“Retrasar un pago es una manera de negarlo”.
Jean de La Bruyère
“La diferencia entre un acreedor y un contribuyente es que al segundo el gobierno le cobra puntualmente; al primero le pide paciencia”.
Reflexión propia
Hay impuestos que pasan por el Congreso. Otros aparecen en la Ley de Ingresos. Y luego existe uno que nadie votó, nadie anunció como “nuevo impuesto” y, sin embargo, ahí está. Miles y miles de empresas mexicanas llevan meses pagando.
Se llama financiar al gobierno.
Sin consentimiento. Sin intereses. Y, sobre todo, sin fecha cierta de que el gobierno les pague de vuelta.
Cuando una empresa deja de cumplir con el SAT, la maquinaria del Estado actúa con precisión admirable. Llegan requerimientos, multas, actualizaciones, recargos. En casos extremos, incluso puede perder sus certificados de sello digital y quedar prácticamente imposibilitada para facturar. Y la autoridad los chantajea y extorsiona con eso.
Pero cuando el gobierno incumple sus obligaciones, el reloj deja de correr. Entonces aparecen las “validaciones administrativas”, las “revisiones presupuestales”, las “adecuaciones financieras” y las “gestiones internas”. Cambian las palabras, pero el resultado es el mismo: no hay pago a las empresas proveedoras.
El caso que volvió a exhibir el problema esta semana fue Pemex. La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (AMESPAC) denunció que la petrolera mantiene adeudos superiores a 27 mil millones de pesos con buena parte de sus asociados por trabajos realizados desde 2024, además de denunciar “graves irregularidades” en los procesos de pago. Lo más revelador no es el monto, sino el tiempo: dos años después —¡dos años!— buena parte de esas obligaciones siguen sin regularizarse.
Sin embargo, reducir el problema a Pemex sería un error. Pemex es apenas el caso más visible.
La propia AMESPAC venía advirtiendo desde el año pasado que la falta de liquidez estaba poniendo en riesgo operaciones de perforación, exploración y mantenimiento. En distintos momentos habló de trabajos ejecutados que ni siquiera podían ingresar al sistema de facturación (COPADE), de proveedores obligados a financiar actividades durante más de doce meses y de una deuda comercial que se contaba por cientos de miles de millones de pesos.
Eso significa algo muy simple. El Estado dejó de ser únicamente un cliente. Se convirtió en un deudor. Y cuando el deudor más grande del país deja de pagar a tiempo, toda la economía comienza a absorber el costo.
Porque una empresa no vive de sus utilidades. Vive de su flujo de efectivo. Mientras espera que el gobierno liquide una factura, sigue pagando nómina, IMSS, ISR, IVA, renta, electricidad, proveedores, combustible, créditos bancarios y aguinaldos. El dinero retenido por el Estado no desaparece: simplemente obliga a que alguien más financie esa espera.
No es casualidad que las alertas provengan de sectores intensivos en capital. En la industria petrolera participan compañías nacionales e internacionales cuyos estados financieros deben reflejar esas cuentas por cobrar conforme a estándares bursátiles internacionales. Lo que para el gobierno es un trámite administrativo, para esas empresas se convierte en un deterioro financiero que debe reportarse ante inversionistas y reguladores.
Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Cuántas empresas a las que el gobierno les adeuda, callan?
No pocas organizaciones empresariales reconocen en privado que el retraso en pagos públicos se ha vuelto una conversación habitual. Pero pocas están dispuestas a denunciar abiertamente. Es comprensible. Cuando tu principal cliente también concentra enormes facultades regulatorias, fiscales y administrativas, el incentivo no es confrontarlo, sino esperar.
Esperar otro mes. Y luego otro.
Lo preocupante es que esa espera comienza a normalizarse. Que el mercado empiece a asumir que venderle al gobierno implica financiarlo. Que el riesgo deje de ser si pagará, para convertirse en cuándo pagará.
Esa normalización tiene un costo enorme, aunque no aparezca en las conferencias mañaneras. Menos inversión. Menos contratación. Menos liquidez. Más créditos bancarios para cubrir obligaciones que debieron solventarse con recursos públicos.
Paradójicamente, el mismo gobierno que exige disciplina fiscal absoluta parece considerar opcional su propia disciplina financiera.
La asimetría es difícil de defender. El ciudadano debe cumplir puntualmente con el Estado. El Estado, en cambio, puede incumplir con el ciudadano sin enfrentar consecuencias equivalentes.
Eso ya no es solamente un problema administrativo. Es un problema institucional.
Lo que son las cosas: durante décadas se decía que venderle al gobierno era una garantía de estabilidad. Así como lo leen.
Hoy empieza a convertirse en una advertencia. Porque cuando el cliente más grande del país deja de ser también el más confiable, el daño trasciende una factura impaga: erosiona la confianza, encarece hacer negocios con el sector público y obliga a miles de empresas a convertirse en financiadoras involuntarias del Estado.
Hay un agravante del que se habla poco. Hoy, miles de contribuyentes emiten facturas porque así lo exige la operación de sus negocios, pero eso no significa que hayan cobrado. Sin embargo, esos comprobantes alimentan los pagos provisionales y, posteriormente, la declaración anual. En la práctica, el Estado comienza a exigir ISR sobre recursos que todavía no han llegado a la cuenta bancaria del contribuyente. El SAT incluso precarga la declaración anual con la información proveniente de los pagos provisionales, de modo que cualquier corrección obliga a modificar previamente esas declaraciones.
El resultado es perverso. La empresa o el profesionista financia al cliente que no le paga, financia al gobierno que sí le cobra y, mientras tanto, debe seguir pagando nómina, proveedores y gastos de operación. Es una especie de tributación por anticipado sobre riqueza aún no consolidada. El dinero existe para el fisco desde el momento en que aparece en un CFDI, aunque siga sin existir para quien lo generó. En términos financieros, el contribuyente termina soportando una triple carga: presta al cliente moroso, adelanta impuestos al Estado y absorbe el costo de financiar su propia operación mientras espera un pago que quizá tarde meses en llegar.
Quizá ésta sea la reforma fiscal más ingeniosa del régimen. Aparentemente no aumentó impuestos. No creó nuevas contribuciones. Hizo algo más eficaz. Descubrió que también se puede obtener financiamiento… simplemente dejando de pagar.