El tiempo que media entre la lucha electoral y obtener el triunfo, el que corresponde al arribo al cargo es, en el caso de los comicios presidenciales, un plazo para el llamado momento de la transición que implica la entrega- recepción de oficinas, reportes, programas en ejecución, etc., como también el diseño de lo que será el ejercicio de la nueva responsabilidad de gobierno.
Así, todo gobierno arriba con una idea del qué hacer, tanto en la parte programática como en la política; esto supone no sólo el trazo de los programas y políticas públicas, sino también un planteamiento de los momentos, fases y etapas que, desde luego, están marcadas por las elecciones tanto locales como federales, que renuevan el congreso en la parte intermedia, así como donde hay cierre de administración, con el evento estelar de la elección presidencial.
Uno de los rasgos que distinguieron este gobierno es que inició su encargo con la más amplia mayoría respecto de las que han tenido otras administraciones, desde que iniciaran los tiempos de la competencia política y la alternancia en 1997.
El llamado bono democrático que respaldó a esta administración ofreció un gran margen de maniobra; es evidente que sobre ese gran espacio se tomaron decisiones polémicas como la de cancelar el proyecto del aeropuerto en Texcoco y, en su lugar, realizarlo en el estado de Hidalgo.
Así, el gobierno comenzó con un gran viento a favor que, todo indica, quiso aprovechar en la ruta de consolidarse mediante los mecanismos de la democracia directa o consultas populares, que se realizaron sobre el juicio a los expresidentes de la República, así como el relacionado con la revocación de mandato.
Como se recordará ambas consultas alcanzaron una participación marginal, muy por debajo de las expectativas que tenía quien las promovió y que, debido a su magra concurrencia, no produjeron resultados vinculantes. El trazo estratégico del gobierno no cumplió con las expectativas; pronto vio que no pudo ampliar su mayoría en el Congreso y realizar entonces las grandes reformas que tenía previstas, como son la energética, la de seguridad y la electoral.
Pero una vez que el propósito del gobierno no se alcanzó y por ende no pudo lograr la aprobación de las reformas que demandaba, de forma paralela desplegó una línea de acción consistente en el alineamiento y la cooptación, con lo cual sería posible obtener los respaldos requeridos o encaminar la fuerza del gobierno, a pesar de no lograr la presencia y el peso deseado en el Congreso.
Se trató de cooptar a los gobernadores opositores a efecto de que relajaran su compromiso por mantener a su partido en el poder en las elecciones locales, de modo que congeniaran y facilitaran la alternancia en tales entidades; la contraprestación a ello fue garantizarles que no serían objeto de investigación y que serían recompensados con cargos previamente convenidos.
Conforme a ello se encuentran los casos de las invitaciones a incorporarse al servicio exterior mexicano para los exgobernadores y exgobernadoras de Sonora, Sinaloa, Campeche y recientemente Hidalgo, así como la incorporación del que fue gobernador priista de Tlaxcala al frente de la Lotería Nacional.
Un amplio ejercicio de cooptación que es de presumirse tuvo lugar merced a la coincidencia de que en esas entidades perdió las elecciones el PRI y las ganó el partido en el gobierno; conforme a esa perspectiva, todo indica que existe un paréntesis en el caso del Estado de México para conocer el eventual trato que se haya tenido en la gestación de la derrota priista en esa entidad.
Se pone en evidencia una visión del gobierno consistente en la ambición natural de ganar espacios electorales, pero también de poner en marcha acciones de cooptación en las entidades federativas para lograr reemplazar a los gobernadores con su propia colaboración y para ser sustituidos por otra fuerza política.
Tal es la estrategia de cooptación, pero la de alineamiento es otra; consiste en presionar a entidades y organismos para que su función se alinee con el gobierno, para lo cual se ejerce el peso presupuestal, se revisa la integración de los colegiados respectivos y se presiona a los que disienten o se resisten a ser aliados del gobierno, al tiempo de instruir a los que ya lo son, adopten las medidas y decisiones que se les indique.
El ejemplo más emblemático de esta última estrategia ocurrió con la sorpresiva renuncia a su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación del ministro Arturo Zaldívar, quien de una forma que carece de precedentes, presentó su solicitud de renuncia en un contexto en el que se incorpora al equipo de la candidata de Morena a la presidencia de la República. La renuncia abre el espacio para que el gobierno presente sus propuestas y logre que quien llegue al gobierno en el 2024, si es del partido en el poder, pueda ampliar su influjo en la Suprema Corte.
La cooptación y el alineamiento han sido exhibidos como parte de las acciones que emprende el gobierno con la idea de asegurar la permanencia de su partido en la presidencia de la República, con la finalidad de completar un ejercicio de preponderancia política que maniobra para deshacer equilibrios y contrapesos, para predominar en las entidades federativas y compensar su disminución en el Congreso.