“La seguridad del poder se basa en la inseguridad de los ciudadanos”.
Leonardo Sciascia
Para ser un simple amigo, a Amílcar Olán le están atribuyendo demasiadas obligaciones. Saber de medicamentos, de balasto, de combustibles, de apuestas; prosperar en varios ramos y, llegado el escándalo, explicar él solo cómo funcionaba un gobierno. Casi dan ganas de preguntarse para qué, entonces, hay funcionarios.
Dicho de otro modo: si bastaba decir “vengo de parte de Amílcar” para doblegar funcionarios, lo que se describe es la podredumbre del gobierno del “admirable” AMLO. Qué conveniente: los periodistas fabrican al monstruo, el expresidente conserva la aureola. Hasta la rendición de cuentas termina trabajando de publirrelacionista…
Sigamos.
Lo de “incómodo” vino después. Mientras los negocios encontraban acomodo, nadie parecía sufrir por sus amistades. En los noventa, llamar a Raúl Salinas el “hermano incómodo” ayudaba a confinar la sospecha a una rama del árbol familiar. Tres décadas después, el amigo de los hijos de López Obrador ofrece una comodidad adicional: ni siquiera hace falta podar la familia. Bastaría con declarar que el muchacho salió ambicioso.
Yo empezaría por desconfiar de ese reparto. Un empresario puede presumir cercanía con el poder; para conseguir contratos y permisos necesita que alguien, del otro lado del escritorio, haga algo más que escuchar sus presunciones. Y en las investigaciones sobre Olán hay funcionarios cuya participación resulta bastante menos ornamental que la palabra “amigo”.
Manuel Marcué, por ejemplo. Colaborador de Adán Augusto López en Tabasco, desde Salud estatal había adjudicado más de 214 millones de pesos a Romedic, de Olán. Después, como director de Juegos y Sorteos, autorizó en junio de 2023 las apuestas por internet a Superjuegos Robin y Luxury de México. El reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad del 13 de octubre encuentra al contador y al abuelo del empresario en esas estructuras, si bien no pudo precisar cuándo ingresaron a Luxury. Cambiaron las necesidades del negocio y cambió la oficina del funcionario. La relación merece estudiarse por esa admirable capacidad de adaptación...
Ahí es donde debiera empezar a interesarnos realmente la diversificación de Olán. Saber vender medicamentos no enseña a operar apuestas. Conocer a quienes deciden puede servir para ambas cosas. Mi hipótesis es que estamos mirando demasiado al empresario y demasiado poco al intermediario: alguien cuyo principal valor podría consistir en reunir a quien necesita una autorización con quien puede concederla. Bajo esa lógica, la especialidad importa menos que la agenda. Y la agenda, desde luego, no se exhibe en la muñeca.
Por eso el Rolex de Suiza me parece casi una distracción piadosa. Permite indignarse con el lujo sin molestar a quienes pudieron hacerlo posible. Mucho más reveladora es la juventud de Portacelis Gas and Oil: MCCI documentó que obtuvo permiso para importar diésel el 27 de septiembre de 2024, con apenas 52 días de existencia, pese a requisitos que exigían antecedentes de importación. Para una empresa tan nueva, el gobierno tuvo una confianza que rara vez concede al ciudadano que llega con todos sus papeles en orden.
Su administrador era Juan Carlos de la Cruz Murillo, contador y operador de Olán. Después vino el señalamiento del SAT por una presunta omisión de impuestos de 834 millones de pesos, atribuida a la sociedad y que no equivale por sí misma a una responsabilidad personal de Amílcar. Pero antes de discutir quién debe responder, conviene detenerse en la fecha del permiso. Al sexenio de López Obrador le quedaban unos días; a la autorización, toda una vida por delante. Las importaciones comenzaron con el siguiente gobierno. La entrega del poder tuvo ceremonia pública. La de ciertas oportunidades de negocio merece una revisión bastante menos protocolaria.
Vistas así las cosas, la continuidad adquiere un significado que no venía en las boletas. Además de programas y promesas, un gobierno puede heredar negocios ya autorizados. Sheinbaum tendría que averiguar cuánto de lo que hoy opera bajo su administración quedó dispuesto antes de que ella llegara y que, sin embargo, sus equipos ejecutaron. Sobre todo porque los permisos, a diferencia de los amigos, no se vuelven incómodos cuando cambia el presidente: siguen produciendo efectos. Efectos muy lamentables, en el caso de estos.
Dos Bocas permite examinar la otra mitad del mecanismo: cómo se reparte el negocio una vez abierta la puerta. En audios difundidos por Latinus y retomados por Reforma, Olán presumió ventas por 22 mil millones de pesos y reuniones con Leonardo Cornejo, responsable de la construcción de la refinería y hoy funcionario de Rocío Nahle en Veracruz. La cifra es suya; falta cotejarla con contratos y pagos. Nahle niega conocerlo y sostiene que no trabajó en la refinería ni tiene empresas relacionadas con ella. Esa negativa debería facilitar las cosas: publicar proveedores, subcontratistas y beneficiarios finales permitiría establecer hasta dónde llegaba la imaginación del empresario. Es fácil; que nos la quieran hacer difícil es otra cosa.
Porque si Olán inventó semejante volumen de ventas, las facturas ayudarían a desmentirlo. Y si no lo inventó, ayudarían a explicar quién contrató, quién pagó y quién ganó. Lo curioso es la facilidad con que se nos pide aceptar que alguien lo suficientemente hábil para prosperar en tantos sectores se vuelve un fabulador precisamente cuando habla de sus relaciones con el gobierno. Para cobrar, empresario. Para explicar cómo cobró, un amigo que hablaba de más. Claro, como me chupo el dedo…
Tampoco la prometida expulsión de los viejos intereses resiste bien estas lecturas. Las investigaciones sobre apuestas y sobre el edificio de lujo de Polanco del que Olán es copropietario conducen al entorno de Víctor Hugo Rosales Angulo, investigado durante el peñismo por su presunta relación con Oceanografía. Eso no transmite delitos por asociación, pero sí estropea el relato de una “regeneración” que habría desalojado a los intermediarios de antes. Algunos parecen haber entendido el morenismo con notable sentido práctico: había que conocer a los nuevos.
Por eso hablo de una nueva mafia del poder. Los indicios permiten plantear una red de acceso y privilegios que debe investigarse; la amistad, por sí sola, no acredita una organización criminal. La contradicción política ya está a la vista: el movimiento que prometió separar al dinero del gobierno tiene que explicar por qué ciertos allegados aparecen tan bien situados para reunirlos. Y por qué la supuesta limpieza del régimen depende tantas veces de que no preguntemos demasiado por sus empresarios.
Las grabaciones relacionadas con Iván Cazarín, “El Tanque”, llevan esa pregunta a un terreno más grave. Latinus identificó al presunto interlocutor de Olán como su hermano Luis Alberto; en las conversaciones se aludía a ese contacto para frenar extorsiones vinculadas con proveedores de balasto. Faltan la acreditación oficial de las identidades y la comprobación de la intervención descrita. Pero la cuestión que abren es precisa: ¿se buscaba protección frente al crimen o una ventaja para trabajar donde otros tenían que pagar? Un gobierno que promete “seguridad para todos” tendría mucho que explicar si algunos proveedores podían gestionarla mediante contactos particulares.
García Harfuch ha dicho que esas grabaciones forman parte de las investigaciones y el 13 de octubre sostuvo que Olán estaba localizable. Falta saber qué tan localizables resultan las decisiones que favorecieron a su entorno. Seguir únicamente las conversaciones del empresario dejaría fuera una parte esencial de la historia: los expedientes donde alguien convirtió una solicitud privada en una autorización pública.
López Obrador no adquiere responsabilidad penal por las amistades de sus hijos. La responsabilidad política es otra cosa, y él se ocupó de hacerla particularmente exigente. Gobernó como si la honradez de los suyos fuera una garantía que el país debía aceptar sin comprobantes. Ahora resulta que preguntar por los comprobantes es atacar a la familia. ¡Háganme el favor!
La superioridad moral ofrecía una ventaja extraordinaria: exigía confianza ciudadana y pretendía ahorrarse la rendición de cuentas. Así.
Ese privilegio es el que se juega alrededor de Olán. Si todo se reduce a que un amigo abusó de la cercanía, los funcionarios quedan convertidos en espectadores de decisiones que llevaban sus firmas. El empresario habría encontrado contratos, permisos y contactos casi por generación espontánea, mientras el gobierno se limitaba a ser engañado. Tanta inocencia empieza a parecer una forma bastante elaborada de administración.
Volvamos, entonces, al adjetivo. Incómodo no era cuando prosperaba; incómodo es ahora que obliga a explicar cómo prosperó. Y quizá por eso convenga tanto presentarlo como un cuerpo extraño. A mí me interesa lo contrario: averiguar cuánto del sistema hace falta conservar a oscuras para que podamos creer que todo fue cosa de un amigo.