“Es difícil conseguir que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda”.
Upton Sinclair, I, Candidate for Governor: And How I Got Licked
A los niños les pedimos que no hablen con extraños. A los adultos nos cuesta aceptar que el peligro puede tener premios, prestigio y una carrera admirable. El desconocido nos alarma. Al hombre reconocido le concedemos explicaciones. A veces, hasta que ya resulta obsceno seguir concediéndoselas.
El 6 de noviembre, el FBI detuvo en Florida a Thomas Wayne Markle, padre de Meghan, duquesa de Sussex. La fiscalía federal lo acusa de poseer material de abuso sexual infantil localizado en dos bodegas del área de Los Ángeles. Según la denuncia, algunas imágenes lo mostrarían con niñas. Si es declarado culpable, enfrenta hasta veinte años de prisión. Está sujeto a arresto domiciliario y vigilancia electrónica. La acusación sigue pendiente de juicio.
Su parentesco no impidió la detención. Así debe funcionar una fiscalía: reunir pruebas, solicitar órdenes judiciales y ejecutarlas. El apellido puede explicar el tamaño de la noticia. No debe decidir el tamaño de la investigación. Tampoco los premios de televisión sirven como certificados de conducta.
Conviene, sin embargo, evitar la postal cómoda: Estados Unidos persigue; México se cruza de brazos. En este mismo asunto también hubo un cateo en Baja California, confirmado por la fiscalía estatal. Una detención tampoco vuelve ejemplar a todo un sistema. La comparación útil exige más: ¿pueden nuestras instituciones investigar a una persona influyente sin pedirle permiso a su entorno?
Porque la pusilanimidad frente al poderoso tiene beneficiarios. Un productor sostiene contratos. Un entrenador trae medallas. Un sacerdote reúne feligreses. Un maestro prestigia al colegio. Quienes dependen de ellos pueden tener razones para desear que la denuncia sea falsa. El desastre empieza cuando ese deseo organiza la respuesta.
Ahí está el mecanismo: investigar amenaza ingresos, amistades, carreras y nombres ilustres. Desacreditar a quien denuncia permite conservarlos. La protección del acusado puede surgir de muchas pequeñas conveniencias. Nadie necesita reunir a los cómplices en una mesa. Basta con que cada uno cuide su pedacito del negocio.
Las psicólogas Carly Parnitzke Smith y Jennifer Freyd han estudiado la traición institucional: el daño que causa una institución cuando falla en proteger a quienes dependen de ella. Su investigación con universitarias encontró una asociación entre esa traición y mayores síntomas de trauma. No basta con preguntar qué hizo el agresor. Hay que examinar qué hicieron quienes debían impedirlo o responder.
Aplicado a nuestro entorno, el concepto incomoda. Obliga a mirar al representante que administra el escándalo, al colegio que teme perder matrículas, al medio que protege a su figura y a la autoridad que deja dormir el expediente. Sus responsabilidades son distintas. Sus decisiones pueden terminar imponiéndole a la víctima la misma orden: cállate.
El prestigio resulta especialmente útil para ese silenciamiento. “Siempre fue generoso conmigo”. “Ha ayudado a tanta gente”. “Yo lo conozco desde hace años”. Qué extraordinaria confianza en la propia experiencia: como a mí no me agredió, nadie más tiene derecho a haber sido agredido. El admirador se ofrece como testigo de hechos que nunca presenció.
También urge corregir el lenguaje. Interpol recomienda hablar de material de abuso sexual infantil. Decir “pornografía” puede disimular la violencia que produjo esas imágenes. Hay una víctima detrás del archivo. Su circulación prolonga la exposición de su abuso. La pantalla pone distancia para quien mira; no devuelve intimidad a quien fue violentado.
Por eso, subir penas y anunciar operativos deja intacta buena parte del problema si denunciar sigue costando una carrera, el sustento o la pertenencia a una familia. La impunidad también se prepara antes de que exista un expediente. Se prepara cuando todos entienden cuánto perderá quien se atreva a abrirlo.
En febrero de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte sostuvo que los delitos sexuales contra menores deben considerarse imprescriptibles. Reconoció algo elemental: comprender y revelar el abuso puede tomar años. Ahora hace falta que ese tiempo reconocido a las víctimas no se convierta en otra eternidad concedida a las fiscalías.
Yo exigiría investigar el hecho y examinar su entorno: quién recibió advertencias, qué hizo con ellas, quién conservó pruebas y quién tomó represalias. Con consecuencias según las obligaciones y la conducta de cada cual. Una institución que entrega a su figura cuando el escándalo ya es incontenible todavía debe explicar por qué esperó tanto.
Sin compasión para el prestigio usado como coartada. Con pruebas para acusar y garantías para juzgar. La fama debe perder su utilidad como escondite. Mientras revelar un abuso resulte más peligroso para quien lo sufrió que para quienes lo encubrieron, seguiremos pidiendo valentía a los niños para ahorrárnosla los adultos.