Hace días escuché que vivimos en una fosa clandestina y sí, con cientos de miles de desaparecidas y desaparecidos, en un país en el que no hay acceso a la justicia para niñas ni mujeres víctimas de abuso, violación, feminicidio o cualquier otra violencia.
¿Qué se necesita en este México para que las autoridades hagan su trabajo diligentemente y dejemos de nombrar a nuestras mujeres? y no porque no queramos nombrarlas, lo que deseamos es erradicar este cáncer llamado violencia feminicida.
Necesitamos autoridades valientes, que cumplan con su deber y sean incorruptibles; pareciera demasiado, pero es lo mínimo que deberíamos esperar como sociedad, que apliquen la ley sin importar de quién se trate.
En esta ocasión, hablaré de un caso en el que están presentes estos factores que nos niegan el derecho a la verdad, a la justicia, a la no repetición: la corrupción, el tráfico de influencias y la impunidad. Se trata de un asunto que retrata en cuerpo y alma a nuestro sistema de justicia penal, particularmente en la Ciudad de México.
Manuel Horacio Cavazos López, un magistrado penal del Poder Judicial de la Ciudad de México que violentó sexualmente a sus propias hijas, de entonces 5 y 6 años de edad. Las niñas, en compañía de su madre Mariel Albarrán, lo denunciaron valientemente y verbalizaron todas las aberraciones en septiembre de 2019.
En 2020, por unanimidad, el Congreso de la Ciudad de México acordó no ratificarlo y pese a todos los datos de prueba que lo incriminan, la Fiscalía General de Justicia, en 2021, determinó el no ejercicio de la acción penal, dejando fuera los audios de las propias niñas, informes y dictámenes públicos y privados que confirman una y otra vez la violencia sexual.
No ha habido un especialista que tenga contacto con ellas y no confirme lo vivido.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México aprobó semejante aberración. Primero conoció del asunto Edgar Agustín Rodríguez Beiza, un juez vinculado a proceso por abuso sexual y después, Luz Elena López Padilla, quien no advirtió desequilibrio de poder entre un adulto y dos niñas.
Se han enfrentado no sólo a su agresor, a los abogados que se valen de toda clase de trampas y excesos para silenciarla, la han denunciado en por lo menos siete carpetas de investigación. En México, tenemos que lidiar con la complicidad de agresores, abogados y autoridades perversas.
¿Cuál es el delito? Alzar la voz y denunciar la violencia sexual en contra de sus hijas y protegerles.
La Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, a través de una opinión técnica, confirma la violencia sexual que ejerció Cavazos López en contra de sus propias hijas. Es contundente en señalar que fue una violencia continua y no un hecho aislado, la consistencia de su testimonio y las falencias en los dictámenes practicados al agresor.
Mariel y sus hijas, esperan la determinación del Tribunal Colegiado para reabrir la carpeta de investigación, esto después de que les fuera concedido el amparo y decidieran recurrirlo para una mayor protección.
Desde hace más de dos años y medio, buscan justicia, porque además es la única forma de protegerse. Las autoridades condicionan las convivencias con su violador al resultado de la trama penal.
¿Te imaginas ser secuestrado o víctima de cualquier otro delito y que jueces o juezas te obliguen a tomar un café con tu verdugo?
En la Ciudad de México las mujeres que nos atrevemos a denunciar la violencia y más la violencia sexual infantil, nos encontramos con un sinnúmero de obstáculos y más cuando está presente el factor poder, un acto de valentía se convierte en persecución y violencia institucional.
El exmagistrado sigue intentando regresar a su posición de poder, de la que se valió por años para violentar y quizá para estudiar a fondo cómo silenciar a sus pequeñas hijas, amenazándolas con la muerte de su madre o sólo a evadir a la justicia.
Hago un llamado a mis lectores, al Congreso de la Ciudad de México para que no toleremos a ningún agresor en el poder, no son los juzgadores que merecemos como sociedad.
¿Cómo terminar con este México Feminicida si los propios agresores imparten y procuran justicia?
Revivamos el hashtag #NoRatificaciónCavazos