En las últimas horas, mucho se ha especulado sobre el novedoso resultado que arroja la “elección” de integrantes del Poder Judicial de la Federación del pasado domingo 01 de junio.
Dentro de esas novedades, aparte de la discordante cifra promedio de abstencionismo que se calcula todavía y que gravita en el 88% del total del padrón de electores –sin descontar el amplio porcentaje de voto nulos que se proyecta, estimado en un rango de entre el 20% y el 35% del total de los sufragios emitidos– destaca el hecho que se perfila, por el número de votos, para dirigir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el abogado Hugo Aguilar Ortiz, oaxaqueño, descendiente de una etnia oaxaqueña, precisamente como el presidente Benito Juárez García -aunque en este caso Ortiz es de origen mixteco- es, ante todo, un maestro en Derecho Constitucional defensor, como Juárez lo fue, del instrumento toral constitucional, de la “Ley Suprema” pues del Estado de derecho y de la “pureza” de la ciencia jurídica en sí misma.
Juárez, el abogado mexicano de talla universal fue, en el siglo XIX, un claro exponente de las ideas florecientes en el segundo cuarto de esa misma centuria, del empirismo y, sobre todo, dada su condición de francmasón, de la epistemología del conocimiento en general y de una oposición férrea, por antonomasia pues, hacia la teología desde mucho antes de ser presidente de México; como gobernador de Oaxaca, como diputado al Congreso de la Unión, como ministro de Gobernación federal y como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los años 1857 y 1858.
Las ideas dominantes en el mundo con respecto al conocimiento formal, establecían que, este no podría ser sustentado como válido si no era tangible a la observación empírica de algún fenómeno alusivo a ese mismo conocimiento; se le había “despedido” formalmente pues a la metafísica, como forma dominante de cualquier vía hacia el conocimiento.
Así fue como surgió el “positivismo” en el mundo, sobre las bases del empirismo como de la epistemología y, específicamente se instaló en México, en el último cuarto del siglo XIX, en el “porfiriato” pues, para establecer una referencia política de tiempo. Con Porfirio Díaz en el poder, precisamente quien fue, principal heredero del legado político de Juárez y, al propio tiempo el creador de la historia del reconocimiento continental y mundial al prócer del Estado moderno mexicano de origen oaxaqueño.
La nota, difundida profusamente desde ayer y que, inspira preliminarmente una grata emoción para quienes concebimos al derecho como una ciencia formal y no como un mero sincretismo metódico, sugería que “Hugo Aguilar Ortiz sería el primer ministro de la SCJN en la historia”, cosa que ya ha sido corregida por los propios periodistas responsables de cabecear de esa forma en redes sociales y en portales de medios formales pues podría ser el próximo presidente de la Corte.
Aguilar Ortiz, indígena al igual que Juárez, podría llegar a ser en las próximas horas el sucesor de la ministra Norma Piña Ortiz en la presidencia de la SCJN, dejando en el camino a las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz que se encontraban hasta ayer por la tarde muy cerca de sus números en el conteo que se realizaba en el INE desde el domingo pasado.
Así que, en una primera impresión de esta jugada política, a todas luces con clara influencia de Andrés López Obrador, dado el currículum de Hugo Aguilar Ortiz, quien entre sus trabajos anteriores reporta haber sido subdirector del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) como lo fue del mismo instituto, solo que a nivel estatal el expresidente tabasqueño, es dable no obstante, prever a simple vista que el nuevo titular del Tribunal Constitucional de México será un abogado “antiteologista”, “empirista” y profundamente positivista y que al igual que Juárez, será un férreo impulsor de las ideas liberales más modernas en el mundo, que tiendan a revolucionar la justicia y sus efectos en las personas, dinamizándola, modernizándola y haciéndola más asequible para todos los individuos y gobernados en general, con igualdad y equidad; sin privilegios para nadie ni distingos de condición socioeconómica, raza, géneros, ideologías ni regionalismos de ninguna índole, garantizando la observancia y prevalencia de los derechos humanos para todas las personas en todo momento.
Que todos los gobernados puedan ser medidos con un mismo rasero. Con la misma regla: la ley y su pureza en sí misma; sin influencias; sin condicionantes, ni motivaciones.
Ciertamente, los detractores del derecho y de la ciencia jurídica en general, aquellos que son más proclives al totalitarismo o al anarquismo, le reprochan a la profesión y a quienes postulamos sus principios, que el derecho -gracias al positivismo- se volvió una disciplina social “acrítica”, desconectada de hecho de otras disciplinas o materias como la psicología, la sociología, la ética, la teoría política nada más equivocado que lo anterior: la ciencia jurídica debe ser acrítica por su naturaleza vinculada al método científico pero, además, porque busca evitar un sincretismo metódico que llegue a oscurecer la esencia misma de la naturaleza “pura, exacta, científica” de la materia llamada derecho y de sus propios límites marcados por la naturaleza misma de su objeto; hay que remitirse a la obra “La teoría pura del derecho “ de Hans Kelsen, de 1934.
Nos motiva, nos inspira a muchos pensar que Aguilar Ortiz podría ser un abogado que concibe y concebirá al derecho en lo sucesivo como una ciencia (ciencia jurídica); donde, al igual que lo hizo Benito Pablo Juárez:
Hará una férrea defensa de los principios liberales -no sólo de la Constitución de 1917 vigente- sino de la Constitución de 1857 que prohijó en su origen, tanto el espíritu del federalismo como el del republicanismo; así entonces, se podrá establecer de una vez por todas, la importancia de la opinión y las motivaciones genuinas de los habitantes de las diferentes Entidades que integran la Federación y nunca más se tendrán que privilegiar políticas de gobierno de corte centralista, sin el consenso de los Estados del Pacto Federal y también nunca más, se volverá a caer en la tentación de promover y hasta promulgar leyes u ordenamientos que agravien la división de poderes en nuestro país, tal y como lo establece el espíritu de nuestras últimas dos cartas magnas de naturaleza profundamente liberal.
Con un presidente de la Corte con el temple de Juárez, nunca más tendremos la injerencia burda y autoritaria del Poder Ejecutivo al interior de las cámaras legislativas para “construir mayorías apócrifas”, mediante maniobras “convenientes e ilegales” que malinterpretan la redacción de las leyes mismas, para beneficio del partido mayoritario y en el poder.
Porque si Hugo Aguilar se pareciere en algo a Juárez, no va a permitir tampoco que el Poder Legislativo -mayoriteando inmisericordemente también- desacate disposiciones del Poder Judicial; dando a cada poder el valor y la importancia constitucional que tienen.
Asimismo, se velará en todo momento por la consolidación del Estado de derecho en México, donde la justicia se aplique de manera equitativa para todos los gobernados; así que se estima que, ante esta posibilidad, habrá abrazos y estímulos de todo tipo para el ciudadano con mérito y compromiso con la legalidad y se reservarán los balazos para quien agreda en los mismos niveles de fuerza, a los ciudadanos pacíficos e inocentes.
Y sí, podrá cualquier gobernado o autoridad de Gobierno, de cualquier nivel, cualquier periodista incluso, “irle a la Ciudadana Presidenta con el estribillo de que la ley, sí es la ley”, para pedirle el razonamiento sobre cualquier ilícito de que se tenga noticia en el país.
De igual forma, como se hizo en tiempos de Juárez, se habrán abolido los fueros y privilegios de cualquier tipo, particularmente los que se expiden desde el Gobierno; los “fueros especiales”, sin honor ni mérito las más de las veces.
Así que desde hoy, individuos como Gerardo Fernández Noroña, quien desde el pequeño y temporal poder que le asiste como presidente de la Mesa Directiva del Senado, se dio el lujo de humillar a un gobernado que “osó increparlo o cuestionarlo públicamente”, obligándolo a un acto de humillación pública en la sede del Senado no solo no tendrán más cabida. Sino que serán sancionados en los propios términos. Con la sevicia misma de la “pureza” de una ley lacónica y exacta.
Pero, ¿y si no hace bueno nuestro pronóstico Hugo Aguilar Ortiz? ¿Si resulta más grande la capacidad de maniobra del expresidente López y en realidad (por algunos indicios antes señalados) este abogado mixteco es un proyecto sembrado y largamente cuidado para su “germinación” por el propio AMLO?
Si este nuevo presidente de la SCJN avala con su inacción o impulso mismo, el que se emitan resolutivos y sentencias hasta hoy impensables como aquellos que reglamenten y normalicen el cambio de género de un menor de 12 años; o que protejan a movimientos “pseudo cívicos” que invadan y ocupen bienes inmuebles a simple vista inhabilitados pero con propietarios; por supuesto con el impulso y las campañas deliberadas de “pseudo intelectuales”, políticos, medios de comunicación detrás. ¿Qué tal si este nuevo titular del Poder Judicial favorece con su voto, impulso y determinación, que se sigan imponiendo los criterios de la cultura “Woke”, de la agenda 2030 (o 2045), la ideología de género, el anticapitalismo y la destrucción de sectores productivos e instituciones en general en cuanta resolución o sentencia pase por sus manos y las de sus subalternos? ¿Qué tal si todos los nuevos ministros de la Corte persisten en esa “mañita” que les ha dado tan buenos resultados, consistente en relativizar la verdad para luego legitimar la mentira?
¡Uuuf!... ¡Menuda traba a la armonía social y a la paz pública tendremos en México!
Así que, llegar a tener un ministro presidente de la SCJN en el México de nuestros días no es algo aún garantizado aunque sí, fervientemente deseado por todos los mexicanos.
Héctor Calderón Hallal en X: @CalderonHallal1;
fixiflaux99@gmail.com
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