Por una crónica del diario Reforma me interesé en la película francesa En fanfare. La traducción literal sería Con fanfarrias. En España la llamaron Por todo lo alto; en Argentina, Unidos por la música; en Estados Unidos, The Marching Band; en Italia, L’orchestra stonata, y en México, La orquesta desentonada.
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación debería empezar sus trabajos castigando a los distribuidores de películas que, en nuestro país, entre numerosas opciones de títulos de películas, eligen la peor —en este caso la italiana L’orchestra stonata que más o menos en español significa La orquesta desentonada—.
Esa es una obra cinematográfica de amor a la música realizada con un sentido del humor nada vulgar, con un interesante y fuerte contenido de lucha social —gente pobre del norte de Francia se va a la huelga y termina por perder sus empleos— y con un final basado en el Bolero de Maurice Ravel que emocionará a cualquiera.
El filme En fanfare demuestra que el humor de primer orden no debe ser vulgar ni ofensivo. Lo menciono por una sátira que se hizo en TV Azteca de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.
Por supuesto, Sansores es criticable. Pero la imitación que se hizo de ella —la realizó para ADN 40 el señor Juan Lecanda— sin duda es violencia política de género que debe ser sancionada.
Tal sátira se burla del físico de la gobernadora Sansores y, específicamente sobre su condición de mujer, la hipersexualiza, algo que está prohibido en términos de la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
La politiquería abusa de la violencia de género
Entiendo que la violencia política de género la sanciona, en principio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo usual es que se multe a quien resulte culpable y se le ordene disculparse.
Ocurrió así, injustamente, en el reciente caso de una diputada del PT, Diana Karina Barreras Samaniego. Esta mujer se quejó de lo que dijo una ciudadana, sin mayor relevancia ni política ni mediática, Karla María Estrella Murrieta. A esta persona se le condenó por un comentario en la red social X, comentario que de ninguna manera era sexista o misógino, sino que solo criticaba el nepotismo en el que cayeron la legisladora mencionada y un diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna.
Fue una brutal injusticia la cometida por la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y el magistrado Felipe Fuentes Barrera. Una pena que todavía no opere el Tribunal de Disciplina Judicial porque a Soto Fregoso y a Fuentes Barrera se les tendría que castigar muy severamente por una sentencia que tanto distorsiona el concepto de la violencia política por motivos de género. En el futuro, deberán impedir tales excesos quienes integran el tribunal disciplinario —Celia Maya García, Eva Verónica de Gyvés Zárate, Bernardo Bátiz Vázquez, Indira Isabel García Pérez y Rufino H. León Tovar—.
Trató de impedir el abuso y la humillación contra la ciudadana Karla María Estrella Murrieta la talentosa abogada Mariana Calderón Aramburu. Sus mejores argumentos no pudieron contra la influencia de la diputada Diana Karina Barreras Samaniego y del diputado Sergio Gutiérrez Luna. Una vergüenza para Morena y sus aliados lo que hacen sus integrantes mareados por los cargos públicos.
El único defecto de la jurista Mariana Calderón Aramburu —que no debería pesar, pero pesa, en los casos que defiende—, es dirigir el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, fundado por un impresentable rival de Morena, Claudio X. González Guajardo.
¿Quién es peor, Gutiérrez Luna o González Guajardo? En términos éticos de plano hay empate técnico: son igualmente sinvergüenzas.
El cómico de TV Azteca
Volvamos al caso del señor Lecanda y de la televisora que abusó de la gobernadora Sansores. Alguien debería exigir que lo realizado por tan vulgar comediante sea castigado muy fuertemente. Quizá le corresponda hacerlo a la Secretaría de la Mujer, encabezada por Citlalli Hernández Mora. A esta joven política de Morena le consta que TV Azteca y su propietario han caído reiteradamente en la violencia política de género. Supongo que machacar con tal conducta ilegal la convierte en delito, seguramente grave que debería llegar al ministerio público.
El dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego —un hombre de gran influencia mediática y económica—, debería saber que el humor no necesita caer en la ofensa y en la hipersexualización baratas.
Libertario de derecha, como el argentino Milei, Salinas Pliego dirá que la libertad debe ser absoluta y que aun la libertad de insultar tiene que ser sagrada. Estoy de acuerdo con él —si una ideología tengo es la del anarquismo—, pero considero que un límite a la libertad de insultar es el relacionado con los grupos vulnerables: personas enfermas, mujeres, menores de edad...
Un poco de autocensura —o el simple respeto a la ley que prohibe burlarse de las mujeres— podría contribuir a mejorar la calidad de las obras periodísticas e inclusive de las obras maestras de la literatura. Es el caso del Quijote.
Le recomiendo al propietario de TV Azteca y Elektra el artículo “El Quijote y la Inquisición” de Azriel Bibliowicz. Aquí puede leerlo.
Como es bien conocido, “el Quijote fue una obra censurada por la Iglesia. El Santo Oficio no se divirtió con la historia de un loco caballero andante”. Bibliowicz presenta interesantes ejemplos de tal censura.
Cervantes dijo alguna vez que “hubiera escrito un libro más divertido de no ser por la Inquisición”. Quizá, pero creo que tiene razón Azriel Bibliowicz: “Aun cuando parezca extraño, creo que la mirada vigilante del Santo Oficio, obligó a Cervantes a ser más sutil, cuidadoso y tal vez por ello mismo, más atinado en su humor”. Es decir, la censura de una autoridad religiosa probablemente hizo más fino el humor del autor del Quijote.
El simple respeto a la ley que protege a las mujeres hará mejor persona a Salinas Pliego e incrementará la calidad humorística de los programas de TV Azteca. Ojalá así suceda en el futuro, pero por sus delitos del pasado y del presente tanto la empresa como el empresario tendrían al menos que ser molestados por la fiscalía capitalina, de la que es titular una mujer consciente de que el feminismo no es una moda, sino una exigencia de justicia, Bertha Alcalde, quien, si se denunciara, debería llevar el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el más grande de América Latina y, pese a tantos problemas inevitables en una institución de su tamaño, el que mejor funciona en nuestro país. Los jueces y las juezas que coordina el magistrado presidente Rafael Guerra sin caer en el extremo de la prisión preventiva obligarían a Salinas Pliego y a su televisora a ya portarse decentemente.
El caso García Soto
Columnista de El Universal y hasta hace muy poco tiempo colaborador de El Heraldo Radio, Salvador García Soto publicó una larguísima columna —“Los ciclos, la censura y el eterno bregar”— en la que denuncia que fue despedido de Grupo Multimedios Heraldo por presiones del gobierno. Es falso. Se acabó su contrato con la empresa de Ángel Mieres, dirigida por Franco Carreño, solo por una decisión administrativa: necesitaban su espacio para un programa que sea capaz de generar no solo rating, que García Soto tenía, sino anuncios comerciales, que el periodista no atraía e inclusive alejaba; es un hecho que a no pocas de las marcas que más publicidad compran les espantan los contenidos excesivamente políticos. Eso ocurrió, nada más.
Salvador seguirá siendo un periodista político exitoso, y ya encontrará espacios en medios electrónicos que se adapten mejor a su estilo. Culpar al gobierno no es correcto. La demostración de que nadie lo censura es que seguirá publicando en El Universal, diario bastante influyente.
Llama la atención que tantos periodistas estén denunciando censura en estos días: Carlos Loret, Raymundo Riva Palacio, el propio García Soto. Lo llamativo de sus imputaciones es que redactan escritos brutales contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en los que se quejan de que se les quiere silenciar, pero ¡¡¡sí se publican, esto es, nadie los silencia!!! Lo hacen casi a gritos —hasta donde se puede gritar por escrito—. La contradicción es obvia: expresan que no se les permite expresarse, lo que hacen con toda libertad y sin que nadie les moleste… y hasta se dan el lujo de aderezar sus denuncias, en diarios que tienen cientos de miles de lectores, con ofensas y hasta con calumnias contra la presidenta. Y se quedan tan tranquilos.
No son serios tales periodistas.