decreto. ¿Estamos?
Y aquí me separo del fatalismo del texto que inspira esta columna. Entiendo el cansancio que lleva a imaginar una España camino de La valla, pero no voy a convertir un presentimiento en evidencia. El artículo 116 regula los estados de alarma, excepción y sitio, con límites y controles parlamentarios. No es una autorización para la permanencia indefinida del presidente. De hecho, las derrotas del viernes acreditan que el Congreso puede frenar al ejecutivo. Ese freno merece respeto incluso cuando contraría nuestras preferencias.
La Constitución tampoco obliga a Sánchez a convocar elecciones por perder estos decretos. Existen vías distintas para sustituir un gobierno, entre ellas la moción de censura constructiva, que requiere mayoría absoluta y un candidato alternativo. La crítica debe ser más exigente que una fantasía de expulsión: puede seguir legalmente en el cargo y, aun así, tener razones políticas de sobra para devolver la palabra a los electores. La facultad de resistir no demuestra la capacidad de gobernar.
Lo que me preocupa es la lección que deja este modo de ejercer el poder. Cada vez que falla una solución, se ofrece otra batalla de lealtades. El ciudadano termina evaluado por su disposición a defender al gobierno, mientras la evaluación de la gestión de ese gobierno queda aplazada. Hasta que uno deja de preguntar por resultados y aprende a conformarse con que los otros no ganen. Mal, mal.
Eso también explica el hartazgo con votar. Si toda elección se anuncia como la última barrera contra el abismo, llega un momento en que nadie puede pedir cuentas: siempre sería demasiado peligroso cambiar al guardián. Sánchez tiene derecho a solicitar otro mandato. Los españoles tienen derecho a examinar el anterior sin que les cobren, además, una culpa histórica.
No espero que su salida abarate por sí sola un alquiler. Espero que permita exigir responsabilidades y discutir soluciones sin que todo termine en la necesidad de salvar su presidencia. Y exigiré lo mismo a sus sucesores: disponibilidad de vivienda, protección que se cumpla y resultados que puedan medirse. La alternancia pierde sentido si solo cambia quién administra las excusas.
Que caiga. El único contrato que no merece renovación automática es el de un gobernante con el poder.
Giro de la Perinola
En México conocemos la tentación de convertir cada cuestionamiento al gobierno en una agresión al pueblo. El truco tiene una ventaja extraordinaria para quien manda: ¡se apropia de los ciudadanos y después les exige que lo defiendan!
La 4T puede reconocerse en ese espejo español. Cuando un proyecto se presenta como la única encarnación de la justicia, sus resultados pasan a segundo plano: cuestionarlos empieza a parecer una traición…
Por eso importa distinguir entre defender un derecho y defender al político que lo anuncia. La vivienda es un derecho; La Moncloa, un destino provisional. A ver si los partidarios de los contratos indefinidos consiguen explicárselo al inquilino.