Un problema mayor de la pulsión autoritaria en el poder es volverse rehén de su propia lógica. Todo lo que comprometa al régimen será combatido con intransigencia, a grado tal que el daño que genera se vuelve en contra. El tránsito de ahora es mucho más que el de un autoritarismo presidencial a otro con un equilibrio muy complejo. El referente de autoridad originario del proyecto -López Obrador- es simbólico, pero está presente y es el factor más poderoso de cohesión. La misma presidenta Sheinbaum le da actualidad, vigencia y autoridad.
No es un cambio menor; es el tránsito del populismo al franco autoritarismo. No es un giro sencillo ni simple. López Obrador pudo concitar una adhesión popular que sumaba a muchos. En perspectiva, el recuento de los arrepentidos es abrumador por la calidad moral y/o intelectual de ellos. Recuérdense a Julio Scherer padre e hijo, Alfonso Romo, Ramón Alberto Garza, Antonio Navalón, Jiménez Espriú, Carlos Urzúa, Germán Martínez y muchos otros. López Obrador, su persona y su prédica, quizá por su intransigencia, les convenció; ahora, a casi ocho años en el poder, dan cuenta de la magnitud del error. No hay margen al autoengaño.
López Obrador es la mejor expresión del populismo; a pesar de sus excesos y de la devastación institucional a la que dio curso, tenía un sentido de los límites. Su sello estaba presente incluso decisiones tan absurdas o perniciosos como los abrazos no balazos, la cancelación del aeropuerto de Texcoco o la criminal gestión de la pandemia. Sin embargo, la corrupción desbordada estuvo en secreto, compartida al más alto nivel del régimen, el contrabando de combustible es un buen ejemplo, en un principio mecanismo para financiar las campañas de Morena. Cuando Código Magenta lo expuso hace años, casi todos lo tomaron con reserva.
El problema es que al régimen populista se le está agotando el combustible asociado a la exaltación del personaje y del proyecto en función de una noble e inobjetable causa: acabar con la corrupción y reivindicar el bienestar de los pobres. En la nueva circunstancia la prédica presidencial matutina cada vez es más generadora de problemas. Con AMLO las recurrentes amenazas verbales presidenciales estaban relacionadas con acciones que no llegaban más allá de investigaciones de la UIF, la Procuraduría Fiscal o la FGR, se trataba de intimidar no de castigar. El gobierno de López Obrador no da cuenta de sentencias contra periodistas o medios de comunicación; diferencia nada menor con lo que sucede en la actualidad.
Efectivamente, ahora es diferente. El régimen conforme va agotando su capacidad para generar consenso recurre a acciones punitivas ejemplares. “Tengan para que aprendan”, es la máxima. La presidenta Sheinbaum mantiene un tono menos ríspido y frontal, pero a cambio, el conjunto del gobierno opera en una inercia cada vez más represiva. Respecto a la libertad de expresión ya no son las calumnias y agresiones presidenciales, sino actos de las autoridades judiciales electorales que, al amparo de la protección a la violencia política de género emprenden inéditas acciones opresivas. Igual en el ámbito local; caso de Campeche, que no guarda precedente. La presidencia de la República se deslinda de tales acciones bajo la falsa e inaceptable tesis de que no son propias.
En este mismo tenor la Corte está por resolver la sanción económica a la organización Latinus y al periodista Carlos Loret de Mola a partir de la sentencia para cubrir un cuantioso daño moral al hermano del expresidente López Obrador por haber divulgado un reportaje, acompañado de un testimonio audiovisual en el que se hacen entregas de dinero. La información es genuina y ha sido reconocida como veraz por el mismo expresidente López Obrador. En otras condiciones era una entrega periodística digna de premio. Sin embargo, se perfila lo peor porque la Corte está sometida al régimen político, y si no hay instrucción para resolver con estricta legalidad, la sentencia será adversa al medio y al periodista, representando una muestra represiva inaceptable que pretende servir de precedente. Los medios y los periodistas, incluso los independientes, están divididos; sin embargo, ante una agresión mayor a la libertad de expresión, el interés de gremio obligaría a unirse en su defensa y la denuncia represiva del régimen político; para muchos sería el encuentro con la nueva naturaleza del sistema político mexicano. Difícilmente la presidenta Sheinbaum puede invocar, con credibilidad, desconocimiento o que fue una decisión ajena.
La deriva autoritaria se sobrepone a los límites propios del proyecto populista. El tránsito del obradorismo al segundo piso se perfila, ante la crisis de consenso, como el ingreso al autoritarismo de impredecibles consecuencias.