En las próximas elecciones judiciales del 1 de junio de 2025, México tiene la oportunidad de renovar la estructura del Poder Judicial de la Federación con perfiles emergentes, preparados y con una visión renovada de la justicia. Esta elección no solo abre la puerta a nuevos nombres, sino que también plantea un cambio generacional que puede fortalecer y modernizar el sistema judicial del país.
La presencia de candidatas y candidatos emergentes en esta contienda no es casualidad; es un reflejo de los esfuerzos por dar voz a nuevas generaciones que, a pesar de su corta edad, cuentan con una sólida preparación académica y una experiencia profesional destacada. Candidatos como Ana María Ibarra Olguín, de 40 años, quien posee un doctorado en derecho por la Universidad de Virginia y ha sido clave en sentencias sobre derechos reproductivos y marihuana recreativa, encarnan este perfil. Asimismo, Juan Carlos Ruiz Toledo, de 34 años, ha demostrado su capacidad en el ámbito electoral, destacando por su formación en derecho electoral y su experiencia en el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California.
La propuesta de Mauricio Flores Castro, quien ha captado la atención por su enfoque en casos de impacto social, también ilustra cómo la juventud preparada puede asumir roles clave en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Flores Castro ha insistido en que la edad no es un obstáculo cuando se cuenta con el conocimiento necesario para impartir justicia de manera imparcial y efectiva. Flores Castro, con estudios en derecho constitucional y experiencia en litigios estratégicos, ha sido un defensor de los derechos humanos.
El impacto de esta renovación generacional puede ser trascendental. Estudios internacionales indican que una judicatura inclusiva y representativa eleva la confianza pública en las instituciones. Según el Internacional Legal Assistance Consortium (ILAC) una organización internacional que agrupa a asociaciones de jueces, abogados y defensores de los derechos humanos, menciona que una judicatura diversa ayuda a reforzar la percepción de justicia imparcial, lo que podría ser crucial para un país como México, donde la percepción de corrupción y la falta de confianza en el sistema judicial son problemas latentes.
La inclusión de jóvenes o perfiles emergentes en cargos de alta relevancia no solo revitaliza las instituciones, sino que también aporta nuevas perspectivas, enfoques innovadores y una conexión más cercana con los sectores vulnerables. Es una oportunidad para renovar no solo la estructura, sino también la manera en que se percibe la justicia en México. Un sistema judicial más diverso es un sistema más justo y representativo.
En el ámbito científico y tecnológico, los ejemplos abundan y refuerzan la tesis de que la juventud preparada puede asumir responsabilidades de alto nivel. En España, Marta Campo asumió a los 27 años el cargo de jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Medina del Campo, siendo un claro ejemplo de que la edad no define la capacidad de liderazgo en cargos judiciales. En América Latina, Silvana Uribe López, a los 31 años, se convirtió en la magistrada más joven del Consejo Superior de la Judicatura de Cali, demostrando que el talento y la preparación pueden abrir puertas a edades tempranas.
En México, Cynthia Ortiz Monroy, de 27 años, ha sido una de las aspirantes más jóvenes a un cargo en la Suprema Corte, argumentando que “la edad no define; la trayectoria y el conocimiento sí”. Este tipo de perfiles aportan no solo nuevas ideas, sino también una mayor empatía con los sectores vulnerables de la población, alineándose con los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, que promueve instituciones inclusivas, representativas y participativas.
En el ámbito científico, Jack Andraka, a los 15 años, desarrolló un innovador método para la detección temprana del cáncer de páncreas, lo que lo convirtió en un referente global en la investigación biomédica. A nivel judicial, jóvenes jueces en Estados Unidos y Europa han impulsado reformas clave en derechos civiles y justicia social, demostrando que la edad no es un impedimento para asumir responsabilidades significativas.
El 1 de junio, México no solo elegirá nombres; elegirá perfiles con la capacidad de transformar el sistema judicial, fortalecer su legitimidad y aportar nuevas perspectivas en la impartición de justicia. Apostar por la juventud preparada no es un riesgo, es una inversión estratégica para construir un sistema judicial más cercano, eficiente y justo para todas y todos. Si México logra integrar a estos jóvenes líderes en la Suprema Corte, podría convertirse en un ejemplo regional de cómo la renovación generacional puede impactar positivamente la justicia y, en consecuencia, la percepción social de la misma.