Una denuncia en redes sociales cuestionando el actuar de autoridades ambientales del Estado de México en la que se exhibe el trato cruel y tortuoso que viven los perros de la calle tras ser “rescatados” por unidades de control animal fue la antesala para amenazas al estilo criminal en contra de Elizabeth Soto, directora de la asociación civil Seres Libres A.C., que se encarga principalmente de atender a burros y caballos que han sufrido maltrato y explotación.
Uno de sus grandes logros fue cambiar a los burros utilizados para carga por vehículos eléctricos automotores mediante el diálogo y sin necesidad del uso de la fuerza. Su esencia por la construcción de paz junto con el rescate y bienestar animal se vio frustrada hace una semana cuando fue intimidada en su vida personal por las labores de activismo público, como parte de actos de hostilidad aderezados de violencia institucional y mediática a la que se han sumado, inclusive, comunicadores presuntamente vinculados con el gobierno del Estado de México.
La amenaza de alta gravedad consistió en un ataúd con fotografías de su hija en el interior, acompañado de una corona de flores a la puerta de su casa, con el mensaje de “silencio o muerte” para “ella”, la bebé menor de edad que tiene menos de 5 años. Elizabeth Soto, activista y víctima, señaló directamente a funcionarios de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) y de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) por la presunta desaparición y sacrificio irregular de perros bajo su resguardo.
No es simplemente una acusación al aire, pues dolorosamente se encuentran documentados en videos y fotografías todo tipo de tortura en contra de perros. En un video se muestra cómo desde el momento en que capturan a los caninos, dos sujetos parados de cada lado lo toman con una especie de bastón que a la punta tiene un metal con el que lo ahorcan. Una señora, vecina de aquella calle, pide que lo liberen y dice ser su protectora. Dos funcionarios discuten con ella mientras elevan al perro que está siendo asfixiado por los aros metálicos que integran la herramienta básica de ambos funcionarios. El cuerpo del perro se zarandea y gime; sobra decir que está sufriendo. Lo suben a una camioneta y horas después, tras irle a buscar, las vecinas dan cuenta de su desaparición. No fue adoptado en horas; fue torturado y ultimado.
Al mismo tiempo, Alma Diana Tapia Maya, directora general de la CEPANAF, ha utilizado a las instituciones como herramienta personal tras presentar una denuncia en contra de activistas, con la que ha obtenido medidas de protección que colocan a Elizabeth como una supuesta agresora, mal utilizando las medidas desde el abuso de lo que fuera un logro para las víctimas de violencias machistas que han sufrido riesgos inminentes. La queja por el trato cruel a los animales ahora es ya una causa penal abierta en contra de una activista que a su vez resulta ser víctima. Pero esa víctima no tiene un cargo público, no tiene medidas de protección y tampoco goza de los privilegios que brinda formar parte del gobierno, como lo es una medida extraurgente que le fue notificada, tal como si la activista fuese la delincuente, dejando de lado el inminente mensaje con ataúd para callarla, pues para eso no hay “extraurgencia”. ¿Y el delito de la “peligrosa activista” cuál fue? Denunciar el maltrato animal, exhibir lo que sucede en el Estado de México, exigir respuesta y acción.
El caso de Elizabeth Soto es uno de los primeros casos de violencia vicaria en razón de activismo. Este tipo de violencia machista que se expresa con distintas acciones con las que se busca dañar a las madres mediante sus hijos se hace de máximo riesgo en ella, pues mediante la amenaza de un infanticidio-feminicidio se busca controlar y callar sus acciones de defensa y protección animal. La violencia vicaria, tradicionalmente, ha sido cometida por padres o agresores que cometen sustracciones, interferencias parentales o litigios y persecuciones con las que intentan encarcelar a las madres mediante sus hijas e hijos. Pero este caso es aún más grave pues la amenaza frontal es la de ultimar a una pequeña que no tiene responsabilidad alguna. Esa amenaza implica la intención de disuadir todo tipo de denuncia y acción que Elizabeth ha tomado como parte de su trabajo en el quinto sector.
Según un informe del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, en al menos el 86% de los casos el agresor amenazó a la mujer “a través de sus hijas e hijos”. Pero hay un vacío cuando el agresor son funcionarios públicos señalados por sus malas acciones en el desempeño de funciones. En México, esta modalidad todavía enfrenta gigantes vacíos de reconocimiento, investigación y atención institucional. Por otra parte, en materia de maltrato animal la situación es igualmente alarmante: en el país se estima que 7 de cada 10 perros sufren algún tipo de maltrato. En el Estado de México, la cifra no es menor —se advierte que siete de cada diez perros sufren maltrato. Y entre 2020-2022, en la Ciudad de México se registraron más de 17 600 reportes de maltrato animal, de los cuales el 87% estuvieron relacionados con perros. Estas cifras ponen en contexto la magnitud del problema que Elizabeth ha denunciado... El problema es que los perros abandonan azoteas para morir a golpes en perreras municipales donde también son atacados por otros perros y hasta comidos en escenas dantescas por el canibalismo al que viven sometidos entre el abandono y la austeridad.
Ojalá que organizaciones como Artículo 19 y otras organizaciones protectoras de activistas así como de su libertad de expresión se sumen a exigir justicia, verdad y cero impunidad en este caso. Si Elizabeth fuese hombre, no utilizarían a su hija para obligarla a guardar silencio. El día 3 de noviembre habrá una protesta a las 6 de la mañana en Palacio Nacional para pedir a la presidenta Claudia Sheinbaum una intervención que brinde protección y seguridad para Elizabeth y su hija, justicia frente a quienes amenazan con acabar con su vida así como un cambio de política animal en el Estado de México. Alzar la voz no debería costar la tranquilidad familiar; hacer activismo no debería implicar el riesgo de perder una hija.
Es gravísimo que una semana después de las amenazas no haya detenidos ni acciones por parte de la Fiscalía General del Estado de México en contra de los agresores de Elizabeth Soto, mientras que ella es la perseguida, la denunciada y la desplazada por causas criminales.
¿Quiénes son aquellos del gobierno que enviaron criminales para hostigar a Elizabeth en su domicilio? ¿Cómo es que tienen esa información y por qué han elegido prácticas propias del crimen organizado para hacerle llegar este mensaje? ¿Por qué no hay acción suficiente para proteger a una niña y a su madre? ¿Dónde está el interés superior del menor y dónde están las investigaciones sobre los autores de este crimen? ¿Acaso debemos esperar a que la amenaza se convierta en acción irremediable e irreparable?