“Primero vinieron por los socialistas,
y no dije nada porque yo no era socialista.
Luego vinieron por los sindicalistas,
y no dije nada porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por los judíos,
y no dije nada porque yo no era judío.
Luego vinieron por mí,
y ya no quedaba nadie que hablara por mí”.
Martin Niemöller
La libertad de expresión es una piedra angular de la democracia que permite a la ciudadanía cuestionar al poder y participar en la vida pública. Sin ella no existen elecciones libres, justicia ni una verdadera rendición de cuentas.
Los casos de Miguel Alfonso Meza y de Emma Zermeño son ejemplos de un fenómeno que se creía erradicado: el uso del aparato institucional para disciplinar la conversación pública y mantener el control del discurso político.
Castigar a quien investiga
El activista y presidente de la organización Defensorxs, Miguel Alfonso Meza fue sancionado por publicar información sobre los antecedentes profesionales de una candidata a jueza que en el pasado participó como abogada en la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Lo que Meza dio a conocer fue información verificable sobre la trayectoria de una aspirante a un cargo de elección que trascendió al debate público —a veces duro, incómodo o incómodamente directo— que sirve como mecanismo por el cual la sociedad evalúa a quienes buscan ejercer el poder.
Sin embargo, el Tribunal Electoral resolvió que esas publicaciones constituían violencia política de género y la sanción incluyó la orden de borrar contenidos, ofrecer disculpas públicas y la inscripción de Meza en el registro de personas sancionadas por violencia política.
¿Desde cuándo señalar antecedentes públicos de una candidata se convirtió en violencia política? La resolución en cambio deja un claro mensaje: la investigación periodística o el escrutinio ciudadano pueden terminar en sanciones judiciales.
Castigar conversaciones privadas
Si el caso de Meza es preocupante, el de Emma Zermeño cruza una línea aún más delicada.
En ese expediente, el Tribunal Electoral terminó sancionando a una ciudadana por mensajes privados enviados a través de WhatsApp. No por publicaciones públicas, discursos políticos ni campañas de difamación; conversaciones privadas que terminaron filtrándose y, posteriormente, fueron utilizadas como prueba para acusarla de violencia política.
La implicación es inquietante: incluso lo que los ciudadanos expresen en espacios privados puede terminar siendo juzgado por tribunales electorales.
Una democracia que permite que conversaciones privadas se conviertan en materia de sanción política toca un terreno peligroso en lo jurídico, psicológico y social. Cuando las personas comienzan a sentir que cualquier mensaje puede ser usado en su contra, el resultado inevitable es la autocensura y el temor a hablar, debatir o disentir.
Un tribunal regulador
El Tribunal Electoral, creado para garantizar elecciones limpias y proteger derechos político-electorales, ha ampliado notablemente su poder. Hoy no solo arbitra comicios: también regula el discurso político, decidiendo qué se puede decir y quién puede hacerlo. Este cambio, impulsado desde el gobierno de López Obrador y profundizado con Sheinbaum, acerca a los tribunales al poder.
Los casos de Meza y Zermeño envían un mensaje muy concreto: hablar tiene consecuencias; criticar a una candidata puede sancionarse; publicar información sobre aspirantes a cargos públicos puede derivar en un proceso judicial e incluso, una conversación privada puede acabar siendo castigada.
La reforma electoral apunta a fortalecer este papel intervencionista, el de consolidar un modelo donde el control del discurso sustituya al debate democrático. Porque no hace falta encarcelar periodistas ni cerrar medios para debilitar la libertad de expresión. A veces basta crear un entorno en el que la gente empiece a preguntarse si vale la pena hablar.
A veces las democracias mueren erosionándose lentamente, decisión tras decisión, sentencia tras sentencia.
X: @diaz_manuel