Es un error de consecuencias mayores la decisión de la presidenta Sheinbaum de proceder contra la gobernadora de Chihuahua por la presencia de agentes de la CIA en el operativo de autoridades locales y federales, donde se destruyó un megalaboratorio. La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, ha dado línea: van por la gobernadora a través del juicio político. ¿Y las pruebas?
La acción de juicio político debe ser anticipada por una declaratoria de la FGR sobre la presunta responsabilidad de la imputada, en este caso, la gobernadora Maru Campos. A tal fin, no solo debe haber pruebas; se requiere de la declaración ministeral de la gobernadora para documentar el caso con apego al debido proceso. ¿Puede llamar a declarar a la gobernadora la FGR en condición no de testigo, sino de acusada? Lo menos que se puede decir es que es constitucionalmente discutible.
Pero las dificultades de la FGR están en el ámbito político como consecuencia de la accidentada decisión de reemplazar al fiscal Gertz Manero por Ernestina Godoy. Con el arribo de la nueva fiscal, la presidenta anuló la autonomía necesaria para que las decisiones tengan credibilidad. Lo que haga la fiscalía será visto como una decisión de la presidenta Sheinbaum. El valor de la autonomía es que las determinaciones atiendan a criterios técnico-jurídicos y no al interés político.
La Corte de ahora padece el mismo problema; es una instancia que no puede aportar certeza jurídica porque su tarea ya no es salvaguardar la Constitución o los derechos de las personas, sino hacer valer el interés del régimen. La FGR podría llamar a declarar como acusada a la gobernadora sin importar la inconstitucionalidad de la determinación, ya que la Corte no intervendría, como sí lo hizo en el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
Finalmente, no importa. Si hay consigna presidencial, procederá la acción de juicio político sin importar derechos, reglas o debido proceso, tampoco que haya casos por desahogar por la sección instructora de la Cámara. Los parlamentos son instancias incapaces de ejercer justicia, y así es porque quienes procesan el caso y lo deciden son partes interesadas que actúan a partir de afinidades partidarias. No buscan la verdad, sino salvaguardar un interés político.
El problema mayor para proceder contra la gobernadora está en el entorno de impunidad que ha caracterizado al régimen obradorista. Más aún al existir una solicitud de extradición en contra de un gobernador en funciones por su presunta colusión con una organización terrorista extranjera: el Cártel de Sinaloa.
El gobierno ha procedido a la protección del gobernador Rocha. A manera de responder al requerimiento de EU, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los sistemas de inteligencia del gobierno federal no detectaron conductas ilícitas vinculadas con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. También precisó que la dependencia no mantiene una investigación abierta en su contra.
Dos varas para el ejercicio de la justicia: la que se emprende contra la gobernadora opositora por la presencia de agentes de la CIA en un exitoso operativo contra el narco, y la del gobernador de Morena acusado por poner el gobierno estatal al servicio del Cártel de Sinaloa. Si de pruebas se trata, las que atañen a la mandataria estatal son inexistentes; parten del prejuicio o de la presunción. Las que pesan contra el gobernador de Sinaloa han sido avaladas por un gran jurado, además del abultado testimonio de valerosas personas y periodistas a lo largo de su gobierno. Incluso la FGR de Gertz señaló que las autoridades del estado habían encubierto el homicidio de Melesio Cuén, asesinado en la finca en la que fue secuestrado El Mayo Zambada.
El país está en riesgo por el imperio de la impunidad. Las autoridades norteamericanas están decididas a actuar en la medida en que el gobierno mexicano se muestra omiso en el combate al crimen bajo sus propios criterios. Es iluso pensar que la relación puede salvarse únicamente con operativos derivados de los servicios de inteligencia norteamericanos, como han sido el que llevó al aniquilamiento de El Mencho, el envío fast track de 92 criminales o la destrucción de laboratorios. La colaboración también incluye el brazo judicial y, particularmente, a políticos y funcionarios que han servido a organizaciones terroristas extranjeras.
El entorno haría impensable actuar contra la gobernadora de Chihuahua. Ya se verá.