Se constituyó la llamada Alianza Progresista con el propósito declarado de respaldar el proyecto de la precandidata presidencial de Morena, integrada con la participación de ex priistas que postulan no querer llegar a ese partido a robarle espacios, tampoco para la toma de posiciones y de las candidaturas.
Los ahora tránsfugas, anuncian una especie de participación desinteresada y de buena fe, que niega estar sustentada en compromisos o cargos, al grado que aluden una razón que se fundamenta en una simpatía con la candidata morenista y en críticas al PRI y a su dirigencia; sin embargo, se trata de políticos profesionales que, en el desempeño de los cargos que ejercieron, fueron opositores a la fuerza política a la que ahora se vinculan -aunque sea indirectamente-, así que, en el pasado reciente, se alinearon a la disciplina del partido en el que militaron y en él realizaron sus respectivas carreras políticas. Plantean así una mutación sin explicación suficiente.
La mayoría de ellos llevaban tiempo polemizando de tal manera que anunciaban el relajamiento y disciplina que los hizo pertenecer al PRI; decretaron así una salida de fraguado lento, pero que no se manifestó en el debate o en el cuestionamiento político a través de alguna declaración expresa, documento o cuestionamiento, lo que, de haber existido, podría protagonizar su decisión, o enmarcarla en un antecedente de discusión sobre posiciones o definiciones.
Por el contrario, hasta recientemente pertenecieron al PRI y decidieron salir de él en un momento en el que la dinámica de las precampañas presidenciales demanda mostrar capacidad de arrastre a través de la llamada guerra de encuestas, y por medio de la captura de militantes de otros partidos.
En ese sentido, la candorosa separación de militantes que lo fueron del PRI responde a los tiempos y prioridades de la fuerza política a la que se trasladaron, no obstante que algunos de ellos, en su condición de legisladores, votaron y se manifestaron en contra de iniciativas y propuestas del gobierno. Ahora su cercanía y simpatía con quien dice manifestar un proyecto de continuidad -con algunos matices-, respecto del que hasta ahora ha puesto en práctica el propio gobierno, deja mal parados a los recién reconvertidos, por decir lo menos.
Resulta claro que han existido dos ciclos de captura política de cuadros (si se le puede llamar así) que lo fueron del PRI; uno primero protagonizado por gobernadores de distintos estados y que, en los comicios de renovación de tales ejecutivos estatales, se realizó una alternancia que benefició, siempre, a las candidaturas del partido que gobierna el país.
Ese primer ciclo se caracterizó por “la gentil y desinteresada” invitación del gobierno federal para que se incorporaran al servicio exterior mexicano a quienes habían terminado su periodo estatal de gobierno, a condición de que hubiese habido relevo del partido al frente de la administración correspondiente, y a favor de la fuerza política en el poder. Ello, partir de la facultad que tiene el presidente de la República para presentar propuestas para el nombramiento de responsables en esas tareas del servicio público.
La única excepción en ese ciclo fue la que se produjo con el exgobernador de Tlaxcala, cuya invitación no fue para incorporarse al servicio exterior, sino a la administración pública.
Después de esa fase ha tenido lugar una segunda, escenificada por diversos casos, preferentemente de legisladores del Senado de la República y de un gobernador, que fueron de factura priista, y con el denominador común de contar con trayectorias polémicas respecto de señalamientos de posibles actos objeto de denuncia y de comisión de delitos de tal forma que, su salida del PRI se asocia a la sospecha de que ganan protección.
En uno y otro caso, el gobierno reporta una capacidad de ejercicio de la política destinada a fracturar a la oposición, así como a corromper a algunos de sus cuadros, en tanto los llama a que adopten otros códigos políticos, lo que entre sus efectos tiene la de propiciar la debilidad del partido al que éstos pertenecieron.
Dentro de este segundo ciclo, la intervención del gobierno federal pretende desdibujarse, pues ya no actúa de forma directa para formular invitaciones a ocupar cargos en el servicio público; sin embargo, es evidente que aprovecha la debilidad y vulnerabilidad de los cuadros que atrae, pues hasta ahora ninguno de los ex priistas que durante el primer ciclo fueron invitados a colaborar -antecedente que hace presumir que tampoco los de esta segunda fase- , habrán de ser imputados por responsabilidades en el desempeño de cargos que tuvieron en el pasado reciente.
La alianza progresista cumple así sus fines reales: protección en el presente y compra de futuro; la protección es garantía de no ser molestado, y hacia el futuro está la expectativa que se cifra para reprocesar la carrera política de los involucrados en dicha alianza. Entonces más que una alianza progresista, una de carácter proteccionista.