“Las instituciones no fallan cuando se corrompen; fallan cuando seleccionan a quién se le aplica la norma”.
Douglass North
“Una nación se revela no en cómo premia la lealtad, sino en cómo procesa la incomodidad”.
Albert O. Hirschman
Hay algo más preocupante que la violencia, más corrosivo que la impunidad y más peligroso que la expansión territorial del crimen organizado: la normalización de un Estado que decide, de manera selectiva, hasta quirúrgica, cuándo la ley se aplica y cuándo se suspende. No se trata de ausencia de reglas, sino de su uso estratégico; no es caos, sino una forma sofisticada de administrar un “orden” desde la conveniencia política. Eso —estoy convencida— es lo que ha aplicado con la reacción del oficialismo frente a lo ocurrido en Chihuahua.
Porque en Chihuahua, bajo el gobierno de Maru Campos, se ejecutó un operativo que no admite matices narrativos: se desarticuló un narcolaboratorio de gran escala con participación de fuerzas mexicanas y cooperación internacional (¿con elementos en la ilegalidad?, eso está por determinarse), es decir, se intervino directamente en la cadena productiva del crimen organizado, en uno de los eslabones que más valor generan para las estructuras criminales contemporáneas. No estamos hablando de detenciones simbólicas ni de aseguramientos menores para alimentar conferencias de prensa, sino de afectar capacidad operativa real, de hacer en los hechos lo que durante años se ha prometido en el discurso.
Ahora bien, el desenlace es trágico y obliga a la seriedad: la muerte (¿asesinato?) de agentes estadounidenses en circunstancias que deben investigarse con rigor, sin concesiones ni atajos. Ese hecho, por sí mismo, exigiría una respuesta institucional compleja, donde se combine esa cooperación internacional que hubo con la rendición de cuentas interna, donde se esclarezcan responsabilidades sin desviar la atención de lo esencial.
Sin embargo, lo que vino después no fue eso. El foco no se colocó en las redes criminales desmanteladas ni en las posibles fallas operativas que derivaron en el desenlace fatal, ni en las condiciones estructurales que permiten que infraestructuras de esa magnitud proliferen –porque sí proliferan a sus anchas— dentro del país. El eje del debate se desplazó, con una rapidez reveladora, hacia la gobernadora: hacia su actuación, hacia la posible violación de la soberanía nacional que dicho operativo implicaría, hacia la posibilidad de citarla, cuestionarla e incluso abrir la puerta a un juicio político. El combate al crimen dejó de ser mérito para convertirse en reclamo.
Pero miren ustedes, ese giro no es anecdótico; es la señal de un patrón. ¿Por qué? Pues bien, debido a que mientras en Chihuahua se activa el aparato político para revisar —con una severidad llamativa— a quien encabezó un golpe concreto contra el narco, en Tabasco ocurre exactamente lo contrario. Durante el gobierno de Adán Augusto López, hoy senador y figura central del oficialismo, se designó a un responsable de la Secretaría de Seguridad estatal que posteriormente ha sido vinculado y DETENIDO por su relación con la organización criminal conocida como “La Barredora”. No se trata de un error administrativo menor ni de una falla técnica: se trata de la seguridad de que el crimen organizado tuvo acceso directo a la estructura institucional local encargada de combatirlo.
La gravedad de ese hecho debería haber detonado, en cualquier sistema mínimamente coherente, investigaciones inmediatas, comparecencias públicas y una presión política sostenida para deslindar responsabilidades. Habría exigido, desde el poder mismo, la renuncia de López Hernández. Sin embargo, lo que hemos visto es otra cosa: silencio, contención y una notable ausencia de urgencia institucional. No hay prisa por llamar a cuentas al exgobernador, no hay narrativa de indignación ni despliegue legislativo, no hay voluntad de incomodar a quien forma parte del círculo íntimo de López Obrador.
La comparación no solo es inevitable; es estructural, porque revela una lógica que ya no se oculta: la ley no desaparece, pero cambia de destinatario. Se vuelve más severa con quien incomoda y más indulgente con quien pertenece.
Y ahí es donde la discusión deja de ser coyuntural para volverse sistémica. Lo que estamos viendo no es una contradicción aislada, sino la consolidación de un modelo donde la justicia opera como herramienta política, donde las instituciones dejan de guiarse por criterios de legalidad uniforme y comienzan a responder a cálculos de conveniencia, donde la pertenencia al bloque de poder redefine —hacia abajo— el umbral de exigencia y la oposición no solo compite electoralmente, sino que enfrenta un entorno de fiscalización y persecución asimétrica.
En ese contexto, las declaraciones desde el Ejecutivo no son neutras. Lo más alejado de ello. Claudia Sheinbaum adopta su modo “seguimos siendo la oposición, la resistencia” y ha enfatizado cuestionamientos sobre la presencia de agencias estadounidenses en el operativo, desplazando la discusión hacia la dimensión internacional del caso. El asunto, uno muy grave, es que ese énfasis no ordena el debate: lo distorsiona, porque traslada la atención del crimen hacia la cooperación, como si esta última fuera la anomalía y no la existencia de estructuras criminales operando con tal nivel de sofisticación y de penetración.
México no descubrió ayer la cooperación internacional (ni la legal ni la ilegal) en materia de seguridad. Ha sido parte de su arquitectura institucional durante años, con marcos, acuerdos y mecanismos de supervisión, precisamente porque el crimen organizado tampoco opera en compartimentos nacionales. Fingir sorpresa o indignación selectiva frente a ello no solo es inexacto; es políticamente funcional para cambiar el eje de la conversación y evitar la pregunta de fondo: por qué, a pesar de todo ese andamiaje, el crimen sigue teniendo la capacidad de infiltrarse, operar y, en algunos casos, condicionar al propio Estado. ¿Ya estamos en el punto de poder comprobar la complicidad de Regeneración Nacional con el narcotráfico?
Y ahí aparece la otra capa del problema, más profunda y más inquietante. Si, como se ha sugerido, hubo descoordinación entre distintos niveles del Estado en ese operativo —fuerzas armadas (la Sedena en concreto), autoridades locales, instancias de inteligencia, agencias internacionales—, entonces no solo estamos frente a una disputa política, sino frente a un síntoma de fragmentación institucional. Un escenario en el que las piezas del Estado operan, pero no necesariamente bajo una lógica plenamente articulada, lo que abre espacios de opacidad, de responsabilidad difusa y, en el peor de los casos, de decisiones que nadie asume por completo.
Eso es mucho más grave que cualquier diferendo discursivo, porque un gobierno federal que no logra coordinar a sus propias instituciones difícilmente puede sostener una estrategia efectiva contra organizaciones que sí operan con disciplina, jerarquía y claridad de propósito.
En ese escenario, la señal que se envía a los gobiernos locales de oposición es tan sutil como devastadora: combatir al crimen organizado de manera efectiva no solo implica riesgos operativos, sino también riesgos políticos. Implica exponerse no solo a la reacción del crimen, sino a la incomodidad del sistema de la 4T, y cuando eso ocurre, los incentivos se distorsionan de manera peligrosa.
Se vuelve más seguro administrar el problema que enfrentarlo, más rentable políticamente no sobresalir, más prudente mirar hacia otro lado que intervenir de manera decisiva. El costo de hacer lo correcto empieza a superar al costo de no hacer nada, absolutamente nada, como se hace en las entidades gobernadas por Morena, y ese es el punto exacto en el que se muestra que un país ha dejado de estar en conflicto con el crimen organizado y, silenciosamente, se ha adaptado ya a él.
Chihuahua y Tabasco no son polos opuestos por casualidad; son el reflejo de un sistema que ha decidido que la ley no es un principio, sino una herramienta. Una herramienta que se activa con rigor frente a los adversarios y se guarda con discreción frente a los propios, que no elimina las reglas pero sí decide a quién se le aplican con todo el peso y a quién se le administran con prudente indulgencia.
No es que México sea un país sin reglas. Es, cada vez más, un país donde las reglas —que son muchas, vastas y detalladas— tienen dueño, y donde esa propiedad —más que cualquier discurso— define quién es investigado, quién es protegido y, en última instancia, quién puede darse el lujo de SOLAPAR al crimen… sin convertirse, por ello, en el siguiente objetivo político.