El ex presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo diferentes méritos en lo relativo a innovar la concepción en materia de seguridad nacional y combate al crimen transnacional organizado. Lo fundamental fue construir las bases de un nuevo paradigma en la materia, rechazando dos posturas inviables, ambas provenientes desde el aparato teórico-ideológico y cultural del Estado de los Estados Unidos, desde sus gobiernos en turno: la guerra contra las drogas y su correlato lógico-instrumental, la intervención de los cuerpos represivos del Estado dentro de una política pública de criminalización punitiva de la producción, circulación y consumo de estupefacientes prohibidos; y su versión extrema, el Plan Colombia I y II, que anularon las iniciativas de acuerdo con las organizaciones criminales de la producción y comercialización de la cocaína que informalmente se venía trabajando desde las administraciones presidenciales anteriores al acuerdo. Una vía de pacificación -cuestionada, sin duda- cancelada a instancias del poder geopolítico y geo estratégico que emana del norte del continente, desde EUA.
No olvidar que al inició del gobierno que inaugura las administraciones presidenciales de la 4ª transformación y 4ª república, el presidente Donald Trump ofreció al gobierno del presidente AMLO un Plan Colombia para México operado por las fuerzas de élite militares del ejército de EUA, lo cual trascendió informalmente ante las visitas del secretario de relaciones exteriores y del encargado de seguridad del gobierno, antes habían hecho un ofrecimiento igual al gobierno de Enrique Peña Nieto, quien tampoco aceptó la oferta.
El gobierno del presidente AMLO planteó como eje estratégico y transversal de sus políticas públicas, el paradigma del Estado de bienestar, ante el paradigma del Estado neoliberal, al que fue inherente la política punitiva con un enfoque predominante de carácter jurídico-penal ante la emergencia expansiva del crimen transnacional organizado que arrebató la seguridad de los mexicanos, y encontró en la corrupción institucionalizada, la falta de justicia y el desarrollo de las subestructuras de complicidad criminal desde el Estado y muchas empresas privadas, el mejor soporte de la dilatación de redes de criminalidad e impunidad.
La nueva formulación planteó que la seguridad era una pieza central en la expansión del bienestar, de manera que había que ir a las raíces de la pobreza y la desigualdad social profundizada durante la etapa de los gobiernos neoliberales, devolviendo así al compromiso social del Estado sus impulsos y políticas sociales fundamentales. Ello complementado con la nueva política de ingresos para los sectores populares, el empleo, los programas sociales, los programas productivos, las grandes obras de infraestructura, la seguridad alimentaria en los principales productos de la dieta nacional, el rescate de PEMEX y la CFE, completar la negociación exitosa del nuevo tratado subregional de comercio e inversión, la ampliación de la cobertura de salud a población abierta, y el cambio en la política educativa, empezando por los programas e estudio, la creación de una nueva fuerza armada del Estado, y una policía exterior soberanista y de autodeterminación política, sin la cual, el cambio de paradigma en materia de seguridad y combate al crimen transnacional hubiera sido casi imposible de concretar. Todo un cambio programático para sustentar un nuevo proyecto de nación, como se viene diciendo desde hacer décadas.
Todas las anteriores líneas programáticas de gobierno, conformaban el sustento de nuevo paradigma, todo ello debía confluir en la transformación del entorno nacional que replanteara las bases de la política de seguridad y de política criminal. La mejor política criminal -dicen connotados criminalistas- es una excelente política social. Las resistencias políticas e ideológico-sociales para abandonar el viejo paradigma importado desde los gobiernos de EUA, fue muy grande, porque además posibilitaba grandes negocios muy rentables que se disfrazaban de lucha política en materia de conceptualización de la lucha por reconquistar la seguridad a la que le llamaban teóricamente en su mejor formulación “seguridad multidimensional”. De ello se derivó en algunos mandatarios latinoamericanos una propuesta de cambio de paradigma que fue “la legalización de las drogas”, parcialmente concretado en algunos países, incluyendo EUA. No pudo consolidarse y se estancó. En Europa se mutó a un enfoque preventivo, con todo el peso de la política social y cultural, porque son sociedades con muy altos niveles de consumo. No es el caso mexicano.
Aunque es un patrón identificado que un cambio de paradigma en sus inicios trae consigo un periodo de confusión, resistencia y rechazo, porque constituye una nueva racionalidad sobre la problemática en común. Este nuevo paradigma aún no se ha consolidado, está dentro de ese proceso hasta alcanzar un nuevo consenso entre los especialistas en las materias, llamada “masa crítica”. Es una de las tareas fundamentales de la construcción del “segundo piso” de la 4T-4R bajo la dirección y conducción de la Dra. Claudia Sheinbaum. Entre tanto, la lucha continuará, en lo cual equívocamente, se abrió, no una discusión científica-intelectual, sino, una lucha política e ideológica en la materia, lo que ha pervertido la opción de un nuevo consenso, y es una de las cusas de los resultados menores a los necesarios. Se politizó e ideologizó lo que debió ser una discusión seria y conceptual. Los máximos exponentes del anterior paradigma punitivo-represivo -aunque el mismo viene desde los gobiernos del PRI y fue asumido por los regímenes de la “alternancia política” del PAN- fue la dupla criminal Calderón-García Luna.
El nuevo paradigma implantado y en vías de consolidación en el actual gobierno, ha iniciado un proceso de ajuste dentro de la misma concepción para dotarlo de un mayor número de medios e instrumentos (faltan las iniciativas de cambios legales), se ha iniciado con una política de reestructuración de la inteligencia de Estado para conformar un Sistema Nacional de Inteligencia (SIN), un predominio del gabinete de seguridad nacional que se atribuye la facultad de aprobar o no a los secretarios de seguridad publica de los Estados, y éstos a su vez, a los secretarios de seguridad pública municipales. Entendamos bien lo siguiente: no se está afectando la facultad legal del nombramiento de funcionarios públicos en seguridad que corresponde a gobernadores y presidentes municipales, sino que se inaugura una etapa de validación y legitimación para evitar la penetración de estas instancias por parte de las estructuras criminales, revisando toda la trayectoria de los designados en las instancias de inteligencia federales, militares, policiales y civiles.
Se presentó ya un programa de seguridad de los primeros 100 días, con notables ajustes y adiciones, lo más relevante es la selección de las diez ciudades con mayor incidencia delictiva para ser atacadas de inmediato mediante la conformación de 10 fuerzas de tarea que recogerán la información de inteligencia más trascedente y efectuarán tareas tácticas para preparar el terreno a las fuerzas concentradas del orden federal. Habrá una reacción criminal como es lógico y natural.
Pero, especialmente, lo más importante: los operativos armados de las fuerzas federales anteriores, salvo que fueran por la captura de objetivos predeterminados -como el caso de Ovidio Guzmán y otros-, tenían dos características centrales: una fuerza militar y de la guardia nacional varias veces superior a las posibles fuerzas criminales, con fines disuasivos, y para proteger a la población en las coyunturas de violencia y enfrentamientos criminales recrudecidas. Hoy se ha operado un cambio táctico relevante, se ha pasado a adoptar una postura de disposición ofensiva, y a la realización selectiva de operativos de corte ofensivo, como en Culiacán, Sinaloa y en Tepito, en donde hacía varios años que no se presentaban las fuerzas federales, claro, con concentraciones de fuerza que inhiben la resistencia a ellas.
De allí entonces, que la cobertura de la nueva política de seguridad mediante la política social tiene que mejorar su eficiencia respecto al gobierno anterior, y ser mucho más evidente, precisa y efectiva en la correlación, entre la política social, la de justicia criminal, la política de seguridad (incluyendo la de inteligencia) y combate al crimen organizado, así como, la lucha por erradicar la corrupción, que en las altas esferas hoy de las instituciones del Estado, está orgánicamente ligada a las subestructuras de complicidad criminal y de impunidad, en los gobiernos, las empresas privadas, el poder legislativo y el judicial, los ministerios públicos y otras organizaciones como partidos políticos y sociales.
De forma tal, que ha cambiado el énfasis en la política de combate al crimen transnacional asentado en territorio nacional y el gobierno con sus fuerzas federales y los responsables de las mismas, hoy están a la ofensiva. Un cambio relevante. Lo más trascedente está por suceder en Sinaloa, Tecpan de Galeana, Guerrero, y Chiapas, así como las diez ciudades de mayor incidencia delictiva, especialmente en materia de crímenes dolosos del fuero federal: ejecuciones y crímenes inter criminales y contra grupos sociales indefensos que deben huir para salvaguardar la vida, como en Chipas y Guerrero. Las fuerzas federales también han sido atacadas en su despliegue y responden con todo lo que tienen, serán inevitables las bajas colaterales, muy pocas, pero habrá, lamentablemente. No son tiempos de paz.
Hay una guerra asimétrica en donde, las balas van y vienen entre las fuerzas federales y las del crimen transnacional. Han empezado las complicaciones naturales en estos escenarios de combate. La presidenta ya ordenó la primera investigación ante un posible exceso en el uso de la fuerza. De cualquier accidente harán escándalos mediáticos y atacarán a las fuerzas federales que exponen la vida por restablecer el orden constitucional y abatir la criminalidad, la consigna desde presidencia es respeto irrestricto a los derechos humanos, pero en las operaciones militares son casi inevitables “los accidentes” involuntarios. Confiemos en la preparación y experiencia de nuestras fuerzas armadas. El respeto a los derechos humanos es un tema en lo que se ha trabajado mucho antes y en el último sexenio. Son militares patriotas. Habrá buenos resultados; la mejor perspectiva, es que sean al menor costo posible.