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El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hace unos días la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) con lo que se elimina uno de los pocos organismos de intermediación financiera para el campo mexicano. Una de las pocas instituciones de fomento agropecuario que quedarían pero que tampoco se manejan con trasparencia es el Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).

Lo que alegó el jefe del ejecutivo para querer cerrar la institución crediticia fue que los apoyos se entregarían directo, que existen los precios de garantía que ayudan a los pequeños productores rurales, además de que había una gran corrupción y la fiduciaria solo prestaba a grandes corporativos agroindustriales. Ahora la Financiera del Bienestar daría los pequeños prestamos del sector primario.

El Gobierno de la Cuarta Transformación afirma que la “FND les otorgó créditos sin garantías hipotecarias o de cualquier otro tipo, que diera certeza al cumplimiento de sus obligaciones de pago”.

Al cierre del 2018 la Financiera Nacional Agropecuario contaba con una cartera de crédito de 62,875 millones de pesos y a finales del 2022, esta fue de 32,006 millones de pesos, una disminución de 49% en dicho periodo.

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Una de las pruebas de que el organismo financiero daba preferencia a los grandes corporativos es que apenas 198 intermediarios, de los 315 apoyados, gestionaron créditos en zonas de media, alta y muy alta marginación, lo que significó apenas 19.7% de la colocación total en segundo piso.

La cartera de la FND estaba muy concentrada, pues tan sólo con los datos del 2021, se registró que a 10 de sus clientes se les otorgaba el 49.8% del total de la cartera vencida, lo cual, para el jefe del ejecutivo, fue una muestra de la forma en que se otorgaron los créditos: a grandes intermediarios y de una manera totalmente ajena a los productores y necesidades del campo.

La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, y Pesquero es todavía una institución de banca de desarrollo rural del Gobierno Federal sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La institución financiera surgió en 2003 por decreto del presidente Vicente Fox Quesada con el objetivo de crear un sistema financiero rural eficiente que reemplazara al Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) el cual se encontraba en una situación de insolvencia que motivó su disolución y liquidación como banco de desarrollo.

Los criterios que se plantearon en el pasado para el apoyo financiero se basaban como parte de la política neoliberal con la puesta en marcha de una banca encaminada a privilegiar la rentabilidad y la eficiencia. Por eso al igual que la banca comercial, una buena parte del capital de la institución fue colocado en inversiones de valores y no en cartera de crédito.

En el 2009 del total de activos de la institución, el 33% fueron para inversiones y 66% para crédito.

La reforma del sistema financiero rural de 1989 llevada a cabo por el expresidente Carlos Salinas implicó una transformación sustancial de la política de subsidios y al mismo tiempo redefinió las funciones del Estado en el financiamiento rural. Los criterios de rentabilidad económica y la no distorsión del mercado de dinero se convirtieron en reglas centrales para la banca de desarrollo, y la política de subsidio se enfocó más al impulso de programas asistenciales que a los de fomento productivo, cuidando siempre no distorsionar el mercado.

Este sistema neoliberal priorizó el apoyo a las grandes empresas y no tomo en cuenta a los pequeños y medianos productores.

A la banca privada realmente no le interesa dar crédito en el sector rural. A principios de los noventas, después de la reforma financiera, dio la impresión de que por fin el capital privado estaba dispuesto a arriesgarse y su participación aumentó de manera sorprendente, pero en realidad esta ilusión se debió a los estímulos y garantías ofrecidas por FIRA, que pagó buenos porcentajes de intermediación, estímulos compensatorios especiales y garantías de inversión, de tal manera que con todo este respaldo la banca pudo hacer un buen negocio sin correr ningún riesgo. No obstante como consecuencia de la crisis de 1995, dicha participación disminuyó considerablemente.

En la actualidad son casi nulos los créditos de la banca comercial a los productores rurales y solo se priorizan las grandes agroindustrias.

La decisión de extinguir la FND parece no ser una medida adecuada ya que los pequeños y medianos productores necesitan créditos y seguros para ser más productivos y tener seguridad en el campo.